RÍO DE JANEIRO (apro).- Es una caída espectacular la que los brasileños han estado presenciando desde la semana pasada. Una caída abrupta por tratarse de personas que habían sido elevadas al rango de héroes de la nación por la gran mayoría de los medios y una gran parte de la opinión pública. Aquel cuya imagen acababa de colapsar fue descrito como “sheriff” por haber destapado “el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil”: Sergio Moro, un juez provincial que en cinco años se convirtió en una de las figuras más populares del país, y actualmente en el número dos del gobierno de Jair Bolsonaro, a cargo de la Seguridad y de la Justicia. Los otros protagonistas del reciente “colapso” que pasará a la historia son el Ministerio Público del Estado de Paraná: un equipo de 13 jóvenes fiscales, conservadores y religiosos, llevados por un deber casi mesiánico hacia la patria. Su líder, el fiscal Deltan Dallagnol, entra en “ayuno y oraciones” cada vez que el Congreso va escoger una decisión importante contra la corrupción. Fiscales y jueces han acusado y condenado a figuras políticas como el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva y los líderes empresariales más prominentes de Brasil desde 2014. Rápidamente, su inclinación política se hizo evidente, su acción fue “sesgada” –más severa contra la izquierda que contra la derecha– aunque todos los partidos políticos estaban implicados en el escándalo. Una cierta indulgencia para ofrecer una prisión residencial a los líderes empresariales a cambio de sus confesiones sobre los políticos corruptos pero una firmeza en el caso de Lula. Una parte de la población en Brasil negaba o desestimaba estas críticas ante la satisfacción de ver una gran limpieza en las relaciones promiscuas entre el mundo político y el económico. Hasta la semana pasada. El 9 de junio el medio de investigación The Intercept, encabezado en Brasil por el periodista estadunidense Glenn Greenwald, que reveló al mundo el caso Snowden, anunció una primicia, un tsunami político que impacta hasta las recientes elecciones presidenciales, que ganó Jair Bolsonaro en octubre de 2018 con 10 puntos sobre su adversario. Brasil descubre incrédulo que el gran favorito de estas elecciones, el expresidente Lula, había sido encarcelado para evitar que participara en las elecciones. The Intercept tuvo acceso a todos los mensajes intercambiados en la aplicación Telegram entre 2015 y 2018 por los fiscales y el juez Moro. El más perturbador de estos intercambios es, por supuesto, su confesión sobre la fragilidad de las pruebas contra Lula, tres días antes de concluir la acusación, y el nombramiento público de Lula como el “Comandante en Jefe de la Corrupción de Petrobras” en septiembre de 2016 en una conferencia de prensa en vivo. En todos los canales del país, el fiscal Dallagnol presenta un diagrama para explicar el sistema de corrupción en Petrobras. En el centro, el nombre de Lula, génesis de este sistema, y donde convergen todos los crímenes. Pocos días antes, en Telegram, Dallagnol dijo a sus colegas todas sus dudas: “Van a decir que se le acusa con pistas frágiles y tengo miedo de hacer este vínculo entre Petrobras y el enriquecimiento, (...) y después de lo que se me dijo, tengo miedo, por este asunto del apartamento”. La acusación fue “montada” a partir de un artículo del periódico O Globo de 2010 en el que se anunciaba la compra de un apartamento en un edificio por parte de Lula. Mientras intenta llegar al autor del artículo, Dallagnol ya tiene en mente la acusación que propone sobre el grupo de mensajería. Otros intercambios entre fiscales traicionan su aversión hacia el Partido de los Trabajadores (PT) y su temor de que la izquierda vuelva al poder en el país. Una semana antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en septiembre de 2018, los fiscales están ofuscados por la autorización dada por la Corte Suprema para que un periódico entrevistara a Lula desde la cárcel. En Telegram, es una batalla general para evitar con éxito la entrevista porque “puede conseguir que Haddad (el sustituto de Lula) sea elegido para la segunda vuelta”. La decisión de la Corte Suprema es descrita como “repugnante”, los jueces de la corte son tratados de “mafiosos”. El