BUENOS AIRES (AP) — El nuevo paquete de medidas anunciado por el presidente Javier Milei, que remece los cimientos de la estructura del Estado y del sistema económico de Argentina, preanuncia una profundización de la protesta social y podría toparse con obstáculos en el Congreso y en la justicia para su efectiva implementación.

Milei defendió el jueves el contenido del controvertido Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que busca desregular la economía que estuvo fuertemente intervenida por el Estado en las últimas dos décadas.

El presidente apuntó que “busca incrementar el bienestar de las personas”. "Hemos detectado, entre leyes y demás normativas que dificultan el funcionamiento de la economía y una sociedad libre, cerca de 380 mil regulaciones. Queremos desmontar esa máquina de impedir”.

El economista ultraliberal, que asumió el poder hace 11 días luego de obtener un respaldo electoral de casi 56%, busca avanzar lo antes posible con sus reformas para revertir la crisis de la segunda mayor economía de Sudamérica. Debe hacerlo antes de que termine la luna de miel con la ciudadanía que lo votó, se profundicen las protestas y la resistencia a sus iniciativas avance en el Parlamento, donde el partido de Milei, La Libertad Avanza, está en clara desventaja.

El presidente admitió que el conjunto de medidas de “estabilización” que impulsa contiene elementos poco simpáticos, pero acotó que “va a beneficiar con la baja de la inflación, la mejora de la economía” y los argentinos “van a tener un mejor trabajo y nivel de vida”. La suba de precios es de casi 161% anual.

"La república estaba en riesgo con el populismo, no con libertad”, aseveró Milei.

Buenos Aires amaneció el jueves con protestas. En las cercanías de la casa de gobierno y al grito de “No se vende” cientos de empleados del estatal Banco Nación protestaron contra una eventual privatización a raíz de la derogación de un artículo de una ley que impedía la venta de la principal entidad estatal financiera del país. Los manifestantes realizaron un abrazo simbólico al edificio del banco.

El decreto de Milei también derogó la norma que impide la privatización de las empresas públicas impulsada por los gobiernos populistas de las últimas dos décadas.

Luego de que el mandatario anunció gran parte del contenido del decreto el miércoles por la noche, decenas de personas hicieron sonar sus cacerolas en varios barrios de Buenos Aires a modo de rechazo.

Horas antes del anuncio presidencial, miles habían marchado convocados por organizaciones políticas y sociales izquierdistas en contra de las medidas de austeridad que anunció el gobierno la semana pasada para recortar el déficit fiscal y combatir la inflación de casi 161% anual.

Milei sostuvo que los ciudadanos que realizaron cacerolazos están “abrazados y enamorados del modelo que los empobrece”.

Pese a ser dictado por el Poder Ejecutivo, el decreto debe ser enviado al Congreso por el gobierno en el plazo de 10 días para que sea tratado por una comisión que debe emitir un dictamen a favor o en contra. Cualquiera sea el resultado del dictamen, el decreto debe ser debatido por el pleno de ambas cámaras

El paquete de medidas puede ser avalado con el respaldo de una sola cámara legislativa y si el Parlamento no se pronuncia queda vigente.

Se desconoce el tiempo en que este proceso —que requiere que el presidente llame a sesiones extraordinarias en el Congreso— se llevaría a cabo. Mientras tanto, el decreto estaría en vigor.

Partidos opositores y sindicatos han anunciado que no se quedarán de brazos cruzados con los planes ortodoxos del mandatario.

El bloque de la peronista Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, donde es la primera minoría, afirmó que el DNU "es un brutal avasallamiento de las facultades del Congreso” y “Milei se lleva puesta a la Constitución”.

“Frente al silencio cómplice de algunos, nuestro bloque va a defender la democracia, la división de poderes y la república”, cuestionaron los legisladores.

“Vamos a exigir que se reúna la Comisión Bicameral de Tratamiento de los DNU y se convoque a extraordinarias. Tiene que ser rechazado por el Congreso con urgencia”, sostuvieron los diputados.

El paquete de medidas también podría enfrentar un fuerte rechazo en el ámbito judicial.

La Confederación General del Trabajo, la principal central sindical, anunció que se presentará en las próximas horas ante la justicia para reclamar la inconstitucionalidad completa del DNU y se reunirá para definir la convocatoria a una masiva movilización en rechazo a la reforma laboral que contempla.

La central sindical denunció que el decreto restringe el ejercicio del derecho a la huelga al establecer la exigencia de una cobertura mínima de 75% en los servicios esenciales, que incluyen a la salud y la educación.