GINEBRA (apro).- El gobierno de Cuba negó que haya presos políticos en las cárceles de ese país y descartó los cuestionamientos de los expertos del Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas (ONU), durante la evaluación del gobierno de La Habana sobre su cumplimiento de la Convención contra la Tortura.

“No son creíbles los casos mencionados por un miembro del Comité, no hay personas en Cuba privadas de libertad por el ejercicio de sus derechos humanos ni por sus posiciones políticas”, afirmó Rodolfo Benítez Verson, director general de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

“Es realmente lamentable que se pretenda presentar como supuestos prisioneros de conciencia o defensores de derechos humanos a quienes irrespetan la seguridad colectiva, el bienestar general, el orden público, la constitución y las leyes”, dijo Benítez durante la sesión que tuvo lugar en Ginebra, Suiza.

El pasado 21 de abril, el relator para Cuba y vicepresidente del CAT, Sèbastien Touze de Francia, preguntó a la delegación cubana sobre denuncias de tortura de los presos políticos, especialmente artistas y periodistas que fueron encarcelados en las protestas del 11 de julio. El experto se basó, entre otras fuentes, en un informe que presentó la respetada ONG Prisoners Defenders que acusa al menos mil 200 presos políticos sentenciados y sostiene que “el 100% sufren uno o más tipologías de tortura y malos tratos’’.

La nutrida delegación cubana no comentó sobre las duras sentencias aplicadas a personas que participaron en las manifestaciones ni cuántas personas fueron procesadas por el delito de “sedición”, una de las preguntas que hizo el experto mexicano Claude Heller, presidente del CAT, quien cuestionó también si estas sentencias “draconianas” contra los manifestantes perseguían inhibir futuras protestas.

Heller subrayó que el CAT “no es un órgano injerencista, no es un órgano político, no emite recetas, pero da recomendaciones que sí contribuyen al cumplimiento de la Convención contra la Tortura”.

Sobre la represión ejercida contra los manifestantes el 11J, Benítez presumió que “no es una práctica en Cuba el acoso, la amenaza, la violencia, el hostigamiento, ni la intimidación, el comportamiento de las fuerzas del orden interior se corresponden con los más elevados estándares internacionales y tiene su fundamento en el respeto a la dignidad humana, sin importar las creencias políticas”.

“En cuanto a los disturbios del 11 de Julio es importante que el Comité se atenga a la verdad sobre los sucesos burdamente manipulados por no pocos medios de comunicación. La verdad es que el gobierno de los Estados Unidos apostó por derrocar la revolución cubana a través de una intensa y muy bien financiada campaña político-comunicacional”, remarcó Benítez.

“Se perturbó el orden público con el deliberado propósito de subvertir el orden constitucional. Se alentaron hechos violentos y de extrema gravedad en el país que causaron lesiones y pusieron en peligro la seguridad colectiva de la vida de los ciudadanos, funcionarios y miembros de las fuerzas del orden”, argumentó.

Según el funcionario “no se detuvo ni sancionó a ninguna persona por el ejercicio de sus derechos reconocidos en la constitución, no se hizo en el contexto de los disturbios del 11J ni se hará en ningún otro momento”.

“Los juicios a los implicados se han realizado con observancia del debido proceso y garantías de los acusados”, agregó.

Otra de las preguntas del CAT era en relación con la privación de asistencia médica a los presos, a lo que Benítez reviró diciendo que “no se niega en Cuba la asistencia médica a ningún ciudadano en libertad o detenido por ningún motivo. Alegar que a determinadas personas no se les brinda asistencia médica por sus posiciones políticas es simplemente una burda mentira”.

En la sesión que tuvo lugar en la sede del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, Benítez criticó al Comité Contra la Tortura formado por expertos independientes de varias partes del mundo por las fuentes utilizadas para el examen. Una de las principales ONG que fue citada por el Comité es la icónica Prisoners Defenders, reconocida a nivel internacional por su labor en defensa de los derechos de personas privadas de la libertad.

“Llama la atención las fuentes de información referidas en preguntas realizadas por un miembro del Comité el pasado 21 de abril, no pueden ser creíbles sus burdas acusaciones”, dijo el embajador cubano en referencia a Prisoners Defenders.

Les echó en cara a los 25 expertos independientes del CAT “no tomar en cuenta a las ONG que están en Cuba”, sin embargo, es sabido que las organizaciones de la sociedad civil cubanas son financiadas por el oficialismo y alineadas al gobierno.

También descartó de manera categórica la existencia de trata en el país: “nos asombró escuchar a un miembro del Comité legitimando un informe sobre trata de personas elaborado por el gobierno de Estados Unidos para calificar otros países”.

En cuanto al número de detenidos en las prisiones y en centros de prisión preventiva, Benítez remarcó que “son erróneas las estadísticas que se mencionaron en la pasada sesión sobre las detenciones en Cuba así como su supuesto carácter arbitrario en determinados casos, las detenciones siempre se han realizado conforme a derecho.

Touze, el experto francés, refirió en la sesión anterior que Cuba es uno de los países con el mayor número de presos en el mundo con relación a su población con unos 122 mil con una condena, de los cuales 38 mil no tienen antecedentes penales.  “El 0.79% de los cubanos está en prisión”, mencionó.

Otro punto que se discutió fue la violencia de género y la negativa del gobierno de La Habana para tipificar en su legislación el feminicidio. El experto chino Huawen Liu lamentó que se nieguen a incluir el concepto de feminicidio en su legislación pues “ayuda a prevenir un tipo de conducta y comportamiento contra un grupo de población específico”.

De igual manera el CAT exhortó al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel a declarar una moratoria para la pena de muerte encaminado hacia la abolición de la práctica.

Finalmente, el gobierno de La Habana no contestó al CAT sobre el número de presos en las cárceles ni la cantidad de detenidos en prisión preventiva. Asimismo, negó hacinamiento y el mal estado en el que se encuentran centros de detención y cárceles achacando que no están en condiciones óptimas y deseadas “debido al bloqueo de Estados Unidos”.