CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La reconquista del poder en Afganistán por parte de los talibanes puede barrer de golpe con las incipientes instituciones democráticas que esa nación intentó establecer con ayuda de la comunidad internacional.

En duda está la permanencia de la Constitución que –producto de una Asamblea Constituyente que sesionó en enero de 2004– estableció una “República Islámica” con forma de gobierno presidencial y un poder legislativo bicameral que buscaba una representatividad en función de provincias y sectores del país: la Cámara de Ancianos (llamada Meshrano Jirga) con 102 miembros; y la Cámara del Pueblo (Wolesi Jirga) con 250 representantes y en la que existía una cuota fija de 74 escaños para mujeres.

–¿Funcionaba esta forma de gobierno? ¿Era un sistema realmente representativo?.

–Lograba acomodar intereses que de otra forma hubieran ocasionado una mayor confrontación. Era un mosaico de intereses diversos que encontraban un espacio de encuentro, discusión, debate y de representación política… e incluso de canonjías, pero que daba una base de estabilidad política al país.

Carlos Navarro, director de Estudios y Proyectos Internacionales del Instituto Nacional Electoral (INE) responde a las preguntas de Proceso con conocimiento de causa: encabezó una delegación de cuatro funcionarios del entonces IFE que acudieron a Afganistán como parte de una misión internacional de observación electoral en los comicios legislativos del 18 de septiembre de 2010.

“Claro –advierte–, también es cierto que una parte de la población no estaba contenta con la ocupación extranjera. Eso se fue acentuando y fue creando bases de apoyo a los liderazgos que abiertamente cuestionan esa presencia externa.

“Y hay otro aspecto que no se debe desconocer: hay un conjunto de creencias, tradiciones y convicciones propias de una cultura e incluso de una religión que no sé hasta dónde realmente pueda ser comprendida por otros países. No se qué tan serio fue el esfuerzo por entender y por promover soluciones o propuestas que fueran acordes con las tradiciones o la cultura del pueblo afgano.”

–¿Se intentó imponer un modelo de democracia occidental en un país que tiene otra cultura y otra idiosincrasia para elegir a sus líderes y tomar decisiones?

–O al menos no hubo el cuidado de encontrar un buen punto de equilibrio. Lo que se buscaría es que estas propuestas de democracia occidental fueran por lo menos receptivas a las pulsiones internas de la sociedad a la que se llega o se pretende implantar.

A ello, Navarro agrega otro factor que inhibió el arraigo de un sistema democrático al estilo occidental: la pobreza en la que vive la mayoría de la población.

Explica que la presencia externa (miles de soldados, pero también técnicos y asesores que supuestamente buscaban el desarrollo económico y la construcción de instituciones) debía garantizar un poco de seguridad y estabilidad política, pero también mejores condiciones de vida. Pero eso no se logró y terminó por generar frustración en la sociedad afgana.

Además “no se puede entender el fenómeno de los talibanes sin su arraigo social. No puede uno decir que son un puñado de hombres con armas e ideas extrañas. Son mucho más que eso: representan el sentir de amplios segmentos de la sociedad”.

Elecciones fraudulentas

Producto de los Acuerdos de Bonn de diciembre de 2001, Afganistán celebró elecciones presidenciales en octubre de 2004 y legislativas en septiembre de 2005. Desde entonces los afganos han celebrado otros tres procesos electorales legislativos y presidenciales. En todos ellos han sido constantes la precariedad del sistema electoral, las irregularidades en la emisión y conteo de votos, las denuncias de fraude y los conflictos poselectorales.

Por ejemplo: en las elecciones presidenciales y regionales de 2009 “hubo fraude generalizado, una comisión electoral sesgada y una elección controvertida, elementos que empañaron la integridad de los comicios”, señala el informe Procesos de reforma electoral Afganistán-México, elaborado en octubre de 2011 por el entonces Instituto Federal Electoral (IFE).

“Lejos de fortalecer la credibilidad de las instituciones electorales, el proceso (de 2009) plantó duda y escepticismo en el electorado afgano y en la comunidad internacional sobre la capacidad de Afganistán de administrar elecciones creíbles y aceptables”, añade el informe, realizado tras la misión de observación electoral en la que participó Navarro.

Un año después –el 18 de septiembre de 2010– las irregularidades se repitieron en las elecciones legislativas, lo que derivó en un conflicto poselectoral en el que candidatos perdedores realizaron protestas e “impugnaron la autoridad” de los dos órganos electorales: la Comisión Electoral Independiente (CEI) –encargada de organizar las elecciones– y la Comisión Electoral de Quejas (CEQ) –responsable de solucionar las controversias–.

El informe del IFE expone que el entonces presidente afgano, Hamid Karzai, enturbió el conflicto cuando desconoció a la CEQ y, mediante un decreto, creó un tribunal especial para revisar los resultados electorales.

