MADRID (EUROPA PRESS).- Alemania vuelve este 26 de septiembre a las urnas para decidir la composición de su Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento, mediante un complejo sistema de reparto que hace imposible saber cuántos diputados habrá en la próxima legislatura y que obliga a tirar de calculadora en un escenario abierto a todo tipo de pactos postelectorales.

En esta ocasión, unos 60.4 millones de ciudadanos están llamados a su cita con las urnas. Son alrededor de 1.3 millones menos que en los últimos comicios legislativos, fruto de un progresivo envejecimiento poblacional que provoca que más de la mitad del electorado tenga más de 50 años, según datos recogidos por la cadena Deutsche Welle.

En Alemania, como ocurre en España, el sistema parlamentario establece que los ciudadanos no son quienes eligen directamente a su futuro jefe de Gobierno, cargo para el que tienen opciones en esta ocasión el conservador Armin Laschet, el socialdemócrata Olaf Sholz y, en menor medida, la ecologista Annalena Baerbock.

La responsabilidad recaerá en los diputados que tomen posesión en octubre y, para ello, antes será necesario dirimir quiénes entran en el Bundestag. Los alemanes disponen de dos votos para elegir a sus representantes, el primero de los cuales determinará el candidato directo por cada una de las 299 circunscripciones.

Este sistema, según el cual resulta elegido el diputado con más número de apoyos en cada territorio, ha favorecido históricamente a los dos grandes bloques: Unión Demócrata Cristiana (CDU)-Unión Social Cristiana (CSU) y Partido Socialdemócrata (SPD).

La mitad restante del Bundestag sale del segundo voto, que va a parar a una lista de partido y ya no por circunscripciones uninominales, sino por regiones. El sistema Sainte-Laguë, similar al D'Hondt, entra en juego para terminar de conformar la Cámara Baja, en una variante que puede abrir la puerta a partidos más minoritarios.

Al reparto final, sin embargo, aún le resta incorporar los denominados escaños adicionales, en virtud de complejo sistema de compensación y proporciones que el Tribunal Constitucional obligó a reformar en 2012. Si un partido recibe en un land (estado) más escaños por la vía del primer voto de los que obtiene gracias al segundo, se añade un número equivalente de asientos.

En las elecciones de 2013, el Bundestag pasó de 598 a 630 escaños, mientras que en 2017 la cifra aumentó hasta 709.

Umbral del cinco por ciento

Para obtener representación parlamentaria, un partido está obligado a obtener al menos el cinco por ciento de los votos a nivel nacional o tres escaños de forma directa. No cumplir con al menos uno de estos requisitos deja a la formación en cuestión fuera del Bundestag.

La cláusula de exclusión, que abre la puerta a la entrada de grupos fuertes en ciertas regiones, data de la década de los 50 del siglo XX. Se concibió básicamente para frenar la entrada de grupos minoritarios que pudiesen desestabilizar el país, en un momento en el que Alemania tenía muy presente el escenario de la República de Weimar previa a la llegada del nazismo en 1933.

Los sondeos no anticipan grandes sorpresas en cuanto a representatividad parlamentaria, ya que en principio todos los partidos que podrían ser clave para la futura formación de Gobierno entrarán en el Bundestag. A ellos aspiran a sumarse también políticos que se presentan como independientes --en la legislatura saliente había seis--.

Una vez repartidos los escaños, los diputados determinarán en una votación secreta quién sucede a Angela Merkel como canciller de Alemania. El jefe o jefa de Gobierno tendrá a su vez la potestad de nombrar a los futuros ministros, aunque para entonces deberá estar claro con quién está dispuesto a pactar.

Tras las elecciones de 2017, fueron necesarios seis meses para consensuar una mayoría, y el actual escenario podría terminar abocando a Alemania a un tripartito inédito en el contexto federal en caso de que dos de los tres grandes partidos no sumen suficientes escaños por sí solos.