MADRID (apro).–El gobierno de España anunció una batería de medidas en el debate del Estado de la Nación, como impuestos a las compañías eléctricas y a la banca, trenes gratis y más becas estudiantiles, que le permitirá recaudar 7 mil millones de euros en dos años.

Bajo la presión de las medidas contra la guerra en Ucrania, la inflación, las urnas y los excesos del oligopolio eléctrico, el presidente Pedro Sánchez centro su mensaje ante el pleno del Parlamento español en las medidas que pueden ayudar a los más desfavorecidos, con una batería de medidas con importantes guiños a sus socios de izquierda, como lo reclamaban.

Los temas centrales fueron el impuesto a las compañías eléctricas y otro impuesto “temporal y extraordinario” a los grandes bancos, por lo que espera recaudar 7 mil millones de euros en los dos años de vigencia de la medida y destinar esos recursos a gasto social.

Sánchez también anunció un abono gratuito para los trenes de cercanías, el principal transporte de las clases trabajadoras, y un refuerzo a las becas para un millón de estudiantes

El mandatario criticó el panorama negro que sobre el gobierno ha dibujado la principal fuerza de la oposición, el Partido Popular (PP), al que señaló de “catastrofismo sin base”.

El presidente español insistió en que el origen de la inflación que ahora enfrenta España tiene su origen en fenómenos como la pandemia y los efectos de la guerra de Putin en Ucrania.

“No es echar balones fuera, es hacer un diagnóstico honesto y realista”, señaló, y reconoció que en las calles hay malestar. “Los españoles no quieren oír hablar de lo que va bien. Sé que cada vez cuesta más llegar a fin de mes. Comprendo la angustia, la frustración y el enfado de todos, porque también es el mío”.

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha iniciado su intervención pidiendo un minuto de silencio por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP asesinado por ETA hoy hace 25 años, y que ha sido objeto de homenajes y recordatorios, incluso series en televisión.

En coincidencia con este aniversario del crimen del joven concejal secuestrado y con quien ETA quería chantajear al gobierno de José María Aznar, el PP se volvió a apropiar de la memoria de las víctimas de la banda terrorista, que dejó su actividad armada en octubre de 2011.

Gamarra comparó la actitud de su partido frente al Ejecutivo con la “rebelión cívica” contra ETA que despertaron protestas tras ese asesinato.

La campaña del PP contra el gobierno es por conseguir el respaldo de Bildu –país vasco que los partidos de la derecha llaman `herederos de ETA´, porque integra a Sortu, herencia de Batasuna, el partido vasco de izquierda e independentista que mantuvo vínculos estrechos con la banda armada— para votar este jueves la nueva ley de Memoria Democrática, que sustituye a la Ley de Memoria Histórica del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.