VALPARAÍSO, Chile (apro).- El presidente Sebastián Piñera Echeñique y su primo el hora exministro de Interior, Andrés Chadwick Piñera, serán investigados por la Justicia en relación con la responsabilidad que puedan tener en los crímenes cometidos por agentes del Estado en el contexto de “Estado de Emergencia”, decretado el 18 de octubre, cuando estalló la protesta social originada por el alza del pasaje del Metro de Santiago. En este contexto de movilización y represión han muerto al menos 23 personas; cuatro mil 316 han sido detenidas, mientras que los Esteban Felixheridos en hospitales son mil 574, según informó este domingo 3 el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). No obstante, este lunes la corporación autónoma del Estado reconoció que los heridos podrían ser el doble de los señalados, dado que muchos de ellos no han acudido a centros asistenciales por temor a ser detenidos. La querella de Roxana Miranda La primera acción judicial fue interpuesta el viernes 1, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, por la dirigente social Roxana Miranda y la abogada de derechos Humanos, Mónica Araya Flores. Esta presentación, que contó con el patrocinio del abogado Rubén Jerez Atenas, se relaciona con la Ley N° 20.357 que tipifica los delitos de lesa humanidad y apunta directamente contra Piñera y Chadwick. El principal delito que se le imputa a Piñera y Chadwick son los asesinatos de cinco personas a manos de Fuerzas Armadas y Carabineros. Se trata de Romario Veloz, Alex Núñez, Kevin Gómez, Manuel Rebolledo y José Miguel Uribe.

“El ataque generalizado de los querellados en contra de la población civil -señala el líbelo- se materializó con un estado de excepción de hecho, en donde ordenaron a las Fuerzas Armadas su ingreso a las calles para reprimir la protesta social, esgrimiendo normas legales inexistentes, como el artículo 5 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción Constitucional, que se remite al artículo 41 inciso primero N° 6 de la Constitución precepto que no se encuentra en ella”.

Más adelante se indica que “frente a la protesta social, el gobierno dirigido por los imputados y con el aval del general director de Carabineros, Mario Rozas, lanzó, en contra de la población, una estrategia de guerra psicológica, basada en el miedo, para deslegitimar las demandas populares”. Entre los hechos que justifican esta aseveración se cita la concentración de fuerzas militares y policiales “en los lugares icónicos de la manifestación social en Santiago, como la plaza Italia o Baquedano, con el desplazamiento de tanquetas con armamento de guerra”. También el que amplias zonas de Santiago hayan sido “liberadas a la delincuencia”, con el supuesto fin de “asimilar, en el inconsciente colectivo, la protesta legítima a actos delictivos o vandálicos”, como acusaron las querellantes. También se destaca en la presentación judicial el hecho que Piñera haya expresado “siguiendo el libreto del terror”, que “estaba en guerra”, como sostuvo el 21 de octubre. Posteriormente se afirma -en la citada querella- que “el ataque a la población se acentuó con episodios de tortura, violación y abusos sexuales de agentes del estado en contra de los partícipes en la protesta social, en un ambiente de detenciones masivas de manifestantes”. Cabe destacar que la querellante Roxana Miranda es una activa dirigente de deudores habitaciones. En 2013 se hizo nacionalmente famosa al presentarse como candidata presidencial, en elección que finalmente fue ganada por la socialista Michelle Bachelet. Segunda querella Este lunes 4 de noviembre, una nueva querella contra el mandatario fue presentada por la Defensoría Popular, el Comité de Defensa de Pueblo Hermanos Vergara Toledo y la Cooperativa Jurídica en contra de presidente chileno, debido a los “ataques sistemáticos en contra de la población civil”, durante estas semanas de protestas. Tras presentar su escrito, los abogados patrocinantes -entre los que destacaban María Rivera y Nelson Miranda- comunicaron a los medios reunidos en el Centro de Justicia de Santiago, los fundamentos de su presentación.

Señalaron que las eventuales violaciones a los derechos humanos que ellos persiguen “estuvieron enmarcadas en un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, que ha salido a las calles durante estas dos últimas semanas, exigiendo cambios estructurales a las políticas neoliberales afianzadas por la Concertación (de Partidos por la Democracia) y la Derecha durante casi 30 años”.

Los denunciantes destacaron “la enorme cantidad de delitos en contra de niñas, niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y en general en contra de toda la población”. Afirmaron que estos delitos “han sido cometidos por parte de órganos del Estado (policías y militares) y son constitutivos de violaciones de derechos humanos, dentro de los cuales se incluyen asesinatos, detenciones ilegales, torturas físicas, sicológicas y sexuales, detenciones selectivas, disparos a manifestantes, mutilaciones oculares, entre otros”. En relación con la responsabilidad del presidente de la República y las diferentes autoridades policiales y militares, expresaron: “lejos de controlar y condenar el alto número de atentados a la población civil, han declarado públicamente su respaldo y felicitado el actuar de las fuerzas miliares, y de orden y seguridad en los medios de comunicación nacional”. Es por todo lo anterior que las tres organizaciones que presentaron la mencionada querella criminal, piden “que se investiguen los hechos descritos” y que “se determine la responsabilidad del presidente Sebastián Piñera, como autor del delito de Lesa Humanidad”. La advertencia de Garzón Piñera no sólo debe temer por las acciones judiciales que se realizan en Chile. También debe estar atento por lo que ocurra en materia de derecho internacional de derechos humanos. En este sentido hay que mencionar que el 24 de octubre el exjuez Baltazar Garzón, escribió una carta abierta a Sebastián Piñera en la que advierte que “las violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo y los crímenes perpetrados en contra de la población civil, esta vez no quedarán en la impunidad, porque, además de la Fiscalía de Chile y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, existe la Jurisdicción Universal, existe la Corte Penal Internacional, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y una comunidad internacional atenta y vigilante, que no permitirá que en Chile se vuelvan a repetir los horrores del pasado”. Hay que recordar que en octubre de 1998 el entonces juez de la Audiencia Nacional de España, ordenó la detención del dictador chileno Augusto Pinochet, que se encontraba en Londres. Esto, por su implicación en delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas ocurridos en Chile durante la dictadura militar (1973-1990). Esta detención, que se prolongó entre el 16 de octubre de 1998 y el 2 de marzo de 2000, marcaría por siempre el desarrollo de las causas de derechos humanos en Chile. Esto ocurrió porque, tras volver a Chile, se iniciaron cientos de causas judiciales contra Pinochet y otros criminales de la dictadura, que pese a la tardanza han continuado avanzando hasta ahora, y han implicado una severa derrota a la otrora campante impunidad en materia de derechos humanos.