ROMA (apro). — El papa Francisco difundió hoy un nuevo paquete de medidas, dirigido a toda la Iglesia católica, que amplía y endurece los procedimientos para investigar a obispos, cardenales y superiores religiosos acusados de abusar o encubrir. Estos últimos, según los reclamos de víctimas y testigos, fueron los que mayormente gozaron de impunidad hasta la fecha. En concreto, de acuerdo con las nuevas normas, cuando la acusación se dirija a uno de los mencionados jerarcas, el responsable de la investigación será un arzobispo metropolitano, u otra persona ajena a la autoridad del acusado, que tendrá un mandato especial procedente directamente del Vaticano, y deberá actuar con rapidez, según pidió el Papa. Tanto que, tras recibir el encargo, el responsable de la investigación tendrá que enviar en treinta días a la Santa Sede "una relación informativa sobre el estado de las investigaciones", la cual deberá finalmente “concluirse en el plazo de noventa días" (son posibles prórrogas por ‘razones justas’)”, según explicó el director editorial del Vaticano, Andrea Tornielli, en una nota adjunta a las nuevas normas. "Esta disciplina se observará no sólo si estas personas son investigadas por abusos sexuales cometidos directamente, sino también cuando se denuncie que han ‘encubierto’ o que no han querido perseguir los abusos de los que han tenido conocimiento, y que era su deber contrarrestar“, precisó Tornielli, al hacer referencia al artículo 1 del motu proprio (documento legislativo emanado directamente de un papa a iniciativa suya) de Francisco, titulado Vos estis lux mundi (vosotros sois la luz del mundo). De acuerdo con este artículo, se considerarán encubrimiento todas las “acciones u omisiones dirigidas a interferir o eludir investigaciones civiles o investigaciones canónicas, administrativas o penales, contra un clérigo o un religioso”, recordó el Papa. Con ello, el Papa pretende zanjar la crítica de que, hasta la fecha, el obispo podía investigar a sacerdotes acusados de estos delitos, pero en el caso de que él era el acusado no hay un mecanismo claro para llevar adelante la indagación. Y, además de ello, Francisco también convierte al encubrimiento en un comportamiento sancionado claramente de manera jurídica. En este panorama, las denuncias deberán ser obligatoriamente efectuadas por clérigos u otros miembros de Institutos de Vida Consagrada o Sociedades Apostólicas, aunque también serán aceptadas las que procedan de “cualquier persona”, y  la información podría ser directamente enviada al Vaticano a través del nuncio (embajador) vaticano del país. La autoridad encargada de gestionar los señalamientos en la Santa Sede será la Congregación de la Doctrina de la Fe (el ex Santo Oficio), la cual también referirá del resultado de la investigación a la Secretaría de Estado, cuyo jefe es el segundo después del Papa, y a otros dicasterios (ministerios, en argot vaticano) de la Curia romana interesados. Proteger a los denunciantes El documento, de 19 artículos y que entrará en vigor a partir del próximo 1 de junio, también establece que el  metropolitano, u el otro sujeto encargado por el Vaticano, deberá proteger todo documento que pueda ser sustraído o destruido, una norma que llega tras que el cardenal Reinhard Marx denunciara en febrero que la Santa Sede destruyó documentación relativa a casos de abusos. Por primera vez, además, también el Papa ha impuesto la prohibición de  “prejuicios, represalias o discriminaciones “ contra personas que señalen abusos y encubrimientos. Asimismo, el metropolitano podrá llevar adelante pesquisas y convocar a las víctimas, pero “adoptando una modalidad adecuada”, mientras que deberá renunciar a su encargo si se encuentra en una situación de conflicto de intereses o no puede ser imparcial. Como tutela hacia el investigado, en cambio, a la persona investigada se le reconocerá la presunción de inocencia y se le permitirá acceder a un abogado y presentar su defensa. A la par, la víctima será informada de los resultados de la investigación. En este contexto, el documento no sólo se dirige a víctimas de abuso infantil, sino también a violencia contra adultos vulnerables, lo que incluye a religiosas y seminaristas o novicios mayores de edad. Una abertura, ésta, que se produce tras que en los últimos meses la Unión Internacional de Superioras Generales, que aglutina medio millón de religiosas católicas, denunciara casos de maltrato y violencias contra las monjas. Mostrador para presentar las denuncias El documento da asimismo un año de tiempo para que las diócesis y las eparquías (el equivalente, para las Iglesias orientales) creen una especie de “mostrador” accesible y estable para presentar los informes. El funcionamiento de este mostrador, sin embargo, quedará en las manos de las diócesis, para respetar las culturas y códigos de cada comunidad. En todo caso, ninguna norma se encuentra en contraste con la anterior obligación para los clérigos de cooperar con las autoridades civiles en casos de abuso, también se precisó. Con ello, el Papa introduce el segundo documento (tras unas normas exclusivamente para la Ciudad del Vaticano, presentadas en marzo), tras la cumbre antipederastia llevada a cabo en la Santa Sede, que acabó en febrero con cierta decepción por parte de las asociaciones de víctimas. De ahí que el cardenal canadiense Marc Ouellet también explicara, en otra nota adjunta, que las nuevas reglas fueron estudiadas por los colaboradores del Papa en la curia romana”, “escuchando la voz de los participantes en el encuentro de febrero y de diversas diócesis”. “No debe existir clericalismo, pero tampoco elitismo entre nosotros”, afirmó Ouellet. “Hemos dicho durante años que los sacerdotes deben aceptar ciertas reglas rígidas. ¿Por qué los obispos y otros en la jerarquía eclesiástica no deberían hacerlo?”, cuestionó.