MADRID (EUROPA PRESS).- Un "campo de la muerte". Así es como define Human Rights Watch (HRW) a la localidad de Djibo, situada en el norte de Burkina Faso, en la que en los últimos meses se han localizado en fosas comunes al menos 180 cuerpos de hombres que presuntamente habrían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad. Los fallecidos, todos hombres, pertenecerían a la etnia peul o fulani, un grupo al que en los países del Sahel se tiende a vincular con los grupos yihadistas que operan en la región. Según han contado los residentes de Djibo a HRW, sus cuerpos fueron hallados entre noviembre de 2019 y junio de 2020 tirados en cunetas, debajo de puentes y en campos y terrenos baldíos. Muchos de ellos tenían los ojos vendados, estaban maniatados y habían recibido disparos, en ocasiones en la cabeza. Salvo contadas excepciones, todos ellos estaban en un radio de menos de 5 kilómetros del centro de la localidad. La mayoría fueron enterrados de forma conjunta en marzo y abril, si bien algunos no han sido enterrados. Los residentes con los que ha hablado la ONG dijeron conocer a algunos de los fallecidos, en algunos casos parientes. "Las autoridades de Burkina Faso tienen que descubrir urgentemente quién ha convertido Djibo en un 'campo de la muerte'", ha sostenido la directora para el Sahel de HRW, Corinne Dufka, quien ha subrayado que "la información existente apunta hacia las fuerzas de seguridad gubernamentales, así que es crítico que haya investigaciones imparciales, que se recaben adecuadamente pruebas y que las familias sean informadas de lo que les ocurrió a sus seres queridos". Las 23 personas con las que ha hablado HRW por teléfono y en persona desde noviembre han descrito los cuerpos y en algunos casos incluso han ofrecido mapas hechos a mano de cómo fueron encontrados. Todos ellos creen que las fuerzas gubernamentales estaban detrás de la mayoría de las ejecuciones, pero ninguno fue testigo de las muertes y HRW no ha podido verificarlo de forma independiente. En este sentido, la organización escribió el 28 de junio al gobierno burkinés informando de sus hallazgos y el 3 de julio recibió la respuesta del ministro de Defensa, prometiendo investigar las denuncias y garantizando el respeto de los Derechos Humanos en las operaciones de seguridad.

La versión del gobierno

Según el ministro, las muertes coincidieron con un aumento de los ataques por parte de los grupos yihadistas y por tanto podrían haber sido estos quienes hubieran cometido los asesinatos, usando uniformes y material robado al Ejército. En ocasiones, añadió el ministro, "es difícil para la población distinguir entre los grupos terroristas armados y las Fuerzas de Seguridad y Defensa". HRW ha venido haciendo seguimiento desde 2016 los incipientes ataques de las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico en Burkina Faso, y sobre todo en la región de Sahel, fronteriza con Malí y Níger, documentando la muerte de cientos de civiles en estas acciones. También ha documentado ejecuciones extrajudiciales de varios cientos de hombres, presuntamente a manos de las fuerzas de seguridad, por su presunto apoyo a estos grupos, incluidos 31 hombres hallados ejecutados después de ser detenidos en Djibo el pasado 9 de abril.

Dinámica étnica en la violencia

Por otra parte, HRW llamó la atención sobre la dinámica étnica que subyace en la violencia en Burkina Faso. Los grupos islamistas reclutan principalmente entre miembros de la comunidad peul o fulani, esencialmente pastores nómadas, y sus ataques tienen como principal objetivo las comunidades agrícolas, principalmente mossi, fulse y gurmantche. Y por otro lado, la vasta mayoría de los hombres muertos a manos de las fuerzas de seguridad son peul, porque se percibe que apoyan a los islamistas. "Los residentes de Djibo deberían sentirse protegidos y no aterrorizados por su propio Ejército", ha sostenido Dufka. "El fracaso del Gobierno a la hora de cumplir con sus promesas sobre la rendición de cuentas de denuncias pasadas de abusos por parte de las fuerzas de seguridad, también en Djibo, parece haber envalentonado a los autores", lamentó. Por ello, ha defendido que "las autoridades tienen que poner fin a estas muertes ilegales mediante investigaciones creíbles e independientes". Sus responsables, incluidos quienes estaban al mando, deberían ser juzgados y los hallazgos de la investigación hechos públicos,  añadió la ONG. Además, HRW apuesta porque los comandantes de las bases del Ejército y la Gendarmería en Djibo sean apartados de sus cargos mientras se lleva a cabo la investigación y que se invite a la ONU u otros expertos forenses internacionales neutrales para que ayuden a preservar y analizar las pruebas en las fosas comunes. "Las exhumaciones sin expertos forenses pueden destruir pruebas críticas y comprometer en gran medida la identificación de los cuerpos", advirtió HRW, que ha pedido que se entreguen los restos a sus familiares.