MONTREAL, Canadá (apro).- La Coalición Futuro de Quebec (CAQ) gobierna esta provincia canadiense desde octubre de 2018. Los resultados en las urnas le aseguraron el control mayoritario del parlamento. En poco más de un año el primer ministro François Legault ha llevado a cabo algunas de sus principales promesas de campaña. Por ejemplo, la Ley de Laicidad, cuyo aspecto central es la prohibición a funcionarios públicos (como jueces, personal penitenciario, profesores y directores de primaria) de portar símbolos religiosos en horarios de trabajo. Otra más ha sido aumentar la edad de compra y consumo de cannabis: 21 años en vez de los 18 estipulados el día de la legalización de la hierba con fines recreativos. Sin embargo, Legault y los diputados de la CAQ han sufrido reveses en sus planes de modificar lineamientos relacionados con la inmigración de trabajadores. Quebec es la única provincia canadiense que tiene autonomía en la selección de inmigrantes económicos; tanto los refugiados como las reagrupaciones familiares en suelo quebequense siguen siendo competencia del gobierno federal. Desde los días de la campaña electoral, Legault señaló que Quebec requiere menos inmigrantes de los que recibe anualmente. A su vez, manifestó que, con el fin de que se integren mejor a esta sociedad y en vista de necesidades específicas de la economía, iba a privilegiar candidaturas por medio de criterios más estrictos. Cámaras empresariales, políticos de oposición y universidades reaccionaron con vigor a los planes del primer ministro, ya que los consideran producto de la improvisación y con una visión que minimiza distintos elementos de la inmigración en la sociedad. “El gobierno de Legault está enfocado en una perspectiva utilitarista. La economía prima al momento de hablar de los inmigrantes. La frialdad que mostró al querer cambiar las cosas de un golpe produjo sin sorpresas un malestar muy importante”, señala Rachad Antonious, profesor de sociología en la Universidad de Quebec en Montreal. Cabe señalar que Legault ha empleado con frecuencia un discurso nacionalista. La CAQ se disocia de cualquier proyecto de independencia, pero sostiene que la identidad quebequense es un aspecto toral de su programa político. Dicha postura se ha colado también en las visiones de este partido respecto a la inmigración, en términos de valores y de defensa de la lengua francesa. Valores quebequenses El pasado septiembre entró en vigor la Ley de Laicidad, iniciativa de la CAQ. Según las encuestas, 65% de los quebequenses simpatizan con este marco que prohíbe portar símbolos religiosos en centros de trabajo. Sin embargo, diversos colectivos subrayan que es un ataque directo a las minorías, especialmente a las mujeres musulmanas que portan velo, quienes de por sí tienen problemas para encontrar empleo en Quebec. Varios afectados llegaron a los tribunales, aunque Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, aún no ha precisado si brindará su apoyo en virtud de la Carta canadiense de derechos y libertades. Por su parte, Legault ha manifestado que la provincia de Quebec tiene la facultad de blindarse ante las demandas judiciales. El 30 de octubre, el gobierno de Quebec anunció, dentro de su Plan de Inmigración 2020, que los trabajadores que deseen residir permanentemente en la provincia deberán presentar, desde el 1 de enero, un examen de “valores democráticos y nacionales”. Los solicitantes deberán aprobar la prueba con una calificación mínima de 70%. “Somos una nación, somos una sociedad distinta. Tenemos nuestros propios valores”, declaró Legault. El examen contendrá preguntas de opción múltiple sobre la igualdad entre hombres y mujeres, la laicidad y el estatus de la lengua francesa. También los extranjeros que ya tengan un permiso de trabajo temporal en Quebec deberán pasar esta prueba. “Hay que reflexionar si existe un problema de comunicación por parte del gobierno de la CAQ o si es una estrategia para agradar a su base electoral. El gobierno habla de un examen de valores, cuando en realidad es una prueba de conocimientos sobre las leyes. Esto abre la puerta a suposiciones de carácter étnico”, comenta Antonious. Legault ha manifestado que no se trata de discriminar a personas de países específicos, sino de asegurarse de una convivencia regida por estos valores en suelo quebequense, además de dejar en claro que la lengua oficial es el francés. El examen de “valores democráticos y nacionales” y la prioridad acordada a la lengua francesa hacia los inmigrantes en Quebec han generado debate en tribunas periodísticas y corrillos políticos de Canadá. Esto obedece a que chocan con los principios del multiculturalismo y del bilingüismo. No obstante, el primer ministro Trudeau ha señalado que respeta las competencias que tiene Quebec. Reducción de inmigrantes y nuevos criterios Simon Jolin-Barrette, un diputado de la CAQ de 32 años, ha sido uno de los protagonistas de