CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- En enero de 2017, la Aduana de Tijuana identificó una importación de textiles de origen chino destinada a una empresa radicada en esa ciudad de Baja California, fronteriza con EU, y que incumplía con la norma de etiquetado de mercancías. La Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) descubrió que el cargamento estaba rotulado a nombre de otras personas morales, aparentemente ajenos a la operación comercial. Cuando posteriormente el caso pasó a la jurisdicción de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), esa pesquisa arrojó que se trataba de un grupo empresarial del sector textil, involucrado en contrabando de ese tipo de mercancías y que incurrió en el esquema llamado “carrusel”, practicado para efectuar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Asimismo, cometió lavado de dinero mediante el intercambio internacional, una modalidad cada vez más recurrente para legalizar fondos irregulares. Un sumario de la investigación, consultado por Apro, revela que la UIF halló a dos empresas involucradas que incurrieron en omisiones por 506 millones de pesos. Además, los investigadores situaron a un grupo en Tijuana que aglutina a 14 compañías y a otro en Torreón, con 11 sociedades, todas relacionadas con el importador. La Unidad identificó a 12 importadores, de los cuales dos son empresas que facturan operaciones simuladas (EFOs). El grupo recibió recursos de seis EFOs por 171 millones 159 mil 640 pesos y de cinco empresas que deducen impuestos mediante operaciones simuladas (EDOs) por 405 millones 425 mil 167 pesos. Así, los involucrados movieron millones de pesos. El importador recibió también 15 millones 683 mil 368 pesos de una EFO y envió transferencias internacionales por 3 millones 66 mil 560 pesos y 3 millones 157 mil 321 dólares, principalmente a China. De las 25 empresas, 14 se encuentran vinculadas por la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) que requiere el SAT mediante operaciones por 991 millones 474 mil 456 pesos y por 279 millones 168 mil 259 trasladados con el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). Las empresas vendedoras se vinculan con la principal distribuidora por operaciones financieras mediante SPEI que totalizan 512 millones 22 mil 617 pesos. Otro canal desenterrado por la UIF es la creación y uso de sociedades financieras de objeto múltiple (SOFOM) para mover el dinero. En este caso, la Unidad identificó que éstas simularon operaciones, pues no fondearon a las proveedoras de las empresas deudoras para posteriormente recibir el pago. La dependencia no halló esos flujos. Las SOFOM en cuestión recibieron mil 172 millones 798 mil 5 pesos y transfirieron mil 707 millones 907 mil 913. Además, la UIF localizó 74 contribuyentes que podrían catalogarse como EFOs. Inteligencia financiera detectó que las empresas operaron montos superiores a los declarados al fisco realizaron transferencias internacionales – principalmente a China, Hong Kong y Estados Unidos–, sin que comerciaran con esos países y los proveedores mercantiles y los beneficiarios de los recursos no se relacionan comercialmente. Además, descubrieron triangulación de recursos entre las empresas fachada, que comparten accionistas y quienes son familiares entre sí y fungen como prestanombres. Este caso grafica las condiciones del lavado de dinero mediante el comercio internacional y del cual México es uno de los principales protagonistas mundiales, sin que el gobierno pueda frenar ese flujo. Problema crónico Datos del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica dan cuenta que las exportaciones sobrevaluadas de México hacia Estados Unidos suman 9 mil 125 millones 772 mil dólares y las importaciones subvaluadas, 18 mil 739 millones 179 mil, en el caso más cuantioso en América Latina. La ruta contraria, de Estados Unidos hacia América Latina, también presenta montos millonarios. La nación norteamericana destina a México 12 mil 94 millones 738 mil dólares en exportaciones sobrevaluadas y capta 10 mil 87 millones 791 mil en importaciones subvaluadas. Argentina, Brasil, Colombia y Chile exhiben también cifras cuantiosas en la manipulación de cotizaciones comerciales, mayoritariamente en operaciones con China y Estados Unidos. Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organismo de Naciones Unidas, indican que México presenta el mayor nivel regional de flujo externo por mala facturación comercial, equivalente a 48 mil millones de dólares o casi 50 por ciento del monto latinoamericano en 2013. En promedio anual, esa práctica creció 9 por ciento. Entre 2004 y 2013, la salida de fondos ilícitos, derivados de manipulación de precios comerciales, representó 1.8 del Producto Interno Bruto y 3 por ciento del comercio exterior regionales. En 2006, el Grupo de Acción Financiera Internacional, organización intergubernamental creada en 1989 para diseñar políticas contra el lavado de dinero, incluyó el lavado a través de transacciones comerciales dentro de los tres métodos utilizados por bandas criminales para mover el dinero, disfrazar su origen y retornarlo a la economía formal, junto con el uso del sistema financiero y las transferencias electrónicas. Para Channing Mavrellis, analista de Crimen Transnacional de Integridad Financiera Global (GFI en inglés) –centro de estudios con sede en Washington, D.C.