MADRID, Esp. (Europa Press).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que prohíbe las transacciones con ocho aplicaciones de telefonía móvil chinas, incluidos varios servicios de pago, ante lo que describió como "una amenaza a la seguridad nacional".

El mandatario detalló en su orden que "deben darse pasos adicionales para hacer frente a la emergencia nacional con respecto a las tecnologías de la información y la comunicación", antes de apuntar concretamente a "el ritmo y omnipresencia de la difusión en Estados Unidos de ciertas aplicaciones de telefonía móvil y ordenador y otro software desarrollado o controlado por personas de China".

El mandatario manifestó que esto "sigue amenazando la seguridad nacional, política exterior y la economía de Estados Unidos" y argumentó que el acceso a estos dispositivos permite "capturar amplios bloques de información de usuarios, incluida información personal sensible e identificable, así como información privada".

"Esta recopilación de datos amenaza con dar al gobierno de China y al Partido Comunista de China (PCCh) acceso a la información personal y de propiedades de los estadounidenses, lo que permitiría a China rastrear la ubicación de empleados federales y contratistas y crear archivos de información personal", apuntó.

Trump hizo hincapié en que "la continuada actividad de China y el PCCh para robar u obtener datos de personas en Estados Unidos deja claro que hay un intento para usar la recopilación de datos para hacer avanzar la agenda económica y nacional china" y que esta situación ha provocado que "muchos departamentos ejecutivos y agencias prohíban el uso de aplicaciones chinas y otro software peligroso en ordenadores y móviles federales".

"Estados Unidos debe tomar acciones agresivas contra los que desarrollan o controlan aplicaciones conectadas al software para proteger nuestra seguridad nacional", dijo.

La medida afecta a Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay y WPS Office.

La orden ejecutiva no será aplicada hasta dentro de 45 días, según las prácticas habituales, por lo que quedará en manos del presidente electo, Joe Biden, la decisión sobre su ejecución o rescisión una vez llegue a la Casa Blanca el 20 de enero.