MADRID (apro).- El Tribunal Supremo español acordó este lunes abrir una investigación contra el rey emérito Juan Carlos I por el supuesto cobro de una comisión para hacer de intermediario en la adjudicación de las obras del tren de alta velocidad (AVE) de Medina a La Meca (Arabia Saudí), a favor de un conglomerado de empresas españolas. En un comunicado, la Fiscalía del Tribunal Supremo informa que la investigación trata de “delimitar y descartar” la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad a que el rey emérito abdicase en junio de 2014, “momento en el que dejó de estar protegido por la inviolabilidad” que la Constitución otorga al jefe del Estado. El nombre de Juan Carlos I también está incluido en una investigación suiza; al parecer su nombre está vinculado a una fundación por medio de la cual habría recibido una “donación” de 65 millones de euros realizada por el rey de Arabia Saudí, Abdullah bin Adbul Aziz Al Saud. El fiscal suizo Yves Bertossa investiga esa transferencia a la Fundación Lucum por la posible existencia de un delito de blanqueo de capitales. Esas mismas sospechas existen en la Fiscalía Anticorrupción española que investiga presuntas irregularidades en la concesión del AVE a La Meca. En marzo pasado, el diario inglés The Telegraph dio a conocer que el rey emérito sería el beneficiario de la fundación y como segundo beneficiario, en caso de fallecimiento, su hijo, el actual rey de España, Felipe VI. Tras conocerse esta información, a unos días del confinamiento social por el coronavirus y en medio de la desazón social, la Casa Real emitió un comunicado el domingo en la noche para anunciar que el rey Felipe VI renunciaba a la herencia de su padre, Juan Carlos I, lo mismo que su hija, la princesa Leonor. Informaba que tras el escándalo “adoptó preventivamente” la decisión de avisar a las “autoridades competentes” –sin especificar quiénes son-- que no tenía “conocimiento, participación o responsabilidad” de esa fundación offshore. Las pesquisas en España se centran en la Fase II de la construcción del llamado AVE del desierto, que une las ciudades de Medina y La Meca. El pasado viernes 5 la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dictó un decreto en el que designó para esta investigación a Juan Ignacio Campos Campos, fiscal de la Sala del Supremo especialista en delitos económicos. En el comunicado, la Fiscalía afirma que “dada la trascendencia institucional de esta investigación, se designa a quien, dentro de la más alta categoría de la carrera fiscal, reúna una extraordinaria cualificación y experiencia”. Se añade que estará auxiliado por un equipo conformado por tres fiscales del Tribunal Supremo, que asumirán “la innegable complejidad técnica de estas diligencias de investigación”. La intermediación de Juan Carlos I en el proyecto del AVE a La Meca se justificaba en el interés de un grupo empresarial español en un proyecto de más de 60 mil millones y por la gran proximidad del monarca español con la familia real saudí. El consorcio de empresas españolas con otras saudíes obtuvo finalmente la adjudicación de la Fase 2 del proyecto en 2012. Una de las empresas españolas era la división internacional de OHL, la compañía del grupo fundada por Juan Miguel Villar Mir, un hombre de empresa muy ligado al rey Juan Carlos I. Las pesquisas partieron de unas diligencias abiertas en Anticorrupción a finales de 2018 para descubrir supuestas comisiones pagadas en esa obra, tras hallar una grabación de un encuentro entre la antigua pareja del rey Juan Carlos, Corinna Larsen, y el exjefe policial español José Villarejo, celebrado en Londres en 2015. En esas conversaciones, difundidas por medios españoles, Larsen decía que el rey habría tenido cuentas en Suiza, en las que habría recibido comisiones por la adjudicación de la construcción del tren de alta velocidad saudí.