KIGALI (DPA/EP).– El gobierno de Ruanda negó este sábado que haya empleado el software Pegasus para espiar, en un nuevo episodio del escándalo que ha afectado a países africanos y que ha llevado a Francia a iniciar una investigación al respecto.

“Ruanda no hace uso de este software, tal y como dijimos en noviembre de 2019, ni tenemos la capacidad técnica para hacerlo en modo alguno”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Vincent Biruta.

Biruta añadió que “estas falsas acusaciones son parte de una campaña en curso para provocar tensiones entre Ruanda y otros países, y para sembrar la desinformación sobre Ruanda tanto en el interior como el extranjero”.

La declaración tiene dos días después de que Francia anunciara una investigación al respecto tras conocer que el presidente del país, Emmanuel Macron, fuera objetivo de estos actos de espionaje ocurridos hace dos años. Ruanda fue acusada de espiar al presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, y a la familia del héroe Paul Rusesabagina, crítico del presidente ruandés, Paul Kagame.

Según Amnistía Internacional, las autoridades de Ruanda podrían haber utilizado Pegasus para vigilar a más de tres mil 500 activistas, periodistas y políticos.

El software espía, fabricado por la empresa israelí NSO, está diseñado para identificar debilidades de seguridad en los teléfonos inteligentes para poder acceder a los datos almacenados en ellos. NSO ha negado todas las acusaciones hechas en su contra.

El portavoz del gobierno francés, Gabriel Attal, calificó el lunes la revelación de la existencia de Pegasus como "extremadamente impactante" e indicó que se realizarán "investigaciones" y se solicitarán "aclaraciones".

En el listado de teléfonos espiados con Pegasus presuntamente por gobiernos están, por ejemplo, la esposa y la prometida del periodista disidente saudita Yamal Jashogi, asesinado en el Consulado saudita en Estambul.

En la lista figuran también periodistas de la CNN, The Associated Press, Voice of America, The New York Times, The Wall Street Journal, Bloomberg, Le Monde, Financial Times, Al Yazira y Proceso.

La pesquisa está a cargo del consorcio de medios Forbidden Stories, con sede en París, que asegura que las pruebas han sido obtenidas de los propios teléfonos a través de un análisis forense realizado por el laboratorio de seguridad de Amnistía Internacional.