MADRID (EUROPA PRESS).- Un tribunal de Nicaragua ordenó este miércoles el arresto de la opositora y precandidata Cristiana María Chamorro, por supuestos delitos de lavado de dinero, gestión abusiva y falsedad ideológica, a través de su fundación, en medio de las especulaciones sobre su posible candidatura a las presidenciales del próximo 7 de noviembre.

La investigación involucra no solo a Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), sino también a un grupo de personas relacionadas con una docena de medios de comunicación opositores al gobierno de Daniel Ortega, por la supuesta violación de la ley de 2018 contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Un día antes de la decisión del tribunal, la Fiscalía solicitó la inhabilitación de Chamorro para ostentar cargos públicos, así como una serie de medidas cautelares para evitar su salida del país y su comunicación con otros colaborares.

De acuerdo con las autoridades nicaragüenses, Chamorro habría utilizado la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia (FVBCH), que dirigió hasta enero pasado, para llevar a cabo un delito de lavado de dinero.

Chamorro, quien tenía previsto dar una rueda de prensa para abordar estas acusaciones en su contra, se encontraba en su domicilio cuando los policías irrumpieron en el inmueble, según el diario nicaragüense ‘La Prensa’.

“La Policía orteguista ejecuta un allanamiento ilegal en la casa de mi hermana Cristiana Chamorro, precandidata presidencial, objeto de un proceso criminal persecutorio”, denunció en Twitter Carlos Chamorro, hermano de la detenida y director de ‘Confidencial’, diario registrado por las autoridades en los últimos días.

Nicaragua se encamina a las peores elecciones: OEA

Horas antes de que se conociera la orden de detención, la Organización de Estados Americanos (OEA) denunció la petición de inhabilitar a Chamorro y aventuró que “Nicaragua se encamina a las peores elecciones posibles”.

“Este nuevo atentado a la democracia verificado imposibilita más aún la existencia de elecciones libres, justas y transparentes en el país. Acciones como ésta restan toda credibilidad política al gobierno y a los organizadores del proceso electoral”, señaló la Secretaría General de la OEA en un comunicado.

Añadió: “La utilización del Ministerio Público” y “el manejo politizado de la justicia y la prohibición de facto de candidatos” violan la Carta Democrática Interamericana, la Carta de la OEA, los instrumentos en materia de Derechos Humanos y los pactos internacionales de los cuales Nicaragua es parte.