Ginebra (apro).- La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos (ACNUDH) expresó su “profunda preocupación” por el aumento de la violencia en Perú, que alcanzó la cifra más mortífera de 17 muertos en un día, en el marco de las protestas y disturbios que han tenido lugar desde la destitución y prisión del expresidente Pedro Castillo.

“Estamos muy preocupados por el aumento de la violencia en Perú, que el lunes 9 de enero vivió uno de los días más mortíferos desde que comenzaron los disturbios a principios de diciembre”, dijo la portavoz del ACNUDH Marta Hurtado.

 Según informes oficiales, “al menos 17 personas murieron el lunes 9 --entre ellas un menor de edad-- en Juliaca, en la región sureña de Puno. El martes, un agente de policía murió cuando su vehículo fue incendiado. Con lo que el número total de fallecidos desde el 7 de diciembre asciende a 39 personas, además 518 resultaron heridas en enfrentamientos con la policía y las fuerzas armadas’’, detalló.

 “De los fallecidos el lunes, al menos nueve murieron por arma de fuego, según fuentes hospitalarias. Un trabajador sanitario murió mientras prestaba ayuda”, lamentó.

 Además de los fallecidos en las protestas, agregó Hurtado, un recién nacido murió mientras era trasladado al hospital debido a que la ambulancia fue detenida en un bloqueo de carretera. Policías resultaron heridos. El aeropuerto de Juliaca habría sido asaltado por unos 5 mil manifestantes. Esto se suma a varios edificios públicos e infraestructuras destruidos en las últimas semanas.

“Instamos a las autoridades a que lleven a cabo investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas sobre las personas muertas y heridas, y que se garantice a las víctimas el acceso a la justicia y a la reparación’’, urgió el ACNUDH.

En vísperas de una huelga nacional prevista para los próximos días, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU pide a los manifestantes que muestren contención en el ejercicio de su derecho fundamental a protestar pacíficamente.

 “Reiteramos nuestro llamado para que las fuerzas de seguridad cumplan las normas de derechos humanos y garanticen que sólo se hace uso de la fuerza cuando es estrictamente necesario y, en tal caso, respetando plenamente los principios de legalidad, precaución y proporcionalidad’’, remarcó.

 “Recordamos que deben respetarse y protegerse los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, ya que son características esenciales de la vida democrática”, agregó.

 “Tomamos nota de que el Gobierno ha enviado una misión de alto nivel a Puno y ha convocado una plataforma de diálogo nacional. Es esencial que cualquier negociación incluya a todas las partes interesadas, especialmente a los movimientos de protesta", remató Hurtado.