BOGOTÁ (apro).- La Fiscalía la Defensoría del Pueblo de Colombia reportaron este lunes que 321 manifestantes que participaban en las protestas sociales que se registran desde hace 13 días en el país se encuentran desaparecidos.

En un comunicado, la Fiscalía señaló que 227 manifestantes reportados como desaparecidos ya fueron localizados; 168 son buscados por equipos de la institución, de la Defensoría del Pueblo (organismo encargado de proteger los derechos humanos) y del servicio médico forense, y otros 153 casos están en proceso de verificación.

De acuerdo con esta información, siguen desaparecidos 321 manifestantes, y de los que han sido localizados, dos fueron encontrados sin vida.

El presidente Iván Duque, quien realizó esta madrugada una fugaz visita a Cali, epicentro de las protestas y de la represión, anunció en esa ciudad del suroccidente colombiano el envío de más tropas para “mantener el orden”, lo que fue considerado por dirigentes sociales como una señal de que el mandatario “está empeñado en la opción militar” para responder a las protestas.

Los efectivos de la policía y el Ejército que viajan a Cali reforzarán un operativo en el que ya participan 12,100 uniformados que patrullan las calles con tanquetas y vehículos militares y que instalaron barricadas en varios sectores.

Según las ONG Indepaz y Temblores, de los 39 manifestantes muertos a manos de la policía, el 70% (28) se han registrado en Cali.

El director del Indepaz, Camilo González Posso, dijo a Proceso que en esa ciudad la policía y el Ejército han desplazado a las autoridades civiles y han asumido el “control total” del espacio urbano, lo que es anticonstitucional y ha generado “una brutal represión” de la protesta social.

“Tenemos reportes, soportados en videos, de que hay grupos paramilitares o parapoliciacos que actúan en Cali atacando con armas de fuego a los manifestantes, y hemos visto cómo estos grupos cuentan con la protección de la policía”, señaló González Posso.  

Varios videos divulgados en las últimas horas en las redes sociales muestran a civiles disparando a indígenas que mantienen bloqueadas varias calles de Cali.

Uno de los videos muestra a un grupo de civiles que sube a una furgoneta de la policía. Dirigentes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la organización que lidera las protestas en Cali, denunciaron que esas personas son utilizadas por los uniformados para infiltrarse en las manifestaciones y causar desórdenes a fin de responsabilizar a los paristas.

Los indígenas --que reportaron nueve heridos de bala durante los ataques, uno de ellos de gravedad-- fueron acusados de vandalizar una zona habitacional en el sur de la ciudad y de disparar contra civiles.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo que nunca ha visto que los indígenas, que llegaron procedentes de varias regiones del suroccidente colombiano, utilicen armas en las protestas.  

El presidente Duque, quien había sido criticado por todos los sectores políticos por su negativa a visitar Cali, finalmente lo hizo esta madrugada, pero en vez de reunirse con los dirigentes sociales, indígenas y estudiantiles que coordinan las protestas realizó un consejo de seguridad en el que se rodeó de los comandantes de las Fuerzas Militares, del Ejército, la policía, la Armada y la Fuerza Aérea.

La furtiva visita de Duque a la ciudad más golpeada por la represión de la fuerza pública duró apenas cuatro horas y el mandatario aprovechó para anunciar que enviará más tropas que se sumarán a los 12,100 policías y soldados que desde hace varios días permanecen acantonados en Cali.

El alcalde Ospina rechazó la militarización de la ciudad y dijo que lo que hace falta es diálogo con las organizaciones sociales que promueven las protestas.

“No más hombres armados en las calles, eso genera tensión y violencia”, dijo Ospina a periodistas y también llamó a los manifestantes a desbloquear las calles y los accesos a la ciudad porque eso “le resta apoyo popular” al movimiento.

Los bloqueos han causado desabasto en Cali y en las principales ciudades de Colombia, en particular de productos agrícolas y combustible.    

La subsecretaria de Derechos Humanos de Cali, Natali González, denunció que cada vez hay más casos de civiles armados que transitan en lujosas camionetas por la ciudad y disparan contra jóvenes que están en la calle, manifestantes y puestos médicos, en especial por las noches.

“Estas son flagrantes violaciones a los derechos humanos contra misiones médicas y manifestantes pacíficos que piden ayuda para sus familias por la pobreza que los golpea en medio de la pandemia del covid-19”, aseguró.

Mientras activistas humanitarios formulan llamados a detener la violencia y a investigar los ataques armados de civiles, el expresidente Álvaro Uribe, mentor político de Duque y líder del gobernante partido Centro Democrático (CD), pidió “el inmediato copamiento militar de Cali” y poner presos “a los vándalos domésticos y a las hordas de terroristas que han invadido la ciudad”.

El CD secundó a su líder y pidió a Duque en un comunicado una “acción militar contundente y sostenida en la ciudad de Cali para restablecer el orden público en el marco de la Constitución y de los derechos humanos”.

El representante de Naciones Unidas en Colombia, el mexicano Carlos Ruiz Massieu, llamó en cambio a que se garantice el derecho a la libertad de reunión pacífica y a la protesta e instó al gobierno de Duque a que toda acción de la fuerza pública se ajuste plenamente al respeto por los derechos humanos.

Duque se reunió a tarde de este lunes con representantes del Comité del Paro que le pidieron el cese de la represión policiaca y le presentaron un pliego de peticiones que incluye parar la reforma al sistema de salud que promueve el gobierno y una renta básica universal de por lo menos un salario mínimo vigente para 30 millones de colombianos en condición de pobreza y vulnerables.

“En esa reunión denunciamos el uso desmedido de la fuerza por parte de la policía y el Ejército contra los manifestantes y el ataque indiscriminado que grupos y bandas paramilitares realizan hacia quienes ejercemos el derecho a la protesta. Hemos exigido que se pare esta masacre”, dijo el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés.

Duque insistió en el levantamiento de los bloqueos, pero según Maltés no se llegó a ningún acuerdo porque el gobierno “no mostró ninguna empatía con las víctimas de la policía ni con las peticiones que nos llevaron a este paro nacional”.

Además, añadió, Duque “no asumió el compromiso de parar la represión y, sin eso, para nosotros no hay garantías”.