LIMA (AP) — Perú se encontraba el miércoles en el dilema de obedecer una polémica decisión del Tribunal Constitucional que ordenó liberar al encarcelado expresidente Alberto Fujimori o acatar un pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para no ejecutar ese fallo.

El martes el Tribunal ordenó por segunda vez en una semana la “liberación inmediata” del expresidente Fujimori, de 85 años, y le pidió ejecutar ese acto a la agencia administradora de las cárceles. La decisión avivó la controversia sobre la salida de prisión de Fujimori, que se logra por un indulto que le fue concedido la noche de Navidad de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Pero la víspera la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) pidió al Estado peruano que no ejecute la orden del Tribunal Constitucional hasta que el organismo internacional cuente con todos los elementos necesarios para analizar si el fallo cumple con todas las condiciones.

El presidente de la Corte IDH, Ricardo Pérez Manrique, emitió una resolución que indica que la solicitud es para “garantizar el derecho de acceso a la justicia” de los 25 peruanos que fueron asesinados en dos masacres durante el gobierno de Fujimori (1990-2000) y por las que el expresidente cumple una condena de 25 años de prisión.

Ni la presidenta Dina Boluarte ni sus ministros se han manifestado de forma pública sobre el tema, pero el jefe de la agencia carcelaria Javier Llaque dijo la víspera a la radio local RPP que Fujimori no fue liberado el martes por un error de trámite del Tribunal Constitucional que debe ser subsanado durante la jornada.

En septiembre Boluarte dijo en la Asamblea General de las Naciones Unidas que Perú era un país “respetuoso del derecho internacional”.

Volker Turk, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dijo en la red social X, antes Twitter, que la orden del Tribunal Constitucional de liberar a Fujimori “es un retroceso preocupante” y añadió que "cualquier liberación humanitaria de los responsables de graves violaciones de los derechos humanos debe estar en consonancia con el derecho internacional”.

“Vivimos en una orfandad porque no tenemos instituciones de ningún tipo capaces de defendernos”, dijo a The Associated Press Gisela Ortiz, hermana de una de las víctimas por las que Fujimori fue condenado. “Perú da la imagen de un país donde no se garantizan los derechos de las víctimas y donde los temas de derechos humanos no tienen ninguna importancia”, añadió.

Ortiz indicó que no le sorprendía el silencio de la presidenta Boluarte, pero recordó que en 2022 cuando era vicepresidenta y ministra de Inclusión del gobierno del entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022) “expresó su solidaridad a los familiares y su indignación frente al indulto”.

El indulto de Fujimori fue anulado en 2022 por la justicia tras detectar graves irregularidades luego de un pronunciamiento en contra de la CorteIDH y desde entonces el proceso tuvo idas y venidas judiciales para que fuera efectivamente ejecutado.

Fujimori fue condenado en 2009 como autor mediato en dos matanzas ejecutadas por un escuadrón militar que combatía al grupo terrorista Sendero Luminoso. La primera ocurrió en 1991 en Lima, en una zona pobre llamada Barrios Altos, donde militares encapuchados ingresaron a una fiesta y mataron con fusiles a 15 vecinos, incluido un niño de ocho años.

La segunda matanza fue en 1992 cuando los mismos militares secuestraron y asesinaron a nueve universitarios y un catedrático de la universidad Enrique Guzmán y Valle. Los forenses indicaron que los jóvenes fueron torturados, recibieron un tiro en la nuca, sus cadáveres fueron quemados y ocultados en fosas comunes.

Según la sentencia el grupo militar clandestino funcionaba bajo la fachada de una oficina de arquitectura y era financiado por la gestión de Fujimori.