MADRID (EUROPA PRESS).- El Acuerdo de Escazú entró en vigor este jueves en coincidencia con el Día de la Tierra, convirtiéndose en el primer pacto medioambiental de la región latinoamericana que "servirá de guía para construir un futuro distinto".

La entrada en vigor se celebró a través de una reunión virtual organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en la que participaron representantes de Exteriores de las naciones que ratificaron el acuerdo y representantes de organismos internacionales.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, cuenta con la ratificación de 12 países y la firma de otros 24.

La secretaria general de la CEPAL, Alicia Bárcena, destacó en el encuentro que el acuerdo supone una reflexión sobre "el estrecho vínculo entre los Derechos Humanos y la construcción de un desarrollo más sostenible, inclusivo e integrador".

También ofrece "un camino de diálogo para avanzar en la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en un momento tan complejo como el que la región y el mundo están viviendo". En definitiva, guía "las respuestas para construir mejor".

Además, con la entrada en vigor del acuerdo, América Latina y el Caribe "está escribiendo un nuevo capítulo en materia de fortalecimiento de la democracia ambiental y el desarrollo sostenible", agregó Bárcena, quien abogó por "recuperar la política como instrumento de cambio para generar bienes públicos y pactos duraderos".

Asimismo, participó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que felicitó a los países latinoamericanos por este hito y calificó al acuerdo como "una de las herramientas más eficaces para responsabilizar a los Estados, defender los derechos y proteger la salud de las personas y del planeta".

El Acuerdo de Escazú es un tratado regional sobre el medioambiente considerado el primer gran pacto medioambiental de América Latina y promovido por la CEPAL, en el que se incluyen preceptos como el derecho a un medioambiente sano y garantías para la protección de las personas defensoras del medioambiente.

Fue adoptado en marzo de 2018 en la localidad costarricense de Escazú, tras seis años de trabajo y de negociación entre los Gobiernos de la región, y con la ratificación de México y Argentina el pasado 22 de enero se sumaron las ratificaciones necesarias para su entrada en vigor.

Por el momento, solo ha sido ratificado por Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Uruguay, Antigua y Barbuda, Guyana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Bahamas, México y Argentina, con ausencias de países como Colombia, donde la inseguridad contra los defensores es creciente, o Brasil, que enfrenta los graves problemas de explotación del Amazonas. Tampoco ha sido ratificado por Costa Rica, nación en la que se firmó.