BOGOTÁ (apro).– El politólogo y economista haitiano Joseph Harold Pierre sostiene que tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse y la conformación de un nuevo gobierno al que rechazan la oposición política y la sociedad civil, su país está ante el riego de una guerra civil.

En entrevista con Proceso, el intelectual y dirigente cívico haitiano advierte que las precarias instituciones públicas están desbordadas por una severa crisis que se profundizó con la muerte de Moïse y en la cual confluyen “un caos social”, una “anarquía política” y un “orden criminal” que permea a todos los sectores.

Las bandas criminales, asegura, cuentan con miles de hombres armados con fusiles de asalto; controlan barrios y extensos territorios, extorsionan, violan mujeres, trafican drogas y, además, hacen política.

“En Haití –indica Joseph Harold Pierre— las elecciones no se ganan con votos sino con gente armada que presiona a los votantes y que organiza las manifestaciones para los políticos. Las bandas criminales también están vinculadas al gobierno, que las usa para mantenerse en el poder, y a los empresarios, que las usan para proteger sus negocios ante la debilidad de la policía”.

De acuerdo con el maestro en economía, en ciencias políticas y en administración pública, esta realidad político-criminal, que se exacerbó con el magnicidio de Moïse, constituye un “caldo de cultivo” para que estalle un conflicto armado interno en el país más pobre del continente.

Sobre todo, porque persiste la inestabilidad política a pesar de que el pasado martes 20 de julio el neurocirujano Ariel Henry conformó un nuevo gobierno con el respaldo de la comunidad internacional, que le retiró el apoyo al primer ministro Claude Joseph.

Dos días antes de su muerte, ocurrida durante la madruga del pasado 7 de julio, Moïse había designado primer ministro a Henry, pero este no alcanzó a tomar posesión y Joseph se aferró al cargo.

La lucha por el poder se decidió a favor de Henry cuando Joseph fue mencionado por exmilitares colombianos que participaron en el asesinato de Moïse como uno de los autores intelectuales del complot contra el presidente.

Henry cuenta con el respaldo de Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero el gobierno que integró es rechazado por la oposición y grupos de la sociedad civil que consideran que se incumplió el propósito de formar un gabinete de consenso.

En un comunicado, una coalición de dirigentes sociales que participó en las negociaciones con Henry con miras a estabilizar al país, señaló que el nuevo gobierno “no surge de ningún consenso con los actores de la sociedad civil que están unidos para encontrar una solución haitiana para la crisis”.

Y agregó que “las personas que forman parte de ese gabinete (nombrado por Henry) solo se representan a ellas mismas”.

Para Joseph Harold Pierre, el gran problema político, por ahora, es que el gobierno de Henry lo único que está haciendo es sustituir al gobierno de Moïse, y eso no resuelve la crisis política.

“Lo que necesitamos –dice el politólogo haitiano en entrevista telefónica— es un gobierno de transición que dé estabilidad al país y que permita organizar las elecciones presidenciales y legislativas pendientes, pero para eso se necesita un acuerdo político entre la sociedad civil y las elites políticas, económicas, intelectuales y religiosas”.

La gran pregunta, plantea el analista y coordinador del movimiento social NAPSA (siglas de Salvaremos Haití en creole haitiano) es “qué va a pasar el 7 de febrero de 2022”.

Joseph Harold Pierre explica que ese día concluye el periodo de gobierno de Moïse y debería tomar posesión un nuevo presidente, pero para ello tendrían que realizarse las elecciones presidenciales y legislativas programadas para septiembre próximo.

“Y la realidad –señala— es que no hay condiciones para llevar a cabo elecciones en septiembre”.

Primero, dice, porque se requiere un consenso político mínimo, que hoy no existe, para convocar a esos comicios. Segundo, porque el gobierno es muy débil. Y tercero, porque las autoridades electorales han dicho que no tiene capacidad logística ni personal ni presupuesto para organizar los comicios en septiembre, es decir, en dos meses más.

El politólogo explica que, además, los funcionarios electorales debieron juramentarse ante la Corte Suprema y no lo hicieron por el caos institucional que persiste en el país.

“Celebrar elecciones en septiembre significa empeorar la situación y encaminar a Haití a una guerra civil”, asegura.

De acuerdo con el académico, consultor internacional y dirigente social haitiano, otro factor que juega en contra de realizar elecciones este año es la inseguridad.

