MADRID. (EUROPA PRESS) -La Asamblea Nacional de Nicaragua ha cancelado los permisos para seguir operando a más de una decena de asociaciones, entre ellas cinco universidades "rebeldes" que han sido símbolo en las protestas contra el mandatario Daniel Ortega, alegando supuestas irregularidades que ya han servido en el pasado para ilegalizar a partidos y organizaciones contrarios a las líneas defendidas por el Gobierno de Daniel Ortega.

El Parlamento, controlado por los fieles a Ortega, ha extendido el Decreto de Cancelación de Personalidades Jurídicas a la Universidad Católica del Trópico Seco (UCATSE), la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), la Universidad Paulo Freire (UPF), Universidad Popular de Nicaragua (UPONIC) y la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH).

Las autoridades esgrimen "el incumplimiento a sus obligaciones y la continua transgresión a las normas legales establecidas", como ha apuntado en un comunicado el Consejo Nacional de Universidades, que ha prometido la "continuidad académica" para los centros que se han visto afectados por la última medida, informa el Canal 6.

El diputado Filiberto Rodríguez ha asegurado que "muchas asociaciones y fundaciones se cobijan bajo las siglas sin fines de lucro" pero, en realidad, sí tendrían ese ánimo económico. "Es un proceso que va a continuar en la Asamblea Nacional y nadie debe de asustarse, porque es un proceso normal", ha esgrimido, según el diario 'La Prensa'.

Las universidades fueron uno de los focos de protestas en 2018, cuando miles de personas protestaron contra el Gobierno de Ortega en unas movilizaciones sin precedentes, por lo que en círculos opositores se entiende como otra medida represiva más por parte de las autoridades.

Entre la lista de organizaciones vetadas el miércoles por la Asamblea Nacional figuran también grupos vinculados a la Iglesia católica, así como otros como la Asociación de Cantautores Nicaragürenses y la Asociación de Ortodoncista de Nicaragua. El Gobierno esgrime en todos los casos irregularidades de tipo administrativo, no político.