MADRID (EUROPA PRESS).– El Departamento de Justicia de Estados Unidos decidió que no investigará la gestión de las autoridades neoyorquinas sobre el impacto inicial del coronavirus en las residencias de ancianos del estado, muy criticada incluso por su propia fiscalía.

Un informe interno de la fiscal general de Nueva York, Laetitia James, publicado en enero, denunciaba que el estado había ocultado deliberadamente las cifras reales de fallecidos en las residencias. El número, según las estimaciones de la Fiscalía, podría ser hasta un 50 por ciento superior a lo publicado.

De hecho, y tras la publicación de ese informe, responsables del Departamento de Salud del estado agregaron más de tres mil 800 muertes a su recuento, que representan a los residentes de hogares de ancianos que habían muerto en hospitales.

Ahora mismo, y según la organización Long Term Care, unos 15 mil ancianos bajo cuidado han muerto en el estado desde el inicio de la pandemia; casi 14 mil de ellos en residencias.

Sin embargo, el fiscal adjunto, Joe Gaeta, comunicó al diputado republicano local Lee Zeldin que el Departamento de Justicia no tiene intención de iniciar una investigación federal a tenor de las conclusiones recogidas por su división para los Derechos Civiles, informa The New York Times.

En las conclusiones se apunta que solo el 7 por ciento de los 630 hogares de ancianos de Nueva York son administrados por agencias gubernamentales estatales o locales. Sin embargo, los críticos denuncian que el estado sí es responsable de las políticas de prevención y contención de la enfermedad en las instalaciones.

De hecho, los legisladores críticos recordaron la existencia de una directiva estatal emitida en marzo de 2020 que requería que las instalaciones recibieran residentes de covid-19. La norma, que fue rescindida semanas después, provocó que muchos operadores de hogares de ancianos acogieran a los residentes que eran positivos para la enfermedad infecciosa, lo que provocó una propagación adicional dentro de las instalaciones.

No obstante, la decisión no indica el fin de una investigación criminal en curso del gobierno contra la administración del gobernador, Andrew Cuomo, porque la oficina del fiscal de Estados Unidos en Brooklyn también está examinando las gestión de los hogares de ancianos del estado.