PANAMÁ (AP) — Una jueza condenó al expresidente panameño Ricardo Martinelli a más de 10 años de prisión por un caso de blanqueo de capitales, en un fallo que podría complicar sus aspiraciones de buscar un segundo mandato en las elecciones generales del próximo año.

Al exgobernante de 71 años también se le impuso una multa de 19 millones de dólares en el llamado caso "New Bussiness", relacionado con la compra de una editorial de periódicos en 2010. Martinelli gobernó el país centroamericano entre 2009-2014.

Los abogados de Martinelli anunciaron que apelarán el fallo de primera instancia, divulgado el martes por el Órgano Judicial y que fue considerado histórico por tratarse del primer expresidente panameño condenado por la justicia, en uno de los llamados casos de alto perfil que se ventilan en los últimos años en el país canalero y viejo socio de Estados Unidos.

Como es un fallo de primera instancia y será objeto de apelaciones, Martinelli puede seguir de momento en su campaña con miras a disputar la presidencia en mayo del 2024, según la ley. Pero de darse una sentencia en firme, el exlíder populista que lideró un periodo de construcción de grandes obras en Panamá, como la primera línea del Metro capitalino, vería frustrado su intento de regresar al poder.

Aunque el fallo no explicita un periodo de inhabilitación para el ejercicio de cargo público en el caso de Martinelli, la sentencia impone una pena de cárcel de 128 meses, es decir, de 10 años y ocho meses.

Los fiscales del caso expusieron durante el juicio que en la compra de la Editora Panamá América S.A. el presidente Martinelli captó recursos de empresarios y ejerció presión en varios contratistas del Estado para que aportaran a dicha adquisión un 10% del costo de obras que les fueron adjudicadas durante su gobierno.

La operación de adquisición se dio mediante un complejo esquema en el que intervinieron personas jurídicas y naturales que hicieron transacciones nacionales e internacionales logrando recolectar 43.9 millones de dólares en una cuenta bancaria perteneciente a la sociedad New Business Services Limited en un banco offshore, en 2010. La acusación sostiene que Martinelli está detrás de la titularidad de esa firma.

Pero sus abogados reiteraron el martes que el grupo editorial se adquirió con dinero lícito -que era parte del patrimonio personal del presidente- y reiteraron que su defendido nunca fue titular de las acciones o beneficiario final de esa sociedad.

"Yo invertí en una sociedad, mi plata sale de un plazo fijo de dineros, los cuales estaban allí desde unos 10 o 15 años antes de ser presidente de la República y solamente tengo entre un 14 y 20% del negocio, pero a mí me quieren achacar un porcentaje mayor", argumentó Martinelli en una declaración divulgada por Panamá América, uno de los medios que integran la editora del mismo nombre.

Al final de la tarde, envió un video a través de Twitter en el que insistía en que la sentencia busca inhabilitar su candidatura a la presidencia. "Todos sabemos que me quieren condenar por intereses políticos, soy inocente", reprochó.

Además de Martinelli, fueron condenadas cuatro personas más, entre ellos dos empresarios conocidos, con penas de prisión que oscilan entre los 60 y 96 meses y con inhabilitación explícita para realizar actividad comercial y funciones públicas; en tanto que otras 10 resultaron absueltas, entre ellas empresarios considerados del círculo más cercano al entonces gobernante.

El fiscal superior contra la delincuencia organizada, Emeldo Márquez, dijo en un vídeo divulgado a la prensa que con la sentencia se logra el decomiso del 100% de las acciones de la editora que pasan al Estado y la disolución de dos sociedades "vinculadas directamente" al delito y que ejercían el control del grupo editorial.

"El Ministerio Público se siente satisfecho con las cinco personas que han sido condenadas, pero igual haremos una revisión", indicó Márquez, respecto a la absolución de las otras 10 personas para decidir si se presentará apelación en esos casos.

Martinelli también enfrentará próximamente un juicio por el caso de los sobornos entregados por la constructora brasileña Odebrecht para hacerse con grandes obras públicas en Panamá. En este caso también está implicado el expresidente Juan Carlos Varela, que sucedió a Martinelli en el poder y que fue recientemente declarado inelegible por Estados Unidos para entrar a ese país al señalar que participó en actos de corrupción.

Martinelli ha insistido que los procesos en su contra en Panamá son una persecución política en su contra para sacarlo de la contienda electoral, y en una reciente conferencia de prensa dijo que lo tendrán que "matar" para evitar que siga en ese esfuerzo.

En junio, el exgobernante ganó la candidatura presidencial en elecciones primarias de su partido político, Realizando Metas.

A inicios de año, el gobierno de Estados Unidos lo declaró a él y a sus familiares inmediatos inelegibles para ingresar a ese país, al implicarlo en actos de corrupción "significativa", en aparente relación con el caso de los sobornos multimillonarios de Odebrecht.

Martinelli, un magnate de supermercados, había sido extraditado por Estados Unidos en junio del 2018 para que enfrentara en Panamá un juicio por espionaje telefónico a opositores políticos, líderes sindicales, empresariales y periodistas, en el cual fue absuelto y tras permanecer un año en la cárcel.

La justicia resolvió después hacerle un nuevo proceso por los mismos cargos, pero el exlíder volvió a ser declarado inocente.

La decisión de Estados Unidos de implicarlo en corrupción, en enero, coincidió con el retorno a Panamá de los dos hijos de Martinelli después de que ambos cumplieron una condena en Estados Unidos por conspirar para recibir sobornos de la constructora brasileña.