MADRID (EUROPA PRESS).- El diario venezolano El Nacional acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para lograr la restitución de su sede en la capital de Venezuela, Caracas, embargada por las autoridades como parte de una indemnización por una demanda interpuesta por el número dos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.

Así lo ha señalado el bufete de abogados Cremades y Calvo Sotelo, que representa al director y presidente de El Nacional, Miguel Henrique Otero, en España, despacho que ha sostenido la necesidad de acudir a instancias internacionales para recuperar la sede del periódico porque en Venezuela "la ley es papel mojado".

El presidente y fundador de Cremades y Calvo Sotelo, Javier Cremades, detalló que las acciones legales que se presentarán ante la CIDH se amparan en la Convención Americana de Derechos Humanos y especificó que las líneas que se seguirán en el caso se centran en la protección de los artículos 13, 21, 8 y 25, que garantizan el derecho a la libertad de expresión, a la propiedad y a las garantías procesales.

Cremades, que se ha mostrado "convencido" de que el caso terminará con "una condena del régimen", dijo en rueda de prensa que en Venezuela se da una "lucha dramática" en la que no hay "imperio de la ley".

"Los límites no existen desde hace muchos años en Venezuela", lamentó, antes de recordar que una democracia sin libertad de expresión y sin periodismo profesional "no es concebible".

De forma paralela, defendió que El Nacional "no es un medio cualquiera", sino que es "una institución" que "galvaniza la sociedad y marca un rumbo y agenda de valores cívicos y sociales".

"Todo eso se está atacando" dijo, subrayando que pretenden una "sentencia condenatoria que incluya la restitución del bien (la sede)".

Las acciones internacionales en el caso de 'El Nacional' no acabarán en la CIDH. Además, según ha explicado el socio de Cremades y Calvo Sotelo Juan Carlos Gutiérrez, acudirán a Naciones Unidas y al Tribunal Penal Internacional (TPI), aunque de estas acciones no se espera una condena al Gobierno de Nicolás Maduro.

En concreto, en Naciones Unidas se busca que la Oficina de Derechos Humanos, en boca de su Alta Comisionada, Michelle Bachelet, emita una "comunicación" o una "declaración" sobre el caso de El Nacional. En el caso del TPI, los afectados buscan "añadir información" a ciertos procesos que ya están en curso en el tribunal.

El abogado también aludió a las "responsabilidades individuales" que pueden derivarse del embargo de la sede de 'El Nacional', ejecutado el 15 de mayo, y aludió a la necesidad de que los implicados "rindan cuentas".

En este contexto, ha calificado el embargo de "acto indiscutible de persecución" y un "envite al derecho a la libertad de expresión en Venezuela", que "forma parte de un patrón sistemático" en el país caribeño, "particularmente desde la asunción de Maduro" como presidente.

La Justicia venezolana embargó la sede del diario 'El Nacional' para cubrir parte de una indemnización por una demanda interpuesta contra el medio por Cabello por daño moral. Cabello demandó al periódico en agosto de 2015 por difamación, después de que el medio dirigido por Otero se hiciera eco de una noticia publicada en el diario español 'ABC' que le vinculaba con una investigación por narcotráfico.

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dictó una sentencia el pasado 16 de abril contra 'El Nacional' en la condenaba al medio a pagar a Cabello por daños morales 237.000 petros, lo que equivale a 13 millones de dólares (unos 11 millones de euros).

No “ceder” y “resistir”

Otero, presente en la rueda de prensa, defendió que El Nacional no difamó a Cabello y que la noticia en cuestión apareció en más medios de comunicación. Así, vinculó lo ocurrido con la "política del Estado" venezolano contra los medios de comunicación y la libertad de expresión.

En este contexto, señaló que el proceso, desde el inicio, ha estado "plagado de irregularidades". "La sede está tomada, invadida por la Guardia Nacional (Bolivariana)", indicó, antes de subrayar que el caso es una "violación absolutamente flagrante de todos los derechos".

Asimismo, reveló que la sede está valorada en 40 millones de dólares (más de 32.7 millones de euros), lo que cubre de sobra la indemnización a Cabello. Sin embargo censuró que, en su programa --Con el mazo dando–, el número dos del PSUV ha señalado que "no le satisface" lo que cuesta el edificio que alberga la sede.

"En Venezuela la justicia no existe y estos instrumentos judiciales pasan todas las irregularidades y Diosdado da las órdenes", ha agregado, remarcando que defender 'El Nacional' es "defender la libertad de expresión y la democracia".

"Vamos a seguir resistiendo, vamos a seguir informando sin cortapisas y diciendo la verdad. No vamos a ceder en la defensa de la libertad de expresión", garantizó.

Del mismo modo, Otero responsabilizó a Cabello, Maduro y el Gobierno de Venezuela si algo le ocurre al abogado que lleva la causa en Venezuela o a su hijo, Jorge –"el más vulnerable", ha dicho–, que es el gerente de 'El Nacional' y se encuentra físicamente en el país caribeño.