MADRID (EUROPA PRESS) -El presidente de Chile, Gabriel Boric, señaló que mantendrá el estado de excepción anunciado por el anterior mandatario, Sebastián Piñera, hasta la fecha prevista, el 26 de marzo y ha indicado que está sopesando la posibilidad de indultar a aquellas personas que han sido condenadas en relación con el estallido social de octubre de 2019.

Boric, que asumió el cargo el pasado viernes, ha confirmado que, si bien levantará el estado de excepción decretado en la Macrozona Sur, su intención es mantenerlo hasta el final de la prórroga dado que es importante "hacer una retirada ordenada de las fuerzas de seguridad".

Así, ha explicado que la ministra del Interior, Izkia Siches, tiene previsto desplazarse a lo largo de la jornada a la Macrozona Sur, donde mantendrá varias reuniones con representantes de las distintas comunidades. Los alcaldes de la región de La Araucanía han enviado, además, una serie de propuestas en las que rechazan la violencia en la zona.

"Acá no se trata de que vengan los iluminados de La Moneda a decir lo qué hay que hacer en La Araucanía. Hay que escuchar también a quienes están en los territorios", han señalado los ediles en una carta conjunta a la que ha tenido acceso el diario 'La Tercera'.

Boric ha asegurado que se realizarán encuentros con alcaldes y gobernadores y ha expresado que espera que haya reuniones con el pueblo mapuche y familias y víctimas de delitos y actos de violencia.

Sobre las medidas a tomar a partir del 27 de marzo, cuando se levante el estado de excepción, Boric ha asegurado que se va a producir una "reorganización de las policías". "No puedo adelantarlo porque estas cosas no se anuncian por la prensa, se hacen", ha aseverado.

"Hay una conversación abierta y hay disponibilidad para poder llegar a acuerdos que permitan descomprimir el conflicto en la medida en que esto también garantice la paz y haya compensaciones justas, entonces tenemos que reconstruir las confianzas", ha afirmado.

En cuanto a la posibilidad de hacer uso del indulto presidencial en casos de condenas relacionadas con delitos en el marco del estallido social ha apuntado que "no descarta" otorgar el perdón presidencial.

El 10 de marzo, un día antes del cambio de mando, el Gobierno de Boric anunció la retirada de 139 querellas en el marco de la Ley de Seguridad del Estado contra personas detenidas durante el estallido, que comenzó en octubre de 2019 y provocó una fuerte ola de protestas contra el Gobierno de su predecesor, Sebastián Piñera.

La medida corresponde a la promesa de campaña de garantizar que dicha ley "no sea utilizada para la persecución injusta y desproporcionada". "Yo entiendo como movilización lo que pasó al frente de la Plaza de la Constitución (...), pero claramente la violencia no es la vía, y yo le digo a quienes permanentemente insisten en causar destrozos: solo se distancian de las causas que dicen defender. Y nosotros vamos a aplicar el rigor de la ley contra quienes crean que destruyendo el inmobiliario publico o privado puedan conseguir algo", ha puntualizado.

Respecto a la crisis migratoria que atraviesa el norte del país y que supone otro de los principales desafíos para el nuevo Gobierno chileno, el mandatario ha señalado que se renovará el estado de emergencia que rige en la zona.

"Se ha prolongado en una ocasión y nosotros decidimos solicitar prórroga. Yo ya firmé el decreto para solicitar la misma porque creemos que las condiciones que lo justificaron en una primera oportunidad siguen vigentes", ha insistido.

En este sentido, ha manifestado que "el peso de una crisis migratoria" no puede recaer "solo en un grupo de países, en este caso, Colombia, Perú y Chile". "Nosotros tenemos ideas de cómo hacer las cosas (...), pero es importante hacerlas desde el territorio y no solamente desde La Moneda", ha recalcado.