LIMA (AP).– La decisión sobre si el destituido presidente peruano Pedro Castillo seguirá preso o sale libre vuelve a quedar en espera. El juez que debe pronunciarse sobre la prisión preliminar dará su criterio el jueves a las cinco de la tarde, tras la audiencia de la mañana en la que la Fiscalía pidió extender la prisión preventiva por 18 meses mientras el exmandatario es indagado por presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

En audiencia, convocada para el miércoles y aplazada al jueves, la Fiscalía y la defensa de Castillo expusieron sus argumentos ante el juez supremo Juan Carlos Checkley sobre si hay motivos para que el mandatario se mantenga en prisión preventiva.

Castillo se negó a ser notificado y no participó en la audiencia. Su defensa en la cita ante el juez fue asumida por un abogado de oficio. El abogado acreditado del exgobernante, Ronald Atencio, explicó a The Associated Press que no participa en la audiencia porque considera que “no existen mínimas garantías” y que el procedimiento contra Castillo se sigue tras una destitución que incumple las leyes.

El fiscal adjunto supremo Alcides Chinchay estimó en la audiencia que la pena a Castillo sería de 10 a 20 años de cárcel y que hay peligro de fuga porque México expresó voluntad de darle asilo. Agregó que entre los daños al Estado deben contemplarse los efectos del mensaje del exmandatario –“las preocupantes consecuencias del intento de golpe”, pronunció–, así como las protestas violentas sobrevenidas tras su destitución.

El abogado de oficio que asumió la defensa de Castillo, Ítalo Díaz, adujo que no hubo rebelión porque Castillo no se alzó en armas y que tampoco hay peligro de que el procesado obstaculice la investigación de la Fiscalía porque ya no es presidente. Sobre el asilo, matizó que la mención del canciller de México no implica que Castillo lo haya pedido.

Castillo fue detenido el miércoles de la semana pasada luego de dar un mensaje televisivo, como presidente de la República, en que anunció la disolución del Congreso y la intervención de varias entidades del Estado. En esa misma jornada fue destituido por el Congreso de su cargo y quedó detenido. Al día siguiente, un juez dispuso que siga cautivo siete días como medida de detención preliminar, que se cumplió el miércoles de esta semana.

Al agotarse el plazo, la Fiscalía hizo un nuevo pedido, la noche del martes, para extender la prisión preventiva a 18 meses. Mientras el juez no decida sobre este requerimiento, Castillo debe seguir cautivo. Si el magistrado Checkley acepta la solicitud, se prolonga la prisión al exgobernante.

La decisión sobre el estatus de Castillo coincide con la declaratoria de emergencia nacional decretada el miércoles por el gobierno de Dina Boluarte. Ante el incremento de las protestas sociales derivadas de la crisis política peruana, quedaron suspendidos por 30 días los derechos fundamentales de los ciudadanos y se movilizó a las fuerzas armadas para complementar la labor policial en la contención de las manifestaciones en todo el país.

Una semana de protestas suma ocho muertos y cientos de heridos.

El fiscal adjunto supremo Alcides Chinchay destacó que el día de su detención Castillo había pedido detener a la fiscal de la nación, Patricia Benavides, quien lo investiga por presuntos delitos de corrupción. Aclaró que este mensaje –que lanzó cuando se movilizada en comitiva por Lima después de pronunciarse en televisión para disolver el Congreso– no se extendía a otras autoridades, según ha declarado como testigo el exministro del Interior, Willy Huerta.

Castillo fue detenido después cuando, según la Fiscalía, iba a la embajada de México a asilarse.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha contado que Castillo lo llamó para pedirle asilo y que dispuso que se le permita el ingreso a la embajada en Lima.

La reacción de Perú ante el respaldo manifestado por Argentina, México, Colombia y Bolivia a Castillo, a quien siguen reconociendo como presidente peruano, ha sido el jueves llamar a consultas a sus embajadores en estos países.

“La presidenta representa al Estado dentro y fuera de la Nación, y dirige la política exterior", arranca el pronunciamiento de la ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Ana Cecilia Gervasi. Han señalado que la postura de las cuatro naciones vecinas es una "intromisión de los asuntos internos del Perú por parte de las más altas autoridades de los aludidos países”, afirmó la funcionaria del gobierno de Dina Boluarte.

El pedido de prisión preventiva de 18 meses también es para el exprimer ministro del Perú Aníbal Torres, que era asesor del gobierno de Castillo y cuya localización es desconocida. Sin embargo, reapareció en conexión virtual en la audiencia y se limitó a expresar conformidad con su defensa.

El juez tiene hasta el viernes de esta semana para decidir si ordena prisión preventiva para Castillo, pero anunció que se pronunciará la tarde del jueves.