MADRID (EUROPA PRESS).- El juez del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, Antonio Durán, que ha liderado las protestas de jueces contra el gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, denunció acoso de la Policía a las afueras de su domicilio.

"Por este medio denuncio ante el pueblo salvadoreño y la comunidad internacional el acoso de la Policía Militar y Policía Nacional Civil que está afuera de mi casa", informó a través de su cuenta en la red social Twitter, donde detalló que desconoce si se ha emitido una orden de arresto en su contra.

"De momento estamos bien", agregó, antes de afear a Bukele que diga que su gobierno "no es una dictadura". "No nos detendrán", aseguró.

Durán, acompañado de otros jueces y juezas, leyó el viernes un comunicado en el que se informaba que han presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra la Asamblea Legislativa y contra Bukele por la batería de reformas aprobadas por el Órgano Legislativo --aliado del presidente--. Entre otras cuestiones, las reformas significarán la expulsión de más de 150 jueces salvadoreños.

Más tarde, en un vídeo en directo recogido por el diario “El Salvador”, Durán, una de las voces más críticas contra la reforma, advirtió que este tipo de "hostigamiento" puede considerarse un "delito" y achacó lo ocurrido a una "labor de amedrentamiento".

Durante su intervención, insistió en criticar los ataques a la independencia judicial en El Salvador y pidió no "doblegarse" y no renunciar a "lo que queda del Estado de Derecho". De forma paralela, defendió el derecho a la manifestación de los miles de salvadoreños que salieron a las calles el miércoles pasado para protestar contra Bukele.

La reforma aprobada por la Asamblea Legislativa establece, en concreto, que todos los jueces y magistrados mayores de 60 años o con más de 30 años de servicio serán cesados de su cargo. Según los jueces, la medida viola los Derechos Humanos y laborales de los afectados y los magistrados no tendrían independencia para resolver procesos judiciales por temor a ser destituidos.

Diputados de oposición, juristas y defensores de la democracia han criticado este movimiento, señalando que se trata de un "tiro de gracia" o "golpe mortal" a la independencia del poder judicial en El Salvador. Además, han señalado que lo aprobado busca garantizar al oficialismo sus propios jueces.

La aprobación de las reformas tuvo lugar después de que el poder legislativo salvadoreño destituyera a varios jueces del Constitucional, un movimiento ampliamente criticado por la comunidad internacional al entender que se trata de un paso hacia el autoritarismo en el país centroamericano.