PARIS (apro).-  Masiva fue la movilización del pasado 19 de enero contra el proyecto de reforma de las pensiones al que se aferran Emmanuel Macron y el gobierno encabezado por Elisabeth Borne.

Un millón de personas, según fuentes oficiales --dos millones de acuerdo con los organizadores--, desfilaron durante horas en las grandes urbes galas y en 255 ciudades medianas y pequeñas de todo el país. Es un hecho inédito en la última década.

Más concurrida aún será la segunda movilización prevista para realizarse este martes 31 de enero, prometen los líderes de los  ocho principales sindicatos galos que integran el frente unido de lucha contra la reforma.

Dos medidas cristalizan el enojo general: el retraso de la edad legal de jubilación, de 62 y 64 años, y la obligación de cotizar 43 años para cobrar una pensión completa.

Ambas golpearán en primera instancia a la clase media baja, a los trabajadores de pocos ingresos, a las mujeres con carreras   esporádicamente interrumpidas por licencias de maternidad.

"Si Emmanuel Macron quiere llevar a cabo su madre de todas las reformas (…), para nosotros será la madre de todas las batallas",  advirtió  Frédéric Souillot, secretario general del Sindicato Force Ouvrière (FO), integrante del frente intersindical.

Es la segunda vez que el presidente francés impulsa esa reforma que presenta como la más relevante de sus dos quinquenios. Su primer intento provocó huelgas y manifestaciones también muy importantes en todo el país entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, y abortó con la pandemia de covid-19.  

Entre otras imágenes impactantes de ese rechazo nacional quedan en todas las memorias las de las bailarinas con "tutú" de la Ópera de París interpretando una escena del Lago de los Cisnes en las escalinatas del Palacio Garnier, una helada tarde de invierno.

El proyecto de reforma de 2019 pretendía imponer un sistema universal de pensiones basado ya no en trimestres de cotización, sino en puntos de cotización acumulados a lo largo de la vida laboral. Esa propuesta era tan abstrusa que ni siquiera sus más ardientes promotores lograron explicarla. La reforma prevía además una edad legal de jubilación de 65 años.

Macron tuvo que renunciar a su "revolución de pensiones por puntos" y de muy mala gana concedió una edad legal de 64 años, pero con 43 de cotización.

Tanto los macronistas como el Partido Republicano (derecha) explican que estas dos disposiciones son imprescindibles si se quiere salvar el sistema de reparto y de solidaridad intergeneracional. Parten de un cálculo simple basado en el aumento de la esperanza de vida: en 2002 se contaba con dos personas en activo para asegurar la pensión de un jubilado, en 2023 esa proporción baja a 1.7 por 2 jubilados y será de 1.5 en 2040.

Un número creciente de economistas manifiestan su escepticismo ante estas soluciones drásticas y sugieren que se podrían salvar las futuras pensiones con otras medidas y, en particular, con políticas fiscales menos favorables a la élite empresarial y financiera del país.

Lo mismo afirman los partidos de izquierda y extrema izquierda, así como la ultraderecha aun se manifiesta por separado e insisten en que de ninguna manera integran una colación antirreforma .

Analistas como Bruno Palier, entrevistado por Proceso, dudan de la sinceridad de Emmanuel Macron y consideran que la defensa de la supervivencia del sistema de pensiones es solo un pretexto que encubre una estrategia política. La meta del presidente en realidad sería debilitar la derecha y diluirla en el macronismo.

Sean como sean las discusiones parlamentarias sobre el proyecto de reforma que se iniciaron el 28 de enero y deben acabarse a más tardar el 26 de marzo, amenazan con ser sumamente acaloradas.

Y mientras más fuerte sea la presión en las calles de Francia, más tensas se pondrán.