MADRID (EUROPA PRESS).– Dustin John Higgs, ejecutado en las primeras horas de la mañana del sábado, se convirtió en el decimotercer y último preso federal en morir bajo el mandato de Donald Trump desde que el Departamento de Justicia reinició esta modalidad de ejecuciones en julio de 2019.

Higgs había sido condenado por secuestrar y ordenar los asesinatos de tres mujeres en 1996, aunque mantuvo su inocencia hasta su muerte. “Me gustaría decir que soy un hombre inocente. Yo no ordené los asesinatos”, según sus últimas declaraciones recogidas por la cadena CNN. El autor material de los disparos fue un acompañante del reo, Willis Haynes, condenado a cadena perpetua.

Las víctimas de Higgs fueron Tamika Black, de 19 años; Tanji Jackson, 21 años, y Mishann Chinn, 23.

El Tribunal Supremo de EU se negó a detener la ejecución, aunque algunos jueces discreparon, como Sonia Sotomayor, quien lamentó la "urgencia sin precedentes" que ha rodeado a este caso.

"Después de esperar casi dos décadas para reanudar las ejecuciones federales, el gobierno debería haber procedido con cierta moderación para asegurarse de que lo hizo de manera legal", manifestó.

La ejecución de Higgs continuó de todas maneras a pesar de la apelación de su abogado, Shawn Nolan, quien pidió un aplazamiento porque Higgs padecía coronavirus y, en términos generales, se trataba de una sentencia injusta dado que el responsable de los disparos, Haynes, ya estaba cumpliendo cadena perpetua.

Estados Unidos reanudó las ejecuciones a nivel federal en julio del año pasado por orden del fiscal general del país, William Barr, tras una moratoria de 16 años. Antes de que Trump asumiera el cargo, solo se habían llevado a cabo tres ejecuciones federales en este periodo.

Barr argumentó que las ejecuciones federales están contempladas por el Congreso y las últimas van dirigidas contra “los responsables del asesinato, y en ocasiones, la tortura y violación, de los más vulnerables de la sociedad, niños y ancianos".

Las palabras de Barr supusieron el anuncio oficial del fin de una moratoria informal sobre la pena de muerte desde la ejecución en 2003 de Louis Jones. No obstante, la pena capital ha seguido aplicándose en cada uno de los 29 estados en los que está contemplada.