EL CAIRO (apro).- Ahmed Ashraf, un joven egipcio de 23 años, fue arrestado el pasado viernes frente al hospital de Qasr el Nil, en el centro de esta capital. Ibrahim Ahmed, de 22 años, corrió la misma suerte en una calle cercana, y Osama Edham, del que no ha trascendido demasiada información, fue detenido sin dejar rastro ese mismo día. A la joven Sarah Abdelnasser, de 27 años, también le llegó el turno entonces. Y tras ella, siguieron otros como Eslam Othman de la gobernación de Qalyubia, en el norte de la capital, Ashraf El Moghazy, de Kafr El Sheikh, en el delta del río Nilo, Akram Ahmed, de la ciudad portuaria de Suez, o Nasma Jaled y Hegaz Mohamed, detenidos en la histórica urbe de Alejandría. Y como todos ellos, organizaciones de derechos humanos han documentado el arresto de más de dos mil personas en Egipto desde que el fin de semana pasado tuvieron lugar aquí inusuales protestas contra el presidente Abdel Fatah Al Sisi. Algo que no ocurría en este país desde 2016, y que se ha convertido en todo un desafío para el régimen del exmariscal, temeroso de que puedan continuar las movilizaciones. La abrumadora cifra de arrestos, que ha superado con creces la que dejaron las últimas manifestaciones de hace tres años, convierten la oleada de detenciones aún en curso en la mayor que ha registrado Egipto desde que Al Sisi asumió el poder formalmente en 2014, un año después de ejecutar un golpe de Estado y devolver el país a los años de plomo. “Se trata de la mayor ola de arrestos en relación con un único incidente desde que el presidente Al Sisi se hizo formalmente con el poder, por lo que bien podríamos estar presenciando la mayor campaña de represión desde entonces,” señala a Apro Hussein Baoumi, investigador para el Norte de África de Amnistía Internacional. De los cerca de dos mil detenidos que han sido documentados, más de 900 permanecen aún desaparecidos, aunque se cree que los arrestados han sido trasladados a campamentos de las fuerzas centrales de seguridad, unas instalaciones preparadas para retener a un gran número de personas cuando se producen arrestos masivos de este tipo. La mayor parte de ellos tiene entre 18 y 30 años, coincidiendo con el perfil que protagonizó en buena medida las protestas, pero cerca de un centenar de menores figuran también entre los arrestados. “Todos los que fueron detenidos o están siendo investigados son acusados de participar en un grupo terrorista (una referencia velada a los islamistas Hermanos Musulmanes), publicar noticias falsas y manifestarse ilegalmente”, detalla a este medio Malek Adly, abogado del Centro Egipcio para los Derechos Económicos y Sociales, una de las organizaciones que está elaborando el recuento de detenidos desde la semana pasada. La espiral represiva del régimen se ha llevado también por delante figuras críticas con el régimen que no participaron en las espontáneas protestas, pero que son vistas de todos modos con recelo por las autoridades, especialmente en momentos de tensión. Una de ellas es la prominente abogada y activista por los derechos humanos Mahienour El Masry, detenida el domingo ante la oficina de la Fiscalía después de haber representado a algunos de los arrestados. Al menos otros cinco abogados que, como El Masry, llevaban la defensa de personas detenidas corrieron la misma suerte. Al igual que como mínimo lo han hecho seis miembros de los partidos que forman el Movimiento Civil Democrático, un paraguas que agrupa varias formaciones opositoras liberales y de izquierda. O como dos profesores de la Universidad de El Cairo. O como al menos seis periodistas. “Tenemos tres líderes del movimiento en prisión ahora mismo, y (el resto) estamos esperando”, señala a Apro un miembro destacado del Movimiento Civil Democrático en condición de anonimato antes de que trascendiera que otros tres líderes de la plataforma también fueron arrestados. “No tenemos miedo”, asegura, “pero estamos calculando cada movimiento como personas responsables preocupadas por su país.” Los medios de comunicación afines o controlados por el régimen, por su parte, han contribuido a generar una imagen de aún mayor excepcionalidad en el país, con sus esfuerzos por transmitir una situación de aparente normalidad mientras acusan a sectores islamistas o conspiradores llegados desde el extranjero de instigar las protestas. “La gente (en Egipto) no protesta porque es muy peligroso y puede conducirte a la muerte o a la cárcel, por lo que se trata de un cometido muy arriesgado que (el régimen) ha aplastado en su mayor parte”, comenta a Apro Michael Hanna, investigador en la fundación Century. “Por este motivo, cuando ocurre algo inusual (como las protestas) les resulta chocante y se desata su paranoia”, continúa, lo que desemboca en consecuencias “como esta ola de arrestos, en los que cualquiera que les cuadre puede acabar en prisión.” La extraordinaria campaña represiva se produce en medio de nuevas llamadas a manifestarse el viernes 27, una opción que el régimen