MADRID (apro).— Un informe sobre el software espía Pegasus, publicado por el periódico The Guardian, apunta a Marruecos como posible autor del espionaje a más de 200 teléfonos celulares españoles que habrían sido seleccionados como objetivos de vigilancia del cliente de la compañía israelí NSO Group.

En la lista de esos teléfonos infectados para ser espiados están el de la activista saharaui Aminatou Haidar y el periodista español especializado en Magreb, Ignacio Cembrero.

El listado de los teléfonos se cree que fueron seleccionados en 2019, de acuerdo con los datos de la investigación global sobre Pegasus en la que participó el diario británico.

Esa investigación incluye más de 50 mil números telefónicos de personas seleccionados como posibles objetivos de espionaje por parte de clientes de la compañía israelí NSO Group.

En un tema tan sensible para Marruecos como era el tema del Sáhara occidental, se documentó que un teléfono de la activista Aminatou Haidar fue objetivo de Pegasus desde 2018, en tanto que se detectaron señales del spyware en un segundo teléfono de la activista en noviembre de 2021.

Esta información se difundió a la vez que en España el escándalo político sigue teniendo en la mira al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), por la brecha en la seguridad nacional, primero con el espionaje líderes independentistas catalanes y nacionalistas vascos, y luego al ser espiados el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Defensa, Margarita Robles.

El gobierno ha sido muy enfático en señalar que el espionaje al jefe del Ejecutivo y a la ministra es de una fuente “externa” y que es “ilegal”, pero no ha hecho un señalamiento en concreto contra ningún país o fuerza externa.

Hoy mismo, en su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso, la ministra Robles defendió al CNI hablando de su orgullo por los 3 mil hombres y mujeres que trabajan en ese órgano de la inteligencia española, aunque por impedimento de ley no ofreció ninguna información que aclarara nada sobre el espionaje.

Este jueves está citada a la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, donde comparecerá la directora del CNI, Paz Esteban, con el fin de aclarar el espionaje denunciado por el gobierno y por los políticos independentistas. En el debate político ya se le señala como una posible pieza sacrificable para responder a la presión política por el espionaje de Pegasus en España.

Paralelamente, el caso ya está en manos de un juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, quien la víspera acordó incoar diligencias previas por el posible delito de descubrimiento y revelación de secretos tras la denuncia de la Abogacía del Estado por la infección con Pegasus de los teléfonos del presidente Sánchez y la ministra Robles.

El juez ha instruido al Ministerio Fiscal para que informe de toda la investigación que le permita determinar la naturaleza y circunstancia de los hechos objeto de la denuncia, así como de las personas que hayan participado.

De acuerdo al auto del juez Calama se pudo saber que el teléfono del presidente Sánchez fue espiado por primera vez el 19 de mayo de 2021, dos días después de que arrancara la crisis migratoria en la frontera ceutí con Marruecos, como reacción de este país en reproche contra España por haber recibido a Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, quien fue atendido al verse aquejado por la pandemia del covid-19, en un hospital de Logroño.

La segunda infección con el spyware al teléfono de Sánchez coincidió cuando el gobierno había aprobado los indultos a los presos del `procés´ catalán, con el objetivo de abrir un nuevo tiempo de diálogo.