Madrid (apro).— Decenas de miles de mujeres volvieron a tomar las calles de las principales ciudades españolas, para refrendar el empuje del movimiento feminista, pero esta vez marcada por la honda fisura motivada por el contexto de confrontación política que vive la coalición del gobierno de Pedro Sánchez (PSOE-Unidas Podemos) por la aprobación de la Ley Trans y por la rebaja de condenas a violadores provocadas por un desatino en la redacción de la ley integral de libertad sexual, conocida como ley del “solo sí es sí”.

En la capital española y en otras ciudades las manifestaciones feministas se dividieron en dos recorridos, fijada por una suerte de posicionamiento en torno a la Ley Trans, aprobada hace unos días sobre los derechos de la comunidad transexual.

No obstante, en ambas corrientes siguen vigentes las mismas reivindicaciones sobre violencia sexual y crímenes machistas, brecha salarial, pensiones, la falta de derechos de las migrantes, desigualdad en los cuidados, trata y explotación sexual o techos de cristal.

La Comisión 8-M, organizadora habitual del recorrido, integrada por decenas de colectivos, mostró su apoyo visible a la ley del `solo sí es sí´ y a la incorporación a la agenda LGTBIQ a la feminista. Esta corriente consideró que el feminismo y la agenda trans pueden convivir y critican el uso partidista que se le ha dado al tema y los discursos contrarios que solo generan odio y violencia.

La otra corriente, integrada en el Movimiento Feminista de Madrid, tiene una marcada posición contra la ley trans, porque, argumentan, supone el “borrado de las mujeres”, y se declaran abolicionistas de la prostitución. Por ello se desvincularon de la convocatoria habitual y organizaron su propio recorrido.

Son críticas con las consecuencias de la ley del `solo sí es sí´, que provocó beneficios en las condenas de violadores y agresores sexuales, por lo que piden la dimisión de la Ministra de Igualdad, Irene Montero.

“Feministas en lucha por los derechos de las mujeres”, era el lema de la pancarta que iba a la cabeza de la masiva manifestación de la Comisión 8-M. “Somos el grito necesario. El feminismo lo está cambiando todo”, ponía otra de sus mantas. La otra manifestación pedía la dimisión de Irene Montero, que fue interrumpida en un acto propio organizado en el seno de Podemos.

A mediodía se celebró también la huelga de estudiantes en toda España, donde las concentraciones feministas también hicieron reivindicaciones similares por el 8-M. En la Puerta del Sol, de Madrid, una joven levantaba una pancarta que decía: “Abuela vine a gritar lo que te hicieron callar”.

“Efectos indeseados” del `sí es sí´

La ley de Libertad sexual, que entro en vigor el 7 de octubre pasado, equiparó los delitos de abuso y agresión sexual, lo que ha estado en el centro de la polémica, porque propició la rebaja de condenas de las que se han beneficiado agresores sexuales tras ser revisadas sus penas.

La ley propició una nueva horquilla de las penas y, en algunos casos, las penas mínimas resultaron inferiores, lo que provocó que algunos condenados por agresiones sexuales se hayan visto beneficiados, porque el Código Penal (artículo 2) establece que tendrán efecto retroactivo las leyes penales que favorezcan al reo. 

Por ello con la entrada en vigor de la ley de libertad sexual, se abrió la puerta a la revisión de la decisión judicial de infinidad de casos: Hasta ahora se han rebajado 721 condenas a delincuentes sexuales. Dichas resoluciones han supuesto cuando menos 74 excarcelaciones desde la entrada en vigor de la ley, hasta el 1 de marzo.

Esta es la información oficial aportada por el Tribunal Supremo, los tribunales superiores de justicia autónomos y las audiencias provinciales que han trasladado al Observatorio contra la Violencia de Género del Poder Judicial.

Señalan que las absoluciones son consecuencia en todos los casos “de la destipificación del delito de abuso sexual cometido mediante engaño con menores de entre 16 y 18 años”.

El Tribunal Supremo ha rebajado 10 condenas de las 26 revisiones que ha llevado a cabo, sin embargo, existen 224 recursos de casación pendientes.

Frente a esta crisis, que el presidente Pedro Sánchez calificó de “efectos indeseados” de la norma, el PSOE presentó el 6 de febrero pasado una proposición de ley para modificar la ley del `solo sí es sí´, con el fin de corregir las rebajas de condenas a agresores sexuales, que mantiene el consentimiento obligatorio de la mujer a una relación sexual e implicaría el aumento de algunas penas mínimas y máximas.

El PSOE no consiguió acercar posiciones con Unidas Podemos, que facilitaran el consenso y éste último partido consideró que con esa reforma se volvía al “Código Penal de La Manada”, el caso de violación masiva que sufrió una joven en las fiestas de Pamplona, en julio de 2016, detonante del movimiento feminista en España.

El martes 7, en el Congreso de los Diputados se aprobó la reforma del PSOE, con el apoyo del Partido Popular (PP) y otros partidos, pero que supuso el rompimiento de la unidad del gobierno, porque Podemos, Esquerra republicana y Bildu votaron en contra. Vox, Más País y Compromís se abstuvieron.

El tono del enfrentamiento entre los partidos de gobierno se volvió más duro y áspero a raíz de esta reforma, y de la Ley Trans contra la que hubo serios cuestionamientos dentro del movimiento feminista.

La ley mantiene otros aspectos de la norma que son de avanzada, como conseguir un sistema de protección y atención similar para las víctimas de violencia de género ejercida por las parejas o exparejas, y tendrán recursos aunque no denuncien.

Incluye recursos como la creación de centros de crisis de atención las 24 horas para la atención inmediata para mujeres que sufran agresiones sexuales y otro para niños y niñas víctimas.

La norma también contempla medidas para evitar la revictimización, desarrollando medidas procesales de acompañamiento a las víctimas, incluyendo la posibilidad de declarar en salas especiales sin contacto con el presunto agresor.

La ley contempla la protección a menores de agresiones realizadas a través de las nuevas tecnologías, con apenas de 1 a 3 años o multa de 12 a 24 meses para quienes a través de internet o de la telefonía u otra tecnología proponga concertar encuentros con el fin de cometer actos que supongan delitos y para quien lo haga con coacción, intimidación o engaño.

Una de las novedades de la ley de octubre pasado es que por primera vez el acoso callejero se considera un delito, que se castiga con trabajos en beneficio de la comunidad o con medidas de localización. Estos delitos serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o su representante legal.

La norma contempla todas las violencias sexuales que se ejerzan contra la mujer por el hecho de serlo y que están recogidas en el Convenio de Estambul.