MADRID (EUROPA PRESS).– Las autoridades de Estados Unidos abrieron 684 investigaciones por casos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) durante 2021, un 32.5 por ciento más que el año anterior.

En 21 ocasiones se documentaron daños físicos importantes contra las víctimas e incluso casos que terminaron en muerte. El 95 por ciento de los abusos policiales en los que se ejerció violencia extrema se concentró principalmente en los estados con mayor nivel de población migrante: California, Arizona, Nuevo México y Texas.

La imagen de estos abusos que ha dado la vuelta al mundo es la del ataque de agentes a caballo en Texas el 20 de septiembre de 2021. La Casa Blanca calificó de "horrorosas" estas imágenes, pero los cuatro agentes recibieron apenas sanciones administrativas.

El Informe de Investigaciones Internas y Responsabilidad de los Empleados de la CBP revela que también crecieron un 23 por ciento los arrestos de agentes: 253 en 2021 frente a los 205 del año anterior.

Dichos niveles de violencia coincidieron con uno de los periodos de mayor flujo migratorio en la historia de la frontera sur de Estados Unidos, ya que en 2021 continuó incrementándose la migración de personas centroamericanas y del Caribe.

Desde la CBP han asegurado que se han impartido cursos especializados al grueso de sus agentes para mejorar sus técnicas de detención y de detección de usos indebidos de la fuerza mediante el análisis de actos violentos, el uso de videograbaciones y entrevistas que permitan contar con mayor certeza en el veredicto de las investigaciones.

El informe recoge también denuncias por complicidad o connivencias con los grupos dedicados al traslado ilegal de inmigrantes pese a que oficialmente se niega. “La actividad ilícita ocurrió principalmente fuera de servicio, pero también incluyó actividad mientras estaba de servicio en casos de corrupción”, señala el texto.

Hasta nueve agentes fueron detenidos por delitos de corrupción. "En todos los casos la actividad ilegal derivó en un beneficio personal que involucró el mal uso o abuso del conocimiento, acceso o autoridad otorgada en virtud de un cargo oficial", indica.