Las elecciones presidenciales más recientes –celebradas el 28 de septiembre de 2019–, en la que resultó ganador el presidente Ashraf Ghani, fueron impugnadas por el candidato que quedó en segundo lugar, Abdullah Abdullah, quien formó un gobierno paralelo al norte del país. La CEI demoró los resultados hasta diciembre de ese año debido a las sospechas de fraude y casi al mismo tiempo que los talibanes se preparaban para firmar un acuerdo de paz con Estados Unidos.

A partir de su experiencia en Kabul –en donde fue enlace entre los observadores internacionales que llegaron por invitación de la organización Democracy International y la CEI afgana–, Navarro expone los problemas que enfrentaba el sistema electoral de ese país:

De entrada, la dificultad para realizar comicios en “un entorno de inseguridad” donde “afloraban los conflictos, muchos de ellos armados”. El gobierno central nunca tuvo control pleno fuera de la capital y de varias ciudades, por lo que el acceso a comunidades rurales era inseguro y limitado.

Al mismo tiempo no había condiciones para la operación logística de los comicios. “En la zona montañosa, por ejemplo, sólo era posible llevar el material electoral (urnas, actas y boletas) por helicóptero, el cual lo dejaba caer sin seguridad de que no sería robado”, señala Navarro.

Luego, la inexistencia un padrón electoral completo y actualizado. El informe del IFE refiere que “no se ha logrado consolidar un registro de votantes que permita identificar y evitar la duplicidad de documentos para votar. Se estima que en Afganistán existen 17 millones de documentos de identificación, cuando sólo 12 millones de afganos estarían habilitados para votar”.

Navarro dice que durante las votaciones había “una gran cantidad de irregularidades”, entre ellas: robo y relleno de urnas, alteración de actas y voto “familiar” (donde el jefe de un clan determina el sentido del voto de todos sus integrantes).

–¿Los talibanes impedían las votaciones? –se le pregunta.

–El término talibán lo utilizábamos genéricamente para señalar a grupos locales que ejercían especies de cacicazgos territoriales, a veces con intereses contrapuestos a los del gobierno central.

–¿Qué tipos de intereses contrapuestos?.

–Por ejemplo, el cultivo del opio por parte de grupos locales o su oposición a los proyectos para explotar minerales.

Navarro señala otro hecho que provocaba suspicacias: la existencia de un comité que revisaba los antecedentes y los perfiles de los candidatos y en algunos casos los vetaba. Explica que ello se justificaba en virtud de razones de seguridad o para detectar si un candidato tenía antecedentes penales, pero como ese comité no tenía sustento legal ni reglas claras y precisas, pues en los hechos existía “un mecanismo de veto que utilizaba criterios discrecionales y arbitrarios”.

A Navarro se le recuerda que por ley las mujeres tenían una cuota fija en la Cámara de Representantes: 74 escaños. Comenta que ello significa un gran avance en una sociedad brutalmente patriarcal, pero hace notar que muchas de ellas aparecían en las boletas no porque hubieran decidido de manera independiente participar en la política, sino porque eran las esposas, hermanas o hijas de jefes de clanes, quienes previamente decidían su participación en función de los intereses familiares o tribales. “No había posibilidades de que mujeres sin un padrinazgo o protección pudieran competir. Procuraban que quienes fueran candidatas reflejaran el interés identificado con un liderazgo territorial más que por tener méritos propios”, explica.

Recuerda que, por razones culturales, “había reticencias para que aparecieran las fotografías” de las mujeres en los documentos de identificación. Si en los hombres la foto era obligatoria, en las mujeres era opcional. E incluso, a la hora de emitir su voto, se le dispensaba a una mujer con burka que pudiera mostrar su rostro para identificarla.

En suma, dice, Afganistán estaba lejos de cumplir los estándares internacionales en materia electoral, en cuanto a imparcialidad, credibilidad, libertad y transparencia, pero “el debate que se dio dentro de la misión internacional es que deberíamos ponderar también las complejas condiciones locales en que se desarrollaba la elección, así como el esfuerzo y compromiso de las autoridades electorales afganas para mejorar sus procedimientos”.

Y comenta que, tras los comicios de septiembre de 2010, los miembros de la misión internacional sostuvieron una reunión con el presidente de la CEI, Fazei Ahmed Manawl, quien “nos dijo: ‘Tengo poco tiempo de haber sido designado, pero tengo muy claro las características de nuestro proceso electoral. Soy consciente de las carencias y las limitaciones de nuestro sistema. Y sé que hubo fraude y muchas irregularidades, pero estoy concentrando todo mi esfuerzo en incorporar mejoras para que este proceso sea cada vez mejor’”.

Navarro comenta que le llamó la atención la honestidad de ese funcionario porque “uno no espera que el propio responsable de la organización de los comicios confiese de manera tan categórica que se cometieron serias irregularidades”.

–Pero se repitieron las irregularidades en los comicios que vinieron después.

–Pues sí… Era muy complicado asegurar que no se repitieran, pero estoy convencido de que esa autoridad electoral hizo un esfuerzo serio por inhibirlas o atemperarlas.

Reportaje publicado el 22 de agosto en la edición 2338 de la revista Proceso cuya edición digital puede adquirir en este enlace.