“Las bandas armadas controlan el país y los candidatos no van a poder hacer campaña, a menos que formen, como han hecho muchos grupos políticos en el pasado, sus propios contingentes armados, pero esto sería crearía aún más caos”, asegura.

La lógica político-criminal

Joseph Harold Pierre propone un acuerdo nacional entre todos los actores sociales, políticos y económicos para conformar un gobierno de transición –que podría ser encabezado por Ariel Henry— cuyo mandato sería estabilizar al país y convocar a elecciones presidenciales y legislativas para después de septiembre, una vez que se fortalezca el organismo electoral.

Pero al mismo tiempo, señala el candidato a doctor en ciencia política por la universidad inglesa Nottingham Trent, es necesario combatir la inseguridad pública con ayuda de la comunidad internacional.

El analista explica que la Policía Nacional de Haití (PNH) está “absolutamente rebasada” por el “orden criminal” que impera en el país, donde el Ejército fue disuelto en 1995 y, aunque Moïse quiso restablecerlo apenas logró reclutar a algunos cientos de soldados.

La PNH, por su parte, cuenta con unos 14,000 efectivos que en su mayoría carecen de una formación adecuada, tienen armas obsoletas para los desafíos que enfrentan y sus bajos sueldos propician que se vinculen con la delincuencia organizada.

De acuerdo con la investigación del asesinato de Moïse, en la que participan, además de la PNH, agencias de Estados Unidos, Colombia y Francia, al menos una treintena de policías fueron cómplices del homicidio del presidente pues permitieron a los asesinos entrar a la residencia.

El mismo jefe de seguridad de la residencia presidencial, Dimitri Hérard, está detenido por su activa participación en el reclutamiento de los mercenarios colombianos que asesinaron al mandatario y en la logística del complot.

Además de la generalizada corrupción de la policía haitiana, de su baja capacitación y de su limitada capacidad de fuego, es un hecho que el número de efectivos es insuficiente para un país que tiene 11.2 millones de habitantes.

Esto quiere decir que Haití tiene 112 policías por cada 100,000 habitantes, la cifra más baja del continente y un 62 por ciento por debajo de la media mundial, que según la ONU es de 300 policías por cada 100,000 habitantes.

En cambio, las bandas criminales, que cuentan con unidades armadas con fusiles automáticos, imponen su ley en los barrios de las áreas urbanas y en los territorios.

De acuerdo con el experto de la Red Latinoamericana de Seguridad de la Fundación Friedrich Ebert, Mariano Aguirre, las instituciones estatales “han desaparecido, al tiempo que se han multiplicado las bandas y la proliferación de armas”.

En la capital haitiana, Puerto Príncipe, actúan unos 95 grupos armados, asegura el especialista en paz y resolución de conflictos.

Un informe publicado este mes por el sitio especializado en seguridad Small Wars Journal y que es citado por Aguirre señaló que las bandas criminales haitianas tienen entre sus métodos de operación los asesinatos, las violaciones y el secuestro.

Y la nueva generación de integrantes de estas pandillas tiene antecedentes mercenarios y políticos.

“Las pandillas en Haití se han utilizado específicamente como instrumentos para la consolidación política. Estas bandas, conocidas como ‘baz’ o bandas de base, son instrumentos políticos. Comienzan como grupos de jóvenes, luego pasan a ser pandillas callejeras, y de ahí integran pandillas de tercera generación con objetivos políticos y territoriales”, indicó el reporte.

En esta lógica criminal dominante, no resulta extraño que el ahora ex primer ministro, Claude Joseph, haya sido mencionado por mercenarios colombianos como uno de los políticos implicados en el complot contra Moïse.   

El politólogo Joseph Harold Pierre considera que “tiene sentido” que la comunidad internacional le haya retirado el apoyo a Claude Joseph en su intento por permanecer como jefe de gobierno, aunque forma parte del gabinete de Henry, quien lo designó canciller como parte de las negociaciones políticas.

Barbiquiú

Un actor criminal que resulta muy ilustrativo para establecer los nexos entre la política y la delincuencia en Haití es Jimmy Chérizier, alias “Barbiquiú”, jefe de la coalición de pandillas conocida como “G9 an Fanmi e Alye” (Grupo de los 9 en familia y alianza) y probablemente el delincuente más poderoso del país.

Durante años, organizaciones de derechos humanos y la oposición política denunciaron la existencia de una alianza entre “Barbiquiú” y el presidente Moïse, lo que se constataba en hechos como la entrega de bolsas de alimentos en los barrios pobres de Puerto Príncipe por parte del jefe criminal y la policía, en perfecta coordinación.

