CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un paciente enfermo de covid-19 que, a petición de su familia y por órdenes de un juez fue tratado con dióxido de cloro, falleció este lunes 11 de enero en Argentina. La comunidad médica calificó el caso como una “aberración jurídica y un escándalo”, informaron medios argentinos.

El 7 de enero, José María Lorenzo, hijastro del difunto Oscar “N”, de 92 años de edad, solicitó al juez de lo civil Javier Pico Terreno, un amparo después de que su madre murió por Covid-19 y su padrastro también estuviera enfermo.

El juez se lo concedió para recibir el dióxido de cloro intravenoso “en carácter de urgente”, junto con nebulizaciones de ibuprofeno de sodio. Este tratamiento, argumentó el hijastro, se lo había recetado su neurocirujano particular, Dante Corveti.

Para el juez que concedió el amparo, “la cobertura de los tratamientos indicados no ocasionaría un grave perjuicio para el sanatorio pero evita, en cambio, el agravamiento de las condiciones de vida del paciente”, consideró en su fallo.

Y determinó que el hospital garantizara la implementación de los tratamientos prescriptos por su médico tratante.

El nonagenario que presentaba la enfermedad grave de Covid-19, murió en el Sanatorio Otamendi y Miroli, confirmó el abogado de la familia, Martín Sarubbi, quien dijo a Canal C5N que demandarán al sanatorio porque “dilató el tratamiento” y el hombre falleció, dijo, “por una infección intrahospitalaria”.

La Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) no han autorizado e incluso no han aconsejado el uso de dióxido de cloro para tratar casos de Covid-19.

“Que un juez decida que un médico tiene que aplicar una sustancia para la cual no hay ninguna evidencia científica es realmente preocupante, sobre todo cuando es en forma endovenosa. No es decisión de un magistrado administrar una medicación que no conoce en  un paciente, no es su rol”, aseguró el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, Omar Sued.

Por su parte, el abogado de la Fundación Huésped y del Hospital Muñiz, Ignacio Maglio, calificó el caso como “una aberración jurídica y un escándalo, una desmesura, una extralimitación de las facultades jurisdiccionales donde con un certificado médico se indicó una medida cautelar con todo el riesgo y el daño que significa”.