GINEBRA (apro).- El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas (ONU) instó al gobierno de Cuba a “poner fin a toda separación de los hijos de sus padres por decisión de estos de poner fin a un contrato laboral’’ en el marco de las misiones a las que son asignados trabajadores cubanos en el extranjero como los médicos, enfermeras, trabajadores de la salud, artistas, atletas, ingenieros, profesores, camareros, entre otras.

“Poner fin a toda separación de los hijos de sus padres por decisión de estos de poner fin a un contrato laboral y modificar el artículo 135.1 del código penal para eliminar los obstáculos que impiden la reagrupación familiar’’, urgió el Comité al gobierno de Miguel Díaz-Canel luego de la revisión del cumplimiento del estado cubano de la Convención de los Derechos del Niño.

La recomendación del Comité de expertos de la ONU surge por la situación de trabajadores cubanos en el exterior como las misiones de médicos quienes enfrentan condiciones laborales muy difíciles consideradas “esclavitud moderna” por dos relatorías especiales de la ONU y quienes al renunciar al trabajo asignado son criminalizados por la ley cubana y no pueden regresar a su país, fomentando de esta manera la separación familiar.

La ley a la que hace referencia el Comité remarca que “el funcionario o empleado público encargado de cumplir alguna misión en otro país que la abandone o, cumplida ésta, o requerido en cualquier momento para que regrese, se niegue expresa o tácitamente a hacerlo, incurre en sanción de privación de libertad de tres a ocho años’’.

A esta ley se suma la Ley 1312 de Migración que prohíbe la entrada al país a los trabajadores civiles considerados “desertores” o por “estar declarados indeseables o expulsados’’

Según la ONG Prisoners Defenders “en los contingentes profesionales médicos de Cuba en el exterior, e igualmente para el resto de los profesionales, atletas y artistas cubanos que trabajan en el extranjero, entre 50 mil y 100 mil profesionales al año, la amenaza con la Ley de los 8 años a todos ellos es un pilar para evitar la “deserción”. La “deserción” es manifestar y llevar a cabo el deseo de dejar de trabajar o, habiendo terminado la misión, no volver a Cuba exactamente en el momento en que le obligan a hacerlo’’.

Otras de las prohibiciones plasmadas en la ley a las que están sometidos los “cooperantes” en el extranjero incluyen: participar en actos públicos de carácter político o social sin la debida autorización; abandonar el país sin que haya recibido instrucciones y autorizaciones previas al respecto; sostener relaciones de amistad o vínculos de otro tipo con personas que asuman posiciones hostiles o contrarias a los principios y valores de la sociedad y la revolución cubana, sean nacionales, extranjeros o cubanos residentes o no en el país donde presta el servicio.

Además se les prohíbe “conducir medios de transporte (…) sin estar autorizados para ello; los colaboradores no deben salir de su residencia hasta después de las seis (6:00 am) y deberá regresar antes de las siete (7:00 pm), entre los horarios de 7:00 pm y 6:00 am, ningún colaborador debe salir de su residencia’’.

Según explica la ONG, el gobierno cubano se queda con más del 85% de los salarios que otros países y empresas asignan a los salarios de los trabajadores cubanos, el asunto es vital para el régimen de la isla. “Recordemos que Cuba se embolsa un promedio de 8 mil 500 millones de dólares al año por estos envíos de profesionales, mientras el turismo nacional factura sólo 2.900 millones de dólares, es decir, sólo una tercera parte. Es la mayor fuente de ingresos del país, un 50% de su balanza comercial, que se ejecuta en completa esclavitud’’, subraya la ONG.

“Más de 800.000 profesionales han sido sometidos a este trabajo esclavo desde 1963, con la primera “misión” de Argelia, y desde entonces se han legislado normas distópicas, draconianas (tal como las denominó Human Rights Watch), y escatológicamente violatorias de los más fundamentales derechos humanos, con el fin de mantener por la fuerza dicho negocio multimillonario a costa de los profesionales cubanos’’, remarca Prisoners Defenders.

La Ley de los 8 años se ha aplicado ya a tantos cientos de miles de profesionales que sólo en este instante son más de 5.000 los niños pequeños que aún están separados de sus padres por esta Ley.

En este contexto, Ravina Shamdasani portavoz de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos Michelle Bachelet refrendó las conclusiones del Comité de los Derechos del Niño al gobierno de Cuba y en declaraciones a Proceso afirmó: “La Alta Comisionada urge a los Estados a seguir las recomendaciones hechas por los órganos de tratados (en este caso el Comité de los Derechos del Niño) y le insta a Cuba a cumplir con sus obligaciones que emanan de la Convención’’.