Incluso hace un año, en una sorpresiva demostración de fuerza, medio centenar de hombres armados al mando de “Barbiquiú” desfilaron en Puerto Príncipe a plena luz del día en motocicletas y camionetas blindadas, lo que causó azoro entre el cuerpo diplomático.

El entonces ministro de Justicia, Lucmane Délile, calificó el hecho de “repugnante e inaceptable” y ordenó a la policía capturar a los criminales que participaron en esa marcha, tras lo cual fue cesado del cargo por Moïse. Los manifestantes armados nunca fueron detenidos.

Por eso resultó sorpresivo que el pasado 23 de junio, dos semanas antes del asesinato de Moïse, “Barbiquiú” apareciera en un video, en uniforme camuflado de combate y con decenas de hombres armados y con capuchas a sus espaldas, en el que instó a sus seguidores a prepararse para “la revolución”.

En ese acto que fue interpretado como una ruptura con Moïse, el jefe pandillero dijo que “G9 an Fanmi e Alye” sería ahora una “fuerza revolucionaria” que lucharía contra la oligarquía nacional que tiene a la población haitiana sumida en la pobreza y sin acceso a la educación y a la salud.

Por eso “Barbiquiú”, un exoficial de la policía, fue mencionado en un principio entre los posibles autores del asesinato de Moïse, aunque las sospechas se han disipado en la medida en que avanza la investigación y las pistas conducen en otra dirección.

Por si acaso, cuatro días después del magnicidio el jefe criminal subió a YouTube un video en el que llamó a esclarecer el homicidio de Moïse.  

“Le decimos a todas las bases que se movilicen, que se movilicen y salgan a las calles para que se arroje luz sobre el asesinato del presidente”, dijo “Barbiquiú” con vestimenta militar verde olivo y una bandera haitiana como fondo.

La ONG de defensa de derechos humanos Fondasyon Je Klere ha denunciado que algunas bandas criminales son aliadas del gobierno –como en su momento lo fue la organización de “Barbiquiú”—y otras a la oposición política, como la pandilla “Bout Janjan”, que es cercana al exdiputado Roger Milien.

“Desde hace un tiempo, la realidad de los barrios controlados por las bandas está marcada por una marcada polarización: bandas a favor del Gobierno o a favor de la oposición”, señala un informe de la ONG.

El politólogo Joseph Harold Pierre considera que se necesita un “mayor compromiso” de la comunidad internacional para atacar el problema de la inseguridad y los nexos de las bandas criminales con los grupos políticos.

“El asunto más apremiante es el de la seguridad y si para enfrentarlo se requiere la presencia temporal, por dos, tres o seis meses, de cascos azules de la ONU, que así sea, porque la policía haitiana es muy débil y las bandas armadas tienen más poder, más control del territorio”, asegura.

La semana pasada, por ejemplo, en medio de los funerales de Moïse, en Cabo Haitiano, su ciudad natal, integrantes de bandas criminales que se mezclaron entre la multitud hicieron disparos al aire que atemorizaron a las delegaciones extranjeras que asistieron al sepelio.

El funeral se convirtió en una masiva protesta para exigir el esclarecimiento del asesinato de Moïse y los hombres armados respaldaron a los manifestantes, algunos de los cuales increparon a la policía antimotines con frases como “espero que ‘Barbiquiú’ los mate” o “¿dónde estaban con sus armas cuando Jovenel (Moïse) los necesitaba?”.

Las protestas se han registrado en varias ciudades y el nuevo gobierno de Ariel Henry carece de respaldo popular. La oposición política y organizaciones de la sociedad civil se sienten relegadas de la negociación que buscaba un mínimo consenso para conformar un gobierno de transición y convocar a elecciones.

Y el crimen organizado, que tiene el mayor poder de fuego en el país, parece cada vez más dispuesto a incursionar de manera abierta en política y sin intermediaros, como lo ha hecho tradicionalmente.

Este domingo 25, Jimmy Cherizier, alias “Barbiquiú”, reapareció en un video que subió a YouTube en la que llama a los haitianos a sumarse a una gran manifestación para exigir justicia para Jovenel Moïse.

“Si no hay rápidamente un acuerdo nacional entre los diferentes actores políticos, sociales, empresariales, académicos y religiosos, nos encaminamos a una guerra civil”, dice el politólogo, economista y dirigente social Joseph Harold Pierre.