CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La Fiscalía General de Guatemala pidió el miércoles que se les retire la inmunidad a tres jueces del Tribunal Supremo Electoral por la inscripción supuestamente irregular de un candidato en una nueva arremetida contra ese tribunal, mientras se esperan los resultados oficiales de la segunda ronda presidencial.

La solicitud de retiro de inmunidad es para la magistrada Irma Palencia, el juez Mynor Custodio Franco Flores y el suplente Álvaro Ricardo Cordón Paredes por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la constitución por permitir la postulación a diputado de Manuel Antonio Baldizón Méndez, que finalmente fue cancelada. Baldizón nunca participó en las elecciones.

Se trata de un nuevo episodio de persecución judicial del Ministerio Público, dirigido por la fiscal Consuelo Porras, contra el ente electoral luego del balotaje que consagró al progresista Bernardo Arévalo, quien ha prometido combatir la corrupción y sanear instituciones como la Fiscalía General. Porras fue sancionada por el gobierno estadunidense por bloquear la lucha contra la corrupción y socavar la democracia.

El Poder Judicial ha emprendido varias acciones legales contra los involucrados en el proceso electoral. El martes otra fiscalía pidió el levantamiento de la inmunidad de Ramiro Muñoz, registrador de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por haber permitido la inscripción del partido Prosperidad Ciudadana que luego fue descalificado para continuar en la contienda.

Muñoz se negó a acatar una orden de un juez que suspendía la personalidad jurídica del partido porque, alegó, la ley electoral tiene rango constitucional y sostiene que ninguna fuerza política puede ser suspendida en medio de un proceso electoral.

Baldizón Méndez fue condenado en Estados Unidos por lavado de dinero del narcotráfico para su campaña presidencial en 2019 y deportado a Guatemala tras cumplir su condena. También está acusado de estar ligado a los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht a cambio de obtener contratos para hacer obras públicas en Guatemala.

La misión de observación electoral de la Unión Europea lamentó "el acoso al que sigue estando sometido el Tribunal Supremo Electoral y su personal por parte del Ministerio Público", dijo.

El miércoles las Juntas Electorales Departamentales aún realizaban audiencias de revisión de votos solicitadas por la Unidad Nacional de la Esperanza, el partido que perdió la contienda frente a Arévalo.

El martes la fiscalía continuó con la judicialización del proceso electoral solicitando al TSE el nombre, cargo y ubicación de más de 120 mil personas que participaron en el conteo, de los coordinadores de los centros de votación y de los digitadores que se hicieron cargo de registrar en un sistema de cómputo las actas que contenían los votos y que dieron el resultado de las elecciones.

Juan Guerrero Guarnica, fiscal del Movimiento Semilla que postuló a Arévalo, dijo que se han llevado a cabo varias revisiones de las 23 juntas electorales y que las mismas no han reportado cambios significativos en los resultados.

Aparicio López es un estudiante universitario de 22 años que presidió una mesa de recepción de votos —de las más de 24 mil— en el país en la segunda vuelta y cuenta que en su mesa en el municipio de Coatepeque, en el departamento de Quetzaltenango al oriente del país, no hubo problemas y su mesa no fue impugnada por ninguno de los dos partidos en la contienda.

"Creo que al igual que yo las más de 120 mil personas que participaron sienten frustración porque fueron genuinamente a ayudar porque es un compromiso con el país; claro que hay miedo porque no sabemos que hará la fiscalía", dice sobre las acciones del Ministerio Público para identificar a todos los receptores de votos.

Diana García, de 22 años, estuvo a cargo de la coordinación del centro de votación en el departamento de Totonicapán, al occidente del país, y asumió el resguardo de cinco mesas de votación. Su función era que las elecciones transcurrieran sin novedad.

"Fue la primera vez que voté, me motivó pensar que era mi deber cívico, también ayudar a que todo estuviera bien", dijo la joven sobre su participación en el proceso.

"Fue un orgullo participar y ahora es una falta de respeto lo que está haciendo la fiscalía, sobre todo al esfuerzo que hizo la gente", dijo al recordar que fueron, en algunos casos, 24 horas de trabajo continuo para resguardar la decisión de la población.