MADRID (EUROPA PRESS).- “Este fallo histórico es un paso importante en la búsqueda de la justicia que, por décadas, ha sido negada en El Salvador a las víctimas del conflicto armado", aseguró Amnistía Internacional España tras conocer la sentencia de la Audiencia Nacional que condena al excoronel y exviceministro de defensa salvadoreño Inocente Montano por el asesinato de cinco sacerdotes jesuitas en 1989 La directora de la organización, Erika Guevara Rosas, apuntó que esta sentencia recuerda "la enorme deuda que tienen las autoridades salvadoreñas en garantizar verdad, justicia y reparación". A su juicio, es "inadmisible" que, en El Salvador, a casi 30 años desde la firma de los Acuerdos de Paz, "se siga permitiendo que los responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto armado escapen de la justicia y gocen de impunidad". Guevara señaló que las autoridades salvadoreñas tienen bajo su conocimiento "varias causas sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado", por lo que instó a "todas las autoridades estatales, incluyendo al presidente" del país, a "dar pasos decididos y contundentes encaminados a garantizar, de una vez por todas, los derechos de las víctimas del conflicto armado". Sobre este tema Amnistía también se refirió a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que considera este juicio de carácter subsidiario, porque se ha podido seguir "desde cualquier parte del mundo", pero creen que proceso judicial debería ser realizado en El Salvador.

Un "servicio" a la verdad

Aun así, dan una gran importancia al proceso, por encima de la propia condena, "por el extraordinario servicio a la verdad" que ha conllevado. "A través de las pruebas y los testimonios presentados, ha quedado patente el sistema de encubrimiento e impunidad que ha manejado la Fuerza Armada, y en cierto modo el Estado salvadoreño, frente a las gravísimas vulneraciones de los Derechos Humanos cometidas durante la guerra civil en El Salvador", apuntó. A su juicio, se ha evidenciado con claridad que la Fuerza Armada, y en particular la promoción de la Escuela militar de 1966, funcionó "desde el poder como una maquinaria criminal y encubridora de graves atentados contra la ciudadanía salvadoreña y el estado de derecho", valiéndose "de un poder de facto que sobrepasa las funciones y derechos que le otorga la constitución salvadoreña a la institución armada". La universidad quiere que la Fuerza Armada, a nivel institucional, pida perdón y coopere con la justicia abriendo sus archivos. Hasta que no lo haga, dijo, "difícilmente podrá ser considerada una institución democrática y respetuosa de los derechos humanos". "Tenemos la confianza que la resolución de este juicio en España ayudará tanto a la conciencia nacional como al sistema judicial salvadoreño a dar pasos reales en favor de la verdad y la justicia, no solo en el denominado caso jesuitas, también en todos los casos pendientes de graves violaciones a los Derechos Humanos", indicó.

La condena

La Audiencia Nacional de España condenó al excoronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Montano, a 133 años, 4 meses y 5 días de prisión, por su responsabilidad en los asesinatos de cinco jesuitas españoles en 1989, entre ellos el teólogo vasco Ignacio Ellacuría. El tribunal leyó la sentencia públicamente, en presencia de Montano, quien negó su responsabilidad en estos hechos. Hasta la fecha, se trata del único alto mando salvadoreño enjuiciado por estos hechos en España, aunque en 1991, un tribunal de El Salvador condenó al coronel Guillermo Benavides a 30 años de cárcel por su implicación. El 16 de noviembre de 1989, un grupo de militares salvadoreños ejecutó a cinco jesuitas, a una mujer y a una adolescente de quince años en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA), localizado en la ciudad de San Salvador. Los hechos sucedieron en un contexto de represión del gobierno militar de ese país, contra cualquier grupo que considerara subversivo o que respaldara al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El papel de los sacerdotes, afines a la teología de la liberación, fue el de ejercer de mediadores para lograr la pacificación de esa nación. Precisamente el jesuita vasco Ignacio Ellacuría había llegado a El Salvador unos días antes de su asesinato, para impulsar el proceso de mediación. El gobierno militar salvadoreño acusó a los jesuitas de formar parte de “una conspiración comunista internacional al servicio del Kremlin”. La fiscalía española sostuvo que la decisión de asesinar a los jesuitas fue tomada por La Tandona, un grupo de oficiales de élite del que formaba parte Inocente Montano. España logró que Estados Unidos concediera la extradición del excoronel en 2017. Montano negó su participación en los hechos y su posterior encubrimiento, pues señaló que él mismo aconsejó al presidente Alfredo Cristiani que la investigación “se condujera con la ayuda internacional”. Todo esto lo dijo frente a las preguntas que le realizó su propia defensa, dado que se negó a responder a la Fiscalía y a las acusaciones, tanto popular como privada. https://www.proceso.com.mx/645179/reportan-mil-342-desaparecidos-en-cuatro-meses-de-pandemia-amnistia-internacional