parece dispuesto intentar evitar a toda costa. Para ello, las medidas de seguridad también se han extremado en los últimos días en algunos de los puntos donde se produjeron protestas, como la emblemática plaza Tahrir de El Cairo, símbolo de la revolución de 2011 que derrocó al exdictador Hosni Mubarak. A lo largo de la última semana, la plaza y sus aledaños han estado tomados por las fuerzas de seguridad, con oficiales fuertemente armados y un gran número de agentes de paisano controlando los accesos a la zona y realizando registros aleatorios a transeúntes. Toda una declaración de intenciones de hasta dónde está dispuesto a llegar el régimen para disuadir nuevas movilizaciones, con un éxito que por ahora se desconoce. En paralelo, Egipto también ha restringido durante la última semana el acceso a algunas redes sociales como Twitter, así como a aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Facebook Messenger, tal y como han documentado tanto el observatorio de internet NetBlocks como organizaciones por los derechos humanos. “Tememos que las autoridades puedan usar violencia letal contra manifestantes mañana, y que puedan cortar internet en todo el país,” alerta a este medio Amr Magdi, investigador de Egipto en Human Rights Watch. Según señala, dispone de información acerca de los supuestos planes de los aparatos de seguridad de contratar matones para atacar a manifestantes y hacerlo pasar por enfrentamientos entre afines y contrarios a Al Sisi. Detonantes Las movilizaciones que se vivieron el fin de semana pasado en Egipto respondieron a las llamadas hechas durante los días previos a protestar contra la corrupción del régimen del país. Unas llamadas que rápidamente adoptaron un marcado carácter antigubernamental que situó en el centro de la diana a Al Sisi. Este emplazamiento a manifestarse, a su turno, fue en buena medida alentado por los videos virales de un joven empresario egipcio que ha trabajado con el Ejército del país árabe durante 15 años. Desde su autoexilio en España, Mohamad Ali ha denunciado la supuesta corrupción y el despilfarro de fondos públicos cometidos por Al Sisi y la cúpula de las fuerzas armadas en proyectos superfluos. Y animados por el éxito de sus videos, otros activistas y exoficiales del ejército y de la inteligencia procedieron a hacer lo propio y denunciar en detalle otros casos de violación de derechos humanos, corrupción y mala gestión supuestamente cometidos por las autoridades. Sus esfuerzos por dejar en evidencia a la élite del Estado egipcio podrían haber pasado inadvertidos con el tiempo, si no fuera porque Al Sisi decidió salir al paso de las acusaciones, consciente del impacto que la cadena de videos estaba teniendo sobre un nuevo público menos politizado, pero mucho más amplio de lo que es habitual. Para ello, el exmariscal mandó organizar a toda prisa una conferencia que le brindara una plataforma adecuada desde la cual rebatir abiertamente los rumores. Pero la respuesta de Al Sisi, que negó parte de las acusaciones y restó importancia o se jactó de otras, como la construcción de palacios presidenciales, solo añadió más leña al fuego. A ojos de muchos egipcios, que en los últimos años han tenido que aceptar sin voz ni voto una draconiana receta de austeridad económica que ha disparado los niveles de pobreza, sus esfuerzos parecen haber ido en paralelo a grandes e innecesarios gastos de sus dirigentes. En vista de las posibles movilizaciones que se cocían en las redes, las fuerzas de seguridad empezaron a desplegarse ya el viernes pasado de forma inusual por algunas zonas céntricas de El Cairo. Pero el estallido de las protestas, al término de un partido entre los dos grandes equipos de futbol del país, no fue sin embargo respondido inmediatamente por la policía con la contundencia exhibida habitualmente. Una reacción que contribuyó en un primer instante a generar cierta sensación de desconcierto, a pesar de que la policía terminara por dispersar las concentraciones de forma violenta, como pudo constatar este corresponsal en el centro de El Cairo. “Las evidencias demuestran que las fuerzas policiales dispararon gas lacrimógeno y perdigones de forma indiscriminada en múltiples lugares”, detalla Baoumi, de Amnistía Internacional. “Las pruebas también muestran que la policía golpeó a manifestantes con sus puños, pies y porras cuando estos se encontraban ya bajo custodia”, agrega. Al Sisi, por su parte, se encontraba el pasado viernes viajando a Nueva York para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada esta semana. Una cita que el exmariscal se habría planteado abortar inicialmente para lidiar directamente con las posibles protestas, pero que al final ha aprovechado para exhibir el apoyo del que goza su régimen por parte de líderes como Donald Trump, Emmanuel Macron o Angela Merkel. Ahora está previsto que Al Sisi aterrice de nuevo en Egipto este viernes 27, para cuando algunos han pronosticado un mayor recrudecimiento de la represión.