AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Grupos defensores de derechos civiles interpusieron el martes una demanda que impugna la constitucionalidad de una nueva ley de Texas que permitiría a la policía detener a migrantes que crucen la frontera ilegalmente y a los jueces locales ordenar su deportación.

La demanda, presentada ante un tribunal federal en Austin, argumenta que la medida programada a entrar en vigor en marzo es inconstitucional debido a que la inmigración es competencia exclusiva del gobierno federal.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés), su filial en Texas, y el Texas Civil Rights Project interpusieron la demanda menos de 24 horas después de que el gobernador, el republicano Greg Abbott, promulgó la medida durante una ceremonia en la frontera de Estados Unidos con México en Brownsville.

Los grupos de derechos civiles entablaron la demanda a nombre del condado de El Paso y de dos grupos de ayuda a migrantes con el objetivo de declarar ilegal la medida, conocida como SB 4, e impedir su implementación.

"La SB 4 crea un nuevo sistema estatal para regular la inmigración que pasa por alto y entra en conflicto por completo con el sistema federal", señala la denuncia.

La demanda fue presentada contra el titular del Departamento de Seguridad Pública de Texas, cuyos agentes estarían autorizados para detener a migrantes, y contra el fiscal de distrito del condado de El Paso, cuya oficina podría procesar casos en esa comunidad fronteriza.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Pública (DPS por sus siglas en inglés) se negó a comentar, bajo el argumento de que se trata de un proceso abierto. Una persona que contestó el teléfono de la oficina de Hicks dijo que no estaba disponible y que no tenía comentarios.

Abbott y otros republicanos de Texas que respaldan la medida señalaron que el presidente Joe Biden no está haciendo lo suficiente para controlar la situación a lo largo de los 3 mil 149 kilómetros (mil 950 millas) que abarca la frontera sur.

"En su ausencia, Texas tiene la autoridad constitucional de reforzar nuestra frontera a través de leyes históricas como la SB 4", dijo Abbott en un correo electrónico enviado el martes, añadiendo que estaba dispuesto a llevar el caso ante la Corte Suprema.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, criticó la nueva ley, pero no dijo si sería impugnada por el Departamento de Justicia.

"Esta es una ley extrema que no hará ni vuelve más seguras a las comunidades de Texas", señaló Jean-Pierre. Añadió que el objetivo de la ley era "satanizar y deshumanizar a los migrantes".

De acuerdo con la demanda, el director del DPS Steve McGraw dijo a legisladores que su agencia estima que se llevarán a cabo 72 mil arrestos anuales relacionados con la nueva ley.

En tanto, Estados Unidos registra un aumento en el número de cruces ilegales. El comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés), Troy Miller, señaló que la cifra de arribos diarios "no tiene precedentes", con hasta 10 mil cruces ilegales durante algunos días de este mes.

La medida permite que cualquier agente policial de Texas detenga a personas sospechosas de haber ingresado al país de manera ilegal. Una vez bajo custodia, podrían aceptar la orden de un juez estatal para abandonar el país o ser procesados bajo cargos de delitos menores de entrada ilegal. Los migrantes que no dejen el país podrían ser arrestados por cargos de delitos más graves.

Los opositores han calificado la ley como el intento más drástico de darle a las policías locales o estatales responsabilidades migratorias desde una ley en Arizona en 2010 — denunciada por sus críticos como la iniciativa "Muéstrame tus papeles" — que fue en gran medida anulada por la Corte Suprema federal. La demanda menciona el fallo de la Corte Suprema de 2012 sobre la ley de Arizona, el cual estableció que el gobierno federal tiene la competencia exclusiva en materia de inmigración.

"Esta iniciativa vulnera principios constitucionales fundamentales y viola la ley federal de inmigración mientras que perjudica a los texanos, particularmente las comunidades negras e hispanas", declaró Adriana Piñon, directora legal de ACLU de Texas, en un comunicado.

El mismo martes, las filiales de la ACLU en Oklahoma, Nuevo México, Arkansas, Luisiana, Arizona, Texas y San Diego, así como los condados de San Diego e Imperial en California, emitieron una recomendación que advierte a los viajeros de posibles amenazas de violaciones a los derechos civiles y constitucionales a su paso por Texas.

Entre las medidas que Texas ha implementado como parte del plan de seguridad fronteriza de Abbott se incluye el envío de más de 65 mil migrantes en autobuses hacia ciudades de todo Estados Unidos desde agosto de 2022, así como la instalación de alambre de púas en las márgenes del río Bravo (Grande).

___