MADRID (EUROPA PRESS).– El juez argentino Martín Bava, al frente de la investigación de la causa de espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, procesó este miércoles al expresidente Mauricio Macri, le prohibió salir del país y le embargó 100 millones de pesos argentinos (casi 875 mil euros).

Actualmente, Macri está de viaje en Chile, donde este mismo miércoles visitó el palacio presidencial de La Moneda y se reunió con el presidente chileno, Sebastián Piñera, por lo que Bava precisó que la orden de no abandonar el país entrará en vigor "a partir de su reingreso a Argentina".

Bava concluyó en su fallo que, durante el gobierno de Macri, la inteligencia argentina autorizó el espionaje a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, que desapareció el 15 de noviembre de 2017 con 44 personas a bordo, por lo que encontró al exmandatario “penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor” en “concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público”.

A esto se suma que el juez, en la sentencia, prohibió a Macri “ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal", recoge La Nación.

“Persecución política”

Por su parte, el exmandatario argentino denunció estar viviendo un caso de "persecución política" en su contra, aunque esto es "mucho más incómodo" para la propia justicia argentina.

"He dicho que es una persecución política que termina en esto que todos sabíamos, pero más incómodo es para la propia justicia argentina tener jueces como el juez Bava. Eso es mucho más incómodo", señaló Macri, según informó el diario argentino Clarín.

Además, respecto al embargo de los casi 875 mil euros, aseguró que cumplirá con la norma "como corresponde", aunque adelantó que apelará la decisión.

A Macri se le imputaban seis presuntos hechos delictivos por toma de fotografías, búsquedas en redes sociales, seguimientos, infiltraciones en marchas y testimonios, actuaciones que según el juez no guardaban relación con la seguridad del presidente, sino que se trataban de tareas de "inteligencia ilegal" que buscaban controlar las protestas e influir en la opinión pública frente a las demandas de los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, pidiendo medios para encontrar a los militares.

La última comunicación con el ARA San Juan fue durante la mañana del miércoles 15 de noviembre de 2017, mientras navegaba en el golfo de San Jorge rumbo a mar del Plata con 44 personas a bordo, cuando la nave informó que realizaría una inmersión para que descansara la tripulación tras el esfuerzo de navegar en superficie en medio de una tormenta. Un año después, el 11 de noviembre, el submarino fue encontrado.