MADRID (EUROPA PRESS).- El gobierno de Argentina cifró en 60 millones de pesos (casi 67 mil 700 euros) los gastos del despliegue policial activado frente a las recientes protestas y amenazó a las organizaciones convocantes con cobrárselos.

"Vamos a intimar a las organizaciones para que se hagan cargo de este gasto que no le corresponde a la ciudadanía", dijo el portavoz de la Presidencia argentina, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa desde la Casa Rosada.

Junto a esta medida, Adorni anunció también que el gobierno presentó una denuncia judicial contra 14 organizaciones sociales por los presuntos delitos de "extorsión" y "defraudación al Estado", de acuerdo con versiones del diario argentino Clarín.

Estos anuncios del gobierno se producen después de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, avisó que había solicitado a las fuerzas de seguridad un informe de los gastos del despliegue policial del miércoles para pasárselo a los convocantes.

El informe presentado por la policía, la gendarmería, la Policía Aeroportuaria, la Prefectura Naval y el Servicio Penitenciario Federal plantea una estimación conjunta que comprende gastos como el combustible o la remuneración de los efectivos.

El protocolo impulsado por el titular del Poder Ejecutivo, Javier Milei, pretende abrir la puerta a la posibilidad de emprender acciones legales contra organizaciones sociales o personas a título individual a las que se le puedan atribuir las protestas si se entienden como "actos ilegítimos".

"Sería conveniente que esos recursos ingresen en el Estado Nacional para compensar los grandes gastos en que se incurre para el mantenimiento del orden público ante la interrupción del tránsito en rutas, autopistas y otras vías transitables", reza el texto.