BUENOS AIRES (apro).- El presidente Mauricio Macri aspira a ser reelecto para un segundo mandato el próximo 27 de octubre. La campaña electoral sorprende a la alianza oficialista Cambiemos en su peor momento. El balance económico y social de estos tres años y medio de gobierno es lapidario. La tasa de inflación promedio es la más alta de los últimos 25 años. Desde diciembre de 2015, el PBI se redujo el 1.4 por ciento y el salario real, medido en dólares, se contrajo a la mitad. La imagen de Mauricio Macri, así como la de su gestión, recogen índices de rechazo superiores al 60 por ciento. A pesar de esta coyuntura, y aunque resulte sorprendente, Macri mantiene una intención de voto que le permite alimentar su deseo. Diferentes encuestas lo ven perdiendo un balotaje con Cristina Kirchner por un margen de entre 7 y 9 puntos, pero con un tercio del electorado que aún no ha decidido el voto. El vertiginoso endeudamiento externo asumido por el gobierno, récord entre los países emergentes, lo obligó a pedir 57 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional en mayo de 2018. El préstamo sirve para retardar la cesación de pagos hasta después de las elecciones, puesto que la economía, que ya suma cuatro trimestres de recesión consecutivos, no genera los recursos necesarios. El FMI conduce la política económica argentina. Su programa de ajuste fiscal y monetario impone tasas de interés exorbitantes, que aniquilan el crédito y la producción. Según datos de la Unión Industrial Argentina, en 2018 la actividad industrial se contrajo un 3.4 por ciento. En el mismo lapso, de acuerdo a datos oficiales, se perdieron 250 mil empleos registrados. En 2018, 2.7 millones de argentinos cayeron en la pobreza. La población sufre incrementos siderales en las tarifas de servicios públicos y recortes drásticos en las prestaciones estatales. Este “remanente” se destina al pago de los intereses de la deuda externa. El gobierno tiene claro que no puede satisfacer a su electorado en el plano de las expectativas materiales. Por eso centra la campaña en el plano ideológico, inflamando ánimos, con marcado éxito en el caso de su núcleo duro, pero también ante sectores empobrecidos por el ajuste, que requieren de un estímulo para mantener su apoyo. “Los componentes ideológicos (del gobierno) no pueden explicitarse porque son inaceptables: nadie acepta decir ‘No tengo derecho a tener luz, porque soy pobre, o por lo que sea’”, explica a Apro Carlos de Angelis, coordinador del Centro de Estudios de Opinión Pública de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. “Por eso estos temas se plantean en otros términos, hablando de la seguridad, de la corrupción, de algunos componentes culturales de la sociedad argentina, diciendo por ejemplo que nos gustan los atajos”, sostiene. El sociólogo considera que Cambiemos ostenta el “discurso legítimo” de esta época. “Hay un discurso que se vuelve dominante a partir del triunfo de 2015, y que dice que hay gente que se ha aprovechado del Estado, a través de planes sociales, o jubilados que se jubilaron sin haber aportado, o migrantes que ‘usan nuestros hospitales’, un discurso construido por el poder, que se vuelve legítimo”, explica. “Este discurso del gobierno, por más que se lo plantee como postideológico, es el discurso liberal de toda la vida, con un Estado reducido a un mínimo”. De Angelis advierte que “un discurso hegemónico, desvinculado de logros económicos, es difícil de sostener en el tiempo”. Punitivismo “El que las hace las paga”. Esta es una de las frases preferidas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la hora de celebrar la detención de un delincuente en su cuenta en Twitter. El gobierno transita la campaña electoral publicitando sus políticas de mano dura. En lo que va del año, aprobó un nuevo reglamento que habilita a las fuerzas federales a usar armas letales sin necesidad de dar la voz de alto, ha equipado a diferentes policías con pistolas Taser de descarga eléctrica, insiste con un proyecto parlamentario para bajar a 15 años la edad de imputabilidad penal. “El punitivismo tiene que ver con una rejerarquización”, sostiene Carlos de Angelis. “Hay etapas de la sociedad en las que hay nuevos derechos, y hoy los derechos están en discusión. ¿Tengo derecho a tener luz? ¿O si no la pago me la cortan?”, plantea. “El peronismo clásico exacerbó siempre el rol del trabajador, mientras que Cristina Kirchner decía ‘Vamos a incluir a los que están afuera’. Esta inclusión acorta las distancias de la jerarquía social. El punitivismo vendría a ser de alguna forma un disciplinamiento social”, sostiene. Las propuestas de mano dura del gobierno no solo apuntan a correr de la agenda pública los resultados de su gestión económica. Le hablan al corazón de ese 30 por ciento de adherentes fieles, el tercio conservador liberal de la sociedad argentina, que históricamente ha estigmatizado y criminalizado el conflicto social. “Hay una pequeña distancia entre lo que es legítimo y lo que es legal. El ‘discurso legítimo’ pone al otro como ilegitímo. Lo que es ilegítimo está a un paso de ser ilegal”, explica Carlos de Angelis. Pone como ejemplo una frase que desnuda la mirada de las clases medias y altas sobre las mujeres de las clases populares: ‘Se embarazan para cobrar la