MADRID (EUROPA PRESS).– Los venezolanos están llamados este domingo a elegir a la nueva Asamblea Nacional que tomará el relevo a la que desde 2015 encabezó la oposición y el chavismo privó de poderes, en unos comicios boicoteados por los principales partidos opositores y que desde la comunidad internacional, con Estados Unidos y la Unión Europea a la cabeza, ya se ha dejado claro que no se reconocerán.

Pese a los llamados a aplazar la cita con las urnas y dar más margen a un posible diálogo entre gobierno y oposición para sacar a Venezuela de la grave crisis en todos los ámbitos en que está sumida, el presidente Nicolás Maduro se mantuvo firme en su defensa de la fecha del 6 de diciembre, amparándose en que así lo marca la Constitución y no respetarlo sería quebrantarla.

De nada sirvieron los esfuerzos de interlocución desde la UE y la vía abierta a una posible solución a la crisis planteada en septiembre por el opositor y antiguo candidato presidencial Henrique Capriles, quien protagonizó un sonado alejamiento del núcleo duro de la oposición al no rechazar la celebración de los comicios, pero apostar por un aplazamiento que permitiera su celebración con garantías y en presencia de observadores internacionales.

Así las cosas, los más de 20.7 millones de venezolanos registrados en esta ocasión deberán elegir a los 277 integrantes que tendrá la nueva Asamblea Nacional, de los que el 52 por ciento ser elegirán mediante el sistema proporcional (144 diputados) y un 48 por ciento (133 diputados) mediante el sistema nominal. En total, hay más de 14 mil candidaturas de más de un centenar de partidos.

Entre estos partidos no estarán los principales de oposición aglutinados en torno al actual presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, al que buena parte de la comunidad internacional reconoce como presidente legítimo del país desde que en enero de 2019 se autoproclamara presidente encargado de Venezuela y se marcara como objetivo poner fin a la "usurpación" de Maduro de la Presidencia.

Boicot opositor

La oposición ha apostado por el boicot electoral, denunciando que las elecciones no cuentan con las garantías para ser libres, democráticas y justas habida cuenta de que el chavismo es el que controla todos los órganos del Estado, incluido el Consejo Nacional Electoral (CNE), encargado de organizar estas elecciones.

Su tesis ha recibido el respaldo de sus principales aliados en estos casi dos años, empezando por Estados Unidos, primer país en reconocerle, pero también la Unión Europea, con España incluida, así como otros socios regionales, que ya han dejado claro que no podrán reconocer el resultado de unas elecciones que no consideran cumplen con las garantías requeridas.

Aunque sí habrá presencia opositora, hecho que desde el gobierno se ha aprovechado para defender la legitimidad de las elecciones, esta será minoritaria. Así, a los comicios concurren algunos pequeños partidos, como el liderado por Henri Falcón, quien abandonó las filas chavistas para ser candidato presidencial en las elecciones de 2018 --cuya victoria a manos de Maduro no ha reconocido la comunidad internacional-- y encabeza ahora Avanzada Progresista.

Este partido, junto con Cambiemos, El Cambio, Acción Democrática y COPEI han conformado la coalición opositora Alianza Democrática de cara a estas elecciones. En el caso de Acción Democrática y COPEI se trata de dos partidos históricos de la oposición venezolana que fueron intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al igual Volundad Popular –el partido de Guaidó y Leopoldo López-- y Primero Justicia para instalar al frente a dirigentes menos críticos con el gobierno.

También se ha formado otra coalición opositora, Alianza Venezuela Unida, en torno a la figura de Luis Parra, a quien los diputados chavistas eligieron el pasado enero como presidente de la Asamblea Nacional en sustitución de Guaidó, provocando una bicefalia, ya que este a su vez fue ratificado por los parlamentarios opositores.

Maduro acepta el desafío

Esto deja abierta la vía a una contundente victoria del Gran Polo Patriótico (GPP) que aglutina a todas las fuerzas chavistas, empezando por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Consciente de ello, Maduro lanzó este martes un órdago en el que a priori sabe cuenta con todas las de ganar.

"Dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela. Si vuelve a ganar la oposición en la Asamblea Nacional, yo me voy de la Presidencia, yo no me quedaré más aquí", aseguró. El presidente dijo que como "guerrero" que es, está dispuesto a aceptar el "reto" planteado por la oposición, que sostiene que los comicios son un plebiscito sobre el mandatario.

El contexto en que se celebran estas elecciones, en medio del boicot opositor y de una pandemia, hace augurar que la participación será especialmente baja, algo que hasta ahora siempre ha beneficiado al chavismo.

Situación humanitaria

Los venezolanos están hastiados con la grave crisis económica y humanitaria que atraviesa el país que ha dejado a 7 millones de personas necesitadas de ayuda dentro de Venezuela y empujado en los últimos años a más de 5.4 millones a abandonar el país.

Las medidas para contener la pandemia "han tenido un serio impacto en la economía, los medios de vida y la alimentación de la población", señala el jefe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) en el país, Samir Elhawary.

Al mismo tiempo, unos 136 mil venezolanos han regresado "debido a la pérdida de sus ingresos, desalojos y los crecientes signos de xenofobia en los países vecinos", si bien los hay que siguen saliendo, aunque el cierre de fronteras les obliga ahora a recurrir a pasos ilegales y los deja más expuestos, precisa.

Desde 2019, la ONU ha intensificado su presencia en Venezuela y basado su asistencia en "las necesidades de la población y dar prioridad a los casos más urgentes sin discriminación por motivos de nacionalidad, raza, sexo, creencias religiosas, clases sociales u opiniones políticas", de ahí que la petición de Elhawary de cara a estos comicios es que "no se politice la asistencia humanitaria", algo que ha ocurrido en el pasado.

"La financiación insuficientes sigue siendo el mayor desafío" a la hora de brindar asistencia en Venezuela, reconoce Elhawary, que apela a los donantes a apoyar urgentemente la petición de fondos para el país, solo financiada al 20 por ciento.

Igualmente, añade, es necesario un mayor acceso humanitario, "especialmente para las ONG nacionales e internacionales, para que puedan desempeñar un mayor papel y asistir a los más vulnerables". "Esto pasa por mitigar los impedimentos logísticos debido a la falta de combustible y servicios básicos y las limitaciones administrativas que afectan la entrada de personal humanitario y suministros al país".

Venezuela atraviesa también a "una crisis sin precedentes" de Derechos Humanos, destaca la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, en declaraciones a Europa Press. La ONG ha seguido recibiendo "denuncias de ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza y ataques a quienes criticaban políticas gubernamentales", a quienes además se ha sometido "a juicios injustos y detenciones arbitrarias".

También continúa "la práctica de tortura y otros malos tratos y la desaparición forzada de personas detenidas arbitrariamente", precisa, asegurando que Amnistía está comprometida a seguir contribuyendo a que los "mecanismos internacionales de escrutinio y justicia", como la misión de la ONU que concluyó que se han cometido posibles crímenes de lesa humanidad o el Tribunal Penal Internacional (TPI), "no abandonen a las víctimas en Venezuela y ofrezcan esperanza para que haya rendición de cuentas en el futuro cercano".