MADRID (EUROPA PRESS).- Las autoridades brasileñas emitieron una orden de búsqueda y captura contra el empresario Christian Pinto Faria por intentar vender 250 millones de vacunas contra el coronavirus al Ministerio de Salud sirviéndose de un documento de exclusividad falso con la farmacéuticas AstraZeneca.

Pinto Faria es el principal sospechoso de la operación 'Taipan'. A principios de enero el empresario brasileño envío un correo electrónico al Ministerio de Salud en el que se presentaba como representante en exclusiva de la compañía británica para vender su vacuna en Brasil a través de su empresa, Biomedic, con sede en la ciudad de Vila Velha, en Espíritu Santo.

Después de este primer mensaje, Pinto Faria también se puso en contacto con el secretario ejecutivo de Salud, Élcio Franco, a quien le reiteró su oferta y se fijó una reunión para el pasado 23 de febrero, tal y como señala la investigación de la Policía Federal.

No obstante, antes del encuentro, según apunta la Fiscalía, el Ministerio de Salud le hizo saber del mismo a AstraZeneca, que negó tener algún tipo de conocimiento acerca de ese contrato y esa persona, informa 'Folha de Sao Paulo'.

Aún con esa información, las autoridades brasileñas celebraron la reunión en la que Pinto Faria reconoció que no existía tal relación con la farmacéutica, pero emplazó al Ministerio a hacer negocios con la empresa de un amigo, Edmo Dias, quien también está siendo objetivo de persecución por parte de la Policía.

Días llegó a presentar un modelo de documento de intenciones que debería haber ido a parar a manos del por entonces ministro de Salud, Eduardo Pazuello, aunque los investigadores sospechan que dicho documento habría pasado anteriormente por los despachos de gobernadores estatales.

Durante el registro de las instalaciones de Biomedic, la Policía encontró centenares de frascos en los que se almacenarían las falsas vacunas, puesto que la investigación no descarta que el supuesto producto siquiera existiera.

Los sospechosos se enfrentan a varios delitos, entre ellos malversación, falsificación documental, corrupción y adulteración de productos con fines médicos.