CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente salvadoreño Nayib Bukele presumió que las autoridades de su país capturaron a 8 mil supuestos integrantes de pandillas durante 13 días del régimen de excepción que instauró a finales de marzo, el cual según Human Rights Watch (HRW) contraviene las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos.

Desde su muy activa cuenta de Twitter, el mandatario salvadoreño difundió un mensaje de la policía salvadoreña sobre la detención de 533 presuntos pandilleros –calificados de “terroristas”--, y lo acompañó con un hashtag “#GuerraContraPandillas”.

El régimen de excepción que Bukele instauró el pasado 28 de marzo, en reacción a unos días de violencia homicida extrema, dio pie a una serie de detenciones masivas, pero también a la puesta en marcha de una censura a la prensa, denunciada por el diario digital El Faro, que documentó cómo el gobierno del presidente actual pactó con las pandillas.

En días recientes, Bukele amagó desde su cuenta de Twitter que, en caso de continuar la violencia, las autoridades carcelarias dejarían de dar comida a los miles de reos amontonados en los reclusorios; el mismo mandatario ha acusado a periodistas, activistas y abogados de “defender” a las pandillas.

Las leyes que acompañaron el régimen de excepción disminuyeron de 16 a 12 años la edad para que un niño sea considerado responsable por pertenecer a “grupos terroristas o cualquier otra pandilla”, cargo por el cual los niños de 12 a 16 años enfrentarían penas de cárcel de hasta 10 años.

Una ley aprobada el pasado martes 5 también castiga con hasta 15 años de cárcel a quién “reproduce o transmite mensajes o declaraciones creados o supuestamente creados” por pandillas, los cuales “podrían generar un estado de ansiedad y pánico en la población”, una amenaza apenas velada a los medios de comunicación.

Según HRW, el régimen de excepción suspende el derecho a la libertad de asociación, la privacidad en comunicaciones –con un gobierno exhibido en el uso ilegal del spyware Pegasus–, el derecho a las personas de conocer la razón por la cual fueron detenidas y a ser representadas por un abogado.