Madrid (apro).- La Fiscalía Anticorrupción pidió una sentencia de 40 años y medio de prisión para José Manuel Villarejo, comisario jubilado de la Policía Nacional acusado de efectuar labores de espionaje en favor de directivos de Repsol y de la CaixaBank en el denominado Proyecto Wine.

El espionaje habría tenido como propósito conocer los pormenores de la acción conjunta que Sacyr y Pemex pusieron en marcha en 2011, cuando sindicaron sus acciones dentro de la petrolera española con la finalidad de adquirir un mayor peso en la toma de decisiones ejecutivas.

En el escrito de acusación se alude exclusivamente al espionaje a Sacyr y a Pemex, salvo el caso de Luis Mañas Antón, hombre cercano a Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos. Sin embargo, a lo largo de la investigación judicial Proceso ha dado a conocer que los espiados fueron altos directivos de la petrolera mexicana durante los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.

El Ministerio Fiscal solicitó también una pena de 32 años para el socio de Villarejo, Rafael Redondo; además, 21 años para el subdirector de Servicios de Apoyo de la Dirección de Seguridad Corporativa de Repsol, Rafael Girona.

Asimismo, para el principal responsable de Seguridad de Repsol, Rafael Araujo Bernabé, pidió 28 años, y 21 años para el exresponsable de Seguridad de CaixaBank, Miguel Ángel Fernández Rancaño.

Tanto Repsol como CaixaBank y la Administración del Estado deben ser condenados como responsables civiles subsidiarios.

Objetivos del espionaje

El 29 de agosto de 2011, como accionistas de Repsol, Pemex y la constructora Sacyr-Vallehermoso –presidida por Luis del Rivero Asensio– alcanzaron un acuerdo para ejercer su derecho de voto de forma sindicada, para tener mayor peso en las decisiones de la compañía petrolera.

Para hacer frente a esta situación, los más altos directivos de Repsol, que presidía Antonio Brufau, recabaron información sobre el pacto de los socios, “sirviéndose para ello de la Dirección de Seguridad Corporativa de la compañía, a cuyo frente se encontraban Rafael Araujo Bernabé y Rafael Girona Hernández”.

Ambos contactaron en octubre de 2011 a José Manuel Villarejo, “a sabiendas de que se encontrada en servicio activo como comisario del Cuerpo Nacional de Policía”, por el acceso que desde su posición tenía a información de carácter reservado en poder de la Policía Nacional y en poder de entes privados.

La investigación, que se extendió a través de diversos encargos hasta 2012, estaba dirigida principalmente contra Luis del Rivero Asensio, el presidente de Sacyr-Vallehermoso que alcanzó el acuerdo con la petrolera Pemex, entonces presidida por Juan José Suárez Coppel, en el gobierno de Felipe Calderón.

En el escrito de acusación, al que Proceso tuvo acceso, se señala que la investigación contratada se fue ampliando con posterioridad en virtud de diversas circunstancias que afectaron a Repsol y siempre relacionadas con Luis del Rivero y el Grupo Pemex, llegando a desarrollarse hasta mediados de 2012.

Plantea que al encargo hecho por los responsables de Seguridad de Repsol se sumó CaixaBank, accionista de referencia de Repsol, haciéndolo a través del hoy encausado Miguel Ángel Fernández Rancaño, en su condición de director del área de Seguridad de la entidad bancaria.

Una vez desactivado el pacto de accionistas de Sacyr y Pemex, el encargo de las dos compañías a Villarejo se centró en conocer la reacción que podría tener Pemex, especialmente en relación con las posibles operaciones de compraventa de acciones de Repsol que la petrolera mexicana pudiera acometer.

La investigación y espionaje se centró en el español Luis Alberto Mañas Antón, al que los encausados consideraban la persona que dirigía los movimientos de Pemex en sus relaciones con Repsol.

Proceso había dado a conocer que Mañas Antón fue compañero de Suárez Coppel y de Agustín Carstens cuando cursaron el doctorado en economía en la Universidad de Chicago, entre 1982 y 1986.

A su regreso a España, Mañas Antón entró a Repsol, donde escaló distintas posiciones hasta llegar a la Dirección de Finanzas durante la presidencia de Alberto Cortina en la petrolera. Asimismo, fue uno de los primeros que salieron de la petrolera a la llegada de Antonio Brufau.

Durante el proceso para sindicar las acciones de Pemex y Sacyr en Repsol, este economista español ocupó diversas posiciones al frente de Pemex Internacional España; en PMI Field Managment Resources SL, y en PMI Holdings Petróleos España, de acuerdo con el organigrama de la petrolera mexicana y el currículum del propio economista.

La otra encomienda

Repsol y CaixaBank abonaron a Villarejo un total aproximado de 390 mil euros por servicios cuyas facturas no correspondían con el verdadero trabajo realizado, principalmente de espionaje y recaudación de información cerrada.

Debido a que el conflicto entre Repsol y Pemex se mantuvo incluso durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la petrolera española en solitario volvió a contratar a Villarejo, de nuevo por medio del responsable de Seguridad de la entidad, Rafael Araujo, y con pleno conocimiento de que el comisario seguía perteneciendo a la Policía Nacional española.

La encomienda consistió en confirmar si un consejero de Repsol se había ausentado voluntariamente de una sesión de la Comisión de Estrategia, Inversión y Responsabilidad Social Corporativa de la petrolera, celebrada el 29 de abril de 2014, para asistir a un evento deportivo en Alemania.

El consejero referido era Arturo Henríquez Autrey, director operativo de Procura y Abastecimiento de Pemex, brazo derecho de Emilio Lozoya, entonces director general de Pemex.

Henríquez Autrey se ausentó de la sesión de Repsol con la finalidad de viajar en un avión privado de Borja Prado, entonces ejecutivo de Enel, a Múnich, Alemania, para ver el partido de vuelta de la Champions League entre Real Madrid y Bayern Múnich.

La agencia de Villarejo obtuvo imágenes de Henríquez en el aeropuerto madrileño de Barajas y fotografías del ejecutivo de Pemex en el palco del estadio alemán Allianz Arena, acompañando a Borja Prado.

Por ese encargo, Villarejo cobró una factura de 24 mil euros por servicios de información.