MONTERAL (apro).-Mario Dion, comisionado de Ética de Canadá, hizo público su esperado informe sobre el comportamiento de Justin Trudeau, primer ministro canadiense, en el caso SNC-Lavalin. Trudeau y varios de sus allegados fueron señalados por querer interferir, durante varios meses de 2018, en una decisión judicial para que la firma de ingeniería evitara acusaciones criminales, a raíz del pago de sobornos a funcionarios libios. En sus conclusiones presentadas el miércoles 14, Dion establece que el primer ministro “infringió la ley sobre conflictos de interés al tratar de influir, sirviéndose de su autoridad, sobre la exministra de Justicia, Jody Wilson-Raybould”. El caso SNC-Lavalin salió a la luz a principios de febrero en las páginas de The Globe and Mail. Wilson-Raybould, quien en 2018 también desempeñaba el cargo de fiscal general de Canadá, declaró ante un comité parlamentario --pocos días después de la publicación del diario-- que Justin Trudeau y varios de sus allegados la habían presionado de forma indebida para que optara por un acuerdo de reparación en vez de un juicio criminal en contra de SNC-Lavalin, precisándole que podría haber consecuencias económicas y electorales. Trudeau negó en diversos momentos haber ejercido dichas presiones. De acuerdo con el primer ministro, tanto él como varias figuras de su entorno sólo querían que Wilson-Raybould contara con toda la información posible para tomar la mejor decisión. Judy Wilson-Raybould había optado por un juicio criminal en contra de la empresa y, a pesar de las presiones, refrendó su decisión. A principios de enero, se convirtió en ministra de Veteranos de Guerra, enroque que ella siempre consideró una represalia por no hacer cedido a las presiones. Poco tiempo después abandonó tanto ese cargo como las filas del Partido Liberal. El comité del parlamento canadiense que investigaba el caso --donde los liberales de Trudeau tenían mayoría-- había concluido sus trabajos a mediados de marzo, expresando que se trató principalmente de un tema de “malentendidos”. Sin embargo, dicho comité subrayó que el comisionado de Ética se pronunciaría más adelante. “El primer ministro, directamente y por medio de sus altos funcionarios, empleó diversos métodos para ejercer influencia sobre la señora Wilson-Raybould”, indica Mario Dion en su informe, donde también manifiesta que los asuntos económicos y electorales no tendrían que ser evocados en una decisión exclusivamente judicial. Justin Trudeau reaccionó pocas horas después, en el marco de un evento en la población de Niagara-on-the-Lake (Ontario). “Acepto completamente el informe y tomo entera responsabilidad por lo que ocurrió”, señaló. Sin embargo, precisó lo siguiente: “En lo que no coincido con el Comisionado, entre otros puntos, es cuando dice que cualquier contacto con la Fiscal General fue inapropiado”. También declaró que no tiene que disculparse, ya que su trabajo como primer ministro es defender los empleos canadienses. Trudeau ha comentado que un juicio criminal en contra de SNC-Lavalin significaría la pérdida de miles de puestos de trabajo. Igualmente, en sus conclusiones, Dion escribió que varios miembros del gobierno liberal no quisieron colaborar ampliamente en su investigación. A este respecto, Trudeau comentó que la colaboración existió, pero que también hubo que respetar varios puntos relacionados con la confidencialidad. Las reacciones de la oposición no se hicieron esperar. Andrew Scheer, líder del Partido Conservador, declaró: “Justin Trudeau es culpable de nueva cuenta”. Scheer se refería a que, en diciembre de 2017, Trudeau ya había violado la ley sobre conflictos de interés por irse de vacaciones con su familia a la isla privada del Aga Khan, el líder religioso de los musulmanes ismaelitas. “Tenemos ahora una imagen todavía más clara de quién es verdaderamente Justin Trudeau y no de quién ha prometido ser”, añadió Scheer. Por su parte, Jagmeet Singh, dirigente del Nuevo Partido Democrático, sostuvo que Trudeau trabaja sobre todo para los ricos y las compañías más poderosas. Cabe señalar que las conclusiones del comisionado Dion se traducen únicamente en una amonestación pública para Trudeau. Sin embargo, el líder del Partido Conservador ha solicitado a la Real Policía Montada de Canadá abrir pesquisas. También el miércoles entregó su informe Anne McLellan, designada por Trudeau para estudiar si sería necesario evitar que una misma persona esté a cargo del ministerio de Justicia y de la fiscalía general. En el documento, McLellan sugiere que esta doble función siga siendo posible. Los comicios federales tendrán lugar en Canadá el 21 de octubre. Trudeau se juega la reelección en las urnas, por lo que la oposición manifiesta que la ciudadanía no debe olvidar el comportamiento del liberal en el caso SNC-Lavalin. Asimismo, David Lametti, actual ministro de Justicia y Fiscal General, tiene aún la facultad de abandonar las acusaciones criminales contra la firma de ingeniería, la más grande del país. No obstante, diversos analistas señalan que una decisión de esta índole difícilmente llegará antes de los comicios.