Juez Moro actúa de una manera igualmente perturbadora e ilegal en estos mensajes, ya que se presenta como un juez “imparcial” en todos los escenarios y medios de comunicación. En Brasil, un juez nunca interviene en la investigación, que está reservada al fiscal. Sin embargo, en Telegram se nota su constante intromisión en estos grupos de mensajería, buscando constantemente guiar la investigación y proponer nuevas pistas. Incluso reprende a los fiscales cuando el ritmo de las operaciones disminuye. La práctica que es totalmente ilegal bajo el Código Penal puede teóricamente anular una condena. El caso del expresidente Lula, condenado a 9 años de prisión por el juez Moro en julio de 2017, fue ya denunciado por la izquierda, renombrados abogados y las Naciones Unidas. En una compilación de artículos, 122 abogados brasileños destacaron el sesgo de una acusación basada más en la convicción del juez que en las pruebas. Lula fue acusado de haber recibido un apartamento en un balneario por una empresa constructora a cambio de contratos con la petrolera Petrobras. Pero ni la fiscalía, ni la sentencia del juez presentan evidencia alguna de la propiedad del apartamento y muestran algún vínculo con Petrobras. Encarcelado desde abril de 2018, Lula no pudo ser candidato a las elecciones presidenciales de octubre pasado, a pesar de que las encuestas anunciaban una victoria desde la primera vuelta y que el Comité Político de la ONU había pedido a Brasil que respetara su derecho a ser candidato. En vano. “La condena de Lula debe ser revocada. Esto no quita a esta investigación el mérito de haber descubierto un cártel de grandes empresas constructoras que compartían entre sí los contratos públicos, financiaban partidos políticos y cobraban en exceso por obras a menudo monumentales o innecesarios”, dice el analista político Celso Rocha de Barros. El 25 de junio, la Corte Suprema decidirá sobre una solicitud de libertad presentada hace más de un año por los abogados del expresidente. Será difícil para la Corte ignorar las revelaciones de The Intercept. Pero cuando se trata de Lula, es más complicado. ¿Podría el oponente político más popular del país asumir un papel en un Brasil aún en crisis económica y desorientado por la loca experiencia de Bolsonaro?. “Su liberación no es una opción para el clan Bolsonaro, al que Sergio Moro está ahora estrechamente vinculado para su supervivencia. Harán todo lo posible para evitar el regreso de Lula”, dice el politólogo Mauricio Santoro. El actual ministro de la Justicia fue convocado el 19 de junio por el Senado y durante la víspera otro reportaje de The Intercept había mostrado más mensajes de Moro pidiendo que no se investigara al expresidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB, derecha) por corrupción. De nuevo, se veía una conducta nada imparcial y totalmente política. Frente a los senadores, Sergio Moro aseguró, “me tranquiliza absolutamente la conducta que he llevado a cabo como juez. Ha habido una aplicación imparcial de la ley en casos graves de corrupción y blanqueo de dinero”. Posteriormente se dijo víctima de un “grupo criminal” y reiteró la importancia de la investigación a su cargo. Pese a las solicitudes para removerlo, el Ministro de Justicia ha salvado hasta ahora su cabeza. Pero la amenaza no para de aumentar. Glenn Greenwald advirtió que “esto era sólo el comienzo de las revelaciones. Esta fuga es mucho mayor que la de Snowden. Tenemos audios y videos que revelaremos en tiempo”. El periodista ganador del Premio Pulitzer por su trabajo sobre el ejército estadunidense en el Medio Oriente, también está viendo crecer la amenaza. Por estos ataques a los “héroes de la nación”, por ser gay y estar casado desde 14 años con el diputado de izquierda David Miranda, Greenwald se ha convertido en objeto de odio de la extrema derecha brasileña. Su marido Miranda denunció esta semana a la policía federal amenazas de muerte contra él y su familia mientras que el #DeportGreenwald nació en Twitter con una petición en el sitio web Change.org para pedirle al presidente Bolsonaro que firmara su deportación. Brasil sufre de nuevo en la polarización y la Corte tiene una decisión crucial que pondrá a prueba su imparcialidad el próximo 25 de junio.