CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Por mandato judicial, a partir de este viernes las autoridades de Estados Unidos dejarán de realizar nuevos trámites para el programa que impide la deportación a los inmigrantes que fueron llevados por sus padres cuando eran pequeños.

La resolución del juez federal con sede en Texas aclaró, sin embargo, que los cientos de miles de personas ya inscritas no se verían afectadas hasta que se dicten nuevos fallos.

Según la información difundida por la agencia Reuters, el juez de distrito Andrew Hanen se puso del lado de un grupo de estados que demandaron para poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), argumentando que fue creado ilegalmente por el expresidente Barack Obama en 2012.

Hanen descubrió que el programa violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) cuando se creó, pero dijo que, dado que había muchas personas actualmente inscritas en el programa, casi 650 mil, su decisión se suspendería temporalmente para ver sus casos y sus solicitudes de renovación.

“Para ser claros”, dijo el juez, la orden no requiere que el gobierno tome “alguna acción de inmigración, deportación o criminal contra cualquier beneficiario de DACA”.

El magistrado dijo además que el gobierno podría seguir recibiendo nuevas solicitudes para el programa, como lo ordenó un juez federal en un caso separado, pero que no podía aprobarlas.

La Casa Blanca y el Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

El presidente demócrata Joe Biden, quien era vicepresidente cuando Obama creó el programa, ha dicho que quiere crear un camino permanente hacia la ciudadanía para los beneficiarios del DACA, conocidos como dreamers.

Biden emitió un memorando en su primer día en el cargo ordenando al secretario del Departamento de Seguridad Nacional que tomara “todas las acciones que considere apropiadas” para “preservar y fortalecer” el programa, que el expresidente republicano Donald Trump intentó cancelar.

El argumento de los demandantes es que el programa es ilegal y representa una carga económica para los estados por su obligación de dar a los dreamers atención médica, educación y la aplicación de la ley. (Con información de la agencia Reuters)