Asignación Universal por Hijo’. Esta conducta implicaría una estafa al Estado. “Si se tiene en cuenta, además, que la Policía muchas veces no actúa contra el delincuente, por desidia o porque está en otros negocios, eso causa frustración y un sentimiento que se resume en la frase de que al delincuente hay que matarlo”, grafica el sociólogo. En medio de las penurias económicas que atraviesa la inmensa mayoría de la población, el gobierno de Mauricio Macri se vale de propuestas polémicas, que apelan a lo emocional, para mantener una centralidad en la agenda. Su votante respalda el enfoque punitivista sobre la seguridad, pese a su comprobada falta de eficacia para reducir el delito. Funcionarios y empresarios vinculados con el anterior gobierno sufren prisión preventiva, sin haber sido sometidos a juicio ni haber recibido condena. “Hay una clara connivencia entre el gobierno y el Poder Judicial a la hora de desacreditar opositores, incluyendo casos de presos políticos, como (la dirigente social) Milagro Sala”, dice a Apro el sociólogo Nahuel Sosa, director del Centro de Formación y Pensamiento Gènera. “También se judicializa la protesta, porque el modelo económico del Gobierno conlleva a un crecimiento del conflicto social. Surge esta idea de buscar un otro, un adversario, un enemigo interno, y ese enemigo es el piquetero (participante en bloqueos), el mapuche, el extranjero, es aquel que hace huelga, por ejemplo los docentes, que cobran por debajo de la inflación acumulada. Cada vez que hay un foco de conflicto genuino, el Gobierno estigmatiza la protesta”, explica. La estrategia oficialista de equiparar los doce años de kirchnerismo con la corrupción pierde peso, sin embargo, debido al enorme desprestigio de los funcionarios judiciales que llevan adelante los expedientes. Por otra parte, las imputaciones judiciales contra el presidente y varios de sus funcionarios incluyen el favorecimiento deliberado de sus propias empresas, el armado de una organización de espionaje paraoficial, la utilización de aportantes falsos para ocultar su financiamiento partidario. Aspiraciones La pregunta de la hora es cómo logra el gobierno que sectores empobrecidos, perjudicados por el desempleo y los tarifazos, voten a las élites. Los sociólogos buscan la respuesta en otro componente clave del discurso oficialista, el factor aspiracional, que opera a la perfección en la hiperfragmentada sociedad actual, en la que cada estrato tiende a admirar a aquellos estratos que percibe como superiores y a despreciar a los que supone inferiores. “Creo que hoy el voto ya no es solo económico, ya no se vota solo con el bolsillo, sino que el voto es cultural, es sentimental y se vota por deseos”, explica Nahuel Sosa. “Los gobiernos populares o progresistas del Siglo XXI en Latinoamérica lograron, mediante políticas públicas, que muchos sectores asciendan socialmente, y sin embargo esto no necesariamente implicó un cambio en las conciencias, una revolución cultural”, sostiene: “Muchos sectores que ascendieron socialmente adoptaron el viejo sentido común conservador de las élites y han votado opciones que van en contra de sus propios intereses.” Nahuel Sosa cree que Cambiemos tuvo la virtud de interpretar que aquellos que habían ascendido socialmente ahora buscaban satisfacer deseos que no necesariamente son materiales. “Creo sin embargo que el planteo que hace el oficialismo de progreso individual es una estafa, porque se basa en una idea de meritocracia que es falaz, porque no todos parten de la misma igualdad de oportunidades ni de patrimonio –dice–. Una virtud de la oposición sería demostrar que hay más oportunidades de desarrollarse individualmente si se lo hace en comunidad que en desmedro del otro”. “Las sociedades van perdiendo la capacidad de asociación: en otras épocas los partidos políticos, los sindicatos e incluso los clubes eran lugares ideológicos de contención”, analiza Carlos de Angelis. “Hoy somos mucho más individualizados que hace veinte o treinta años. Esto hace que todo sea más competitivo, más jungla, y que uno pueda ver al otro como un posible enemigo. Sobre todo si la competencia es por los recursos”. Obligado por el fracaso económico a una campaña que privilegia el componente ideológico, el gobierno culpabiliza a Cristina Kirchner y su “fiesta populista” de los males del presente y advierte que con su eventual retorno Argentina podría convertirse en “otra Venezuela”. Pero la satisfacción de las expectativas de su electorado en el plano ideológico, aunque no en el material, no le asegura el triunfo. “Hay un electorado de clase media, que le está yendo mal, que tiene un problema entre lo que cree y lo que ve y su experiencia personal”, sostiene Carlos de Angelis. “Sobre todo este último año. Cuando ve que su salario pierde tanto. Cuando le aumentan la luz y sin embargo siguen los cortes”, grafica. “Hay un sector del electorado de Cambiemos que está enojado con el gobierno, hay un electorado que está dispuesto a pensar otro voto”, afirma Nahuel Sosa. “Aquí no cuentan solo los hechos, sino su interpretación: a quién responsabiliza la gente por la crisis. Y está claro que el Gobierno, a pesar de que ya lleva más de tres años, va a insistir en que la inestabilidad de la crisis la genera el kirchnerismo”, explica.