Entendimiento Bicentenario

México y EU acuerdan 101 acciones para el “Entendimiento Bicentenario”

Los gobiernos pactan tres ejes de acción: proteger a nuestra gente, prevenir los delitos transfronterizos y perseguir las redes criminales
lunes, 31 de enero de 2022 · 19:10

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron hoy un paquete de 101 acciones conjuntas como parte del “Entendimiento Bicentenario”, el nuevo marco de colaboración binacional en materia de seguridad que sustituyó la Iniciativa Mérida.

Pese que ambos gobiernos no dieron a conocer la lista detallada de las 101 acciones, divulgaron los tres grandes ejes de acción de la colaboración: “proteger a nuestra gente”, “prevenir los delitos transfronterizos” –los tráficos de drogas, personas y armas, entre otros- y “perseguir las redes criminales –en materia financiera o de ciberespacio, por ejemplo-.

Según el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, el paquete de acciones viene acompañado de un “calendario” con metas trazadas en el tiempo, que las hace “verificable”; el político recalcó que este plan de acción es “fruto del trabajo de varios meses” y busca amarrar el Entendimiento Bicentenario en un “ambiente de reciprocidad y de respeto mutuo”.

De acuerdo con una síntesis informativa divulgada por la Cancillería, los gobiernos de México y Estados Unidos pusieron en un pie de igualdad el tráfico de drogas y el tráfico de migrantes –las prioridades de Washington- con el tráfico de armas, un tema que el gobierno mexicano puso en la agenda bilateral.

El eje relativo a las redes criminales busca desarticular circuitos financieros ilícitos mediante un mejor intercambio de información y colaboración jurídica, e intensificar la cooperación en materia de extradiciones “para facilitar el enjuiciamiento oportuno de los miembros de las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO, por sus siglas en inglés) y los delitos de alta prioridad".

 El eje “nuestra gente” aborda los delitos de homicidios y de consumo de drogas desde el enfoque de la salud pública o de “políticas sociales”, con el objetivo de promover medidas basadas en “evidencia científica”, fomentar “comunidades pacíficas”, “promover los derechos humanos” o “fortalecer la capacidad institucional de las autoridades encargadas de seguridad”.

 

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