–, los volúmenes masivos del comercio internacional dificultan el descubrimiento de flujos ilegales, sumado a la asimetría de información entre una nación y otra. “La actividad ha funcionado durante mucho tiempo. Los esfuerzos se enfocan en el sistema financiero formal, pero puede ser muy difícil descubrir el flujo. Se trata de volúmenes masivos de dinero y hay subregistro en las cifras. El lavado es extremadamente crítico para el funcionamiento del crimen transnacional, pues permite que esos grupos funcionen. Ese dinero se reinvierte en las actividades criminales y es lo que merece atención”, explica Mavrellis, vía telefónica, a Apro. El estudio de enero último Flujos financieros ilícitos hacia y desde 148 países en desarrollo 2006-2015, elaborado por GFI, sitúa a México entre los 30 mayores flujos de recursos ilícitos comerciales, con un monto de 42 mil millones de dólares que salieron del país en ese periodo. “Los flujos financieros ilícitos vinculados al comercio parecen ser significativos y persistentes en el intercambio de países en desarrollo con las economías avanzadas”, cita el análisis. Desde la década pasada, la Red de Combate a Crímenes Financieros del Departamento estadunidense del Tesoro (FinCEN, en inglés) alertó del crecimiento del fenómeno en volumen y alcance global, incluyendo a México, sin que la situación mejorara ostensiblemente. En febrero de 2010, FinCEN emitió una alerta sobre lavado de dinero mediante comercio internacional a partir de la experiencia relacionada con el intercambio con América Central y del Sur, y en la cual advirtió que el reporte de actividades sospechosas mostraba inconsistencias y retrasos en su registro. En su informe anual sobre lavado de dinero y crímenes financieros de 2016, el Departamento de Estado (DE) señaló la aparición de indicios preocupantes en México y otros 30 países y territorios por el lavado de dinero mediante el comercio internacional. “Las autoridades mexicanas han tenido algún éxito en investigar y bloquear cuentas de presuntos lavadores de dinero y otros actores ilícitos, pero han mostrado progreso extremadamente limitado en perseguir exitosamente el lavado y otros crímenes financieros”, acusó, por su parte, el Reporte Internacional sobre la Estrategia de Control de Narcóticos 2019, divulgado por la Oficina Internacional de Narcóticos y Asuntos de Procuración de Justicia del DE en marzo último. Para el Instituto Internacional de Siracusa para la Justicia Criminal y Derechos Humanos, basado en la ciudad italiana homónima, el lavado de activos a través del intercambio constituye uno de los retos actuales más significativos en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el comercio ilícito. “Grupos criminales organizados están usando crecientemente el comercio transfronterizo para transformar las ganancias de sus actividades ilícitas en ingresos aparentemente legítimos”, alerta la organización, a consulta de apro. Senda espinosa México enfrenta una ruta empinada para combatir el fenómeno, especialmente luego de que en noviembre de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que es inconstitucional el congelamiento de cuentas de personas físicas y morales bajo investigación por lavado de dinero. Vía Twitter, Santiago Nieto, director de la UIF, informó el 24 de abril que esa dependencia mantiene congelados más de 3 mil 400 millones de pesos y 37 millones de dólares por presunto lavado de dinero, cifras irrisorias en comparación con la magnitud conocida de la actividad criminal. En el caso de Tijuana, la UIF bloqueó cuentas de 20 personas morales y 18 individuos a quienes denunció ante la Procuraduría General de la República, hoy transformada en fiscalía general, por contrabando de telas y utilización de recursos de procedencia ilícita. Mavrellis pide mayor énfasis en la inteligencia financiera, para rastrear y desactivar el dinero; mejor recolección de datos comerciales, mayor cooperación internacional e intercambio de información en tiempo real. “La mayoría de países tienen las herramientas para combatir el lavado, pero muchas veces se concentran en una sola actividad a combatir y no en la inteligencia financiera. El enfoque recae en el decomiso de productos y detenciones de personas, pero no se siguen los movimientos financieros, transferencias electrónicas, cambio de divisas. Mientras se permita que el dinero regrese a las organizaciones criminales, esa actividad continuará. Perseguir penalmente a los lavadores es muy importante”, cuestiona. México asumió voluntariamente el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por Naciones Unidas como base de la Agenda 2030 a alcanzar en ese año y que dentro del objetivo 16 plantea la reducción significativa los flujos financieros ilícitos. Desde 2008 México cuenta con una Unidad de Transparencia Comercial, que países como Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay también instituyeron, en una red compartida con Estados Unidos. El Instituto Internacional de Siracusa critica que, a pesar de ser añejo, el lavado mediante el comercio, no ha recibido el mismo nivel de discusión y acciones, a diferencia de otros métodos de lavado de dinero, lo cual ha favorecido su florecimiento. “Se necesita un extremadamente alto nivel de coordinación entre aduanas, ministerios de comercio, unidades de inteligencia financiera, autoridades fiscales, procuradores y agencias policíacas”, sugiere. Junto con otras organizaciones, el instituto busca establecer recomendaciones internacionales sobre lavado de dinero mediante operaciones comerciales que guíen a los gobiernos sobre cómo reforzar sus sistemas para prevenir su explotación por el crimen organizado.