CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “Hice todo lo que pude para vivir lo mejor posible y tratar de sacar el máximo partido a mi discapacidad. Sin embargo, ahora estoy al límite, tanto mental como físicamente”, dijo Federico Carboni, de 44 años, antes de que convertirse en el primer caso de muerte asistida en Italia, tras años de batallas legales.

Hace 12 años, Carboni quedó paralizado por un accidente de tráfico. Finalmente murió este jueves, de acuerdo con la Asociación Luca Coscioni, que lleva tiempo haciendo campaña a favor de legalizar la eutanasia.

Carboni estaba rodeado por su familia tras administrarse él mismo los medicamentos letales a través de una máquina especialmente diseñada para ello y que cuesta alrededor de 5 mil euros, para lo cual la Asociación Luca Coscioni recaudó fondos.

“No niego que lamento tener que decirle adiós a la vida”, dijo Carboni, citado por la Asociación Luca Coscioni, que le ayudó a superar la resistencia de los tribunales y de las autoridades sanitarias.

Para preservar su intimidad lo habían llamado “Mario” y antes de relatar el comunicado con su caso, esta asociación inició con las palabras: “Esta mañana ‘Mario’ eligió morir”.

“Soy al fin libre de volar a donde quiero”, dijo también Federico.

El Tribunal Constitucional de Italia abrió el camino para el suicidio asistido en 2019, frente a la feroz oposición de los partidos conservadores y la Iglesia católica. El inconveniente es que las autoridades sanitarias locales tenían que revisar y aprobar cada solicitud.

Algunos pacientes que solicitan la autorización han acusado a las autoridades de alargar la decisión de manera deliberada.

En la actualidad, la ley italiana castiga la ayuda al suicidio con una pena de entre 5 a 12 años de cárcel. En 2019, el Tribunal Constitucional, que es la más alta instancia jurídica en Italia, introdujo una excepción para “los pacientes mantenidos en vida con tratamientos y con una patología irreversible, fuente de sufrimiento físico y psicológico que consideran intolerable, aunque son plenamente capaces de tomar decisiones libres y conscientes”.

Carboni cumplió con todos estos criterios, por lo que insistió con el pedido, que finalmente se concretó tres años después y habiendo transcurrido 12 años desde su accidente.

Recibió el permiso para obtener los medicamentos letales en noviembre, tras ganar dos juicios y superar la negativa inicial de los representantes sanitarios de su región, las Marcas, en el centro de Italia.

En su dictamen final, un tribunal de ética dijo que el estado de Carboni cumplía los requisitos establecidos por el Tribunal Constitucional, que incluían una patología crónica e irreversible que causa un sufrimiento que la persona considera intolerable.

Su caso contribuyó a impulsar a los defensores del derecho a una muerte digna o los derechos de eutanasia, quienes en 2021 recogieron más de un millón de firmas para intentar forzar un referéndum que hiciera más accesible el procedimiento.

Pero el Tribunal Constitucional rechazó la petición, alegando que una votación sobre el asunto no protegería suficientemente a las personas “débiles y vulnerables”.

En un reflejo de las dificultades que tienen los pacientes en Italia para acceder a un suicidio asistido, Fabio Ridolfi, un hombre tetrapléjico, optó este mes por ser sometido a una sedación profunda y suspender todos los tratamientos de soporte vital que finalmente provocaron su muerte.

Ridolfi dijo que había decidido hacerlo porque su autoridad sanitaria no le había suministrado los medicamentos letales, a pesar de que un comité de ética había validado su petición de suicidio.

El suicidio asistido es legal en la vecina Suiza desde la década de 1940, una situación excepcional que ha convertido al país en lo que algunos llaman un imán para el “turismo de la muerte”. El procedimiento también es legal en Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y España.