estos temas. Ministro de Inmigración de Quebec y responsable oficial de la defensa de la lengua francesa, ha señalado en distintos momentos que su gobierno desea “reparar el sistema de inmigración”. En su primer año en el poder, la CAQ redujo el número de recién llegados: de 50 mil a 40 mil, tal y como lo prometió en campaña. No obstante, en 2020 arribarán a Quebec (la segunda provincia más poblada del país) unas 44 mil personas, pero los grupos empresariales señalan que deberían ser alrededor de 60 mil. En febrero, dentro de los planes de reforma, Jolin-Barrette anunció que su gobierno eliminaría unas 18 mil solicitudes del Programa Regular para Trabajadores Calificados para obtener el Certificado de selección de Quebec (un paso fundamental para lograr la residencia permanente canadiense). La intención era que los interesados las volvieran a presentar, partiendo de cero, de acuerdo a nuevos criterios. La medida afectaría a unas 50 mil personas, ya que incluía a hijos y cónyuges de los candidatos. Sin embargo, un juez de la Suprema Corte de Quebec anuló la disposición del gobierno de Legault. El Plan de Inmigración 2020, presentado el pasado 30 de octubre, incluía también modificaciones mayores al Programa de la Experiencia Quebequense, el cual permite a estudiantes universitarios de posgrado y a trabajadores temporales ya afincados en la provincia obtener el Certificado de Selección de Quebec de forma acelerada. Desde el viernes 1 sólo se ofrecería a personas en campos de formación o con experiencias profesionales consideradas prioritarias por el gobierno. Sonadas críticas Las reacciones no demoraron. Diversos centros de enseñanza subrayaron que un importante número de candidatos sería descartado por los nuevos criterios, teniendo con ello un impacto en el reclutamiento de alumnos de varios puntos del orbe. El martes 5, un grupo de estudiantes extranjeros afectados por la medida realizó una visita al Parlamento provincial. La diputada liberal Monsef Derraji declaró en la sesión parlamentaria para respaldar a los estudiantes: “Logramos que se sintieran atraídos por Quebec, gracias a la publicidad, en Europa, África, Asia, América Latina. Se formaron en nuestra provincia, hablan nuestra lengua, comparten nuestros valores”. Un día después, tras la lluvia de presiones, Jolin-Barrette declaró que los estudiantes y trabajadores temporales cuyas candidaturas habían sido entregadas antes del viernes 1 gozarían de una cláusula de derechos adquiridos, para que el Plan de Inmigración 2020 no se aplicara a ellos. Sin embargo, precisó que no se harían otras excepciones. Cabe señalar que en 2018 unas 10 mil 700 personas obtuvieron el Certificado de Selección de Quebec gracias al Programa de la Experiencia Quebequense. Pese a la cláusula otorgada, los estudiantes no bajaron la voz; tampoco las autoridades universitarias. Guy Breton, rector de la Universidad de Montreal, declaró a la cadena LCN: “No pongo en duda que sea pertinente enfocarnos en necesidades laborales agudas, pero me opongo al hecho de excluir las demás de golpe. Tengamos una perspectiva positiva”. La Cámara de Comercio de Montreal y la Asociación de Manufactureros y Exportadores de Quebec pidieron que el programa volviera a sus lineamientos anteriores. Yves-Thomas Dorval, presidente del Consejo Patronal de Quebec, escribió lo siguiente en una carta abierta: “Pensamos que imponer nuevas reglas a los inmigrantes que actualmente cursan estudios o que trabajan, y que quieren permanecer en Quebec para laborar, es una mala solución”. Legault respondió a los señalamientos. Primero acusó a los grupos empresariales –sobre todo a la Cámara de Comercio de Montreal– de querer más inmigrantes para beneficiarse de mano de obra barata; después realizó una declaración muy criticada. Dijo que contaba con el apoyo de la población. Prueba de ello era que “si ustedes revisan mi página en Facebook, yo diría que un 90% de las personas está de acuerdo con lo que hacemos”. En esos días de tensión, Radio Canadá publicó información sobre la lista de diplomas y experiencias de trabajo consideradas prioritarias para el gobierno de la CAQ en las nuevas modalidades del Programa de la Experiencia Quebequense. La fisioterapia y la arquitectura, entre otras profesiones, figuraban en el documento. Sin embargo, también aparecía una licenciatura en ciencias domésticas (que se dejó de ofrecer en dos universidades quebequenses a mediados del siglo XX) y un diploma en modelaje, formación que tampoco está ya disponible en Quebec. El viernes 8 el gobierno de la CAQ anunció la suspensión de las reformas al Programa de la Experiencia Quebequense. “La lista sobre las formaciones y los empleos que más se requieren será revisada en colaboración con todos los actores implicados”, declaró Jolin-Barrette. Ese mismo día, Michel Leblanc, presidente de la Cámara de Comercio de Montreal, expresó en un comunicado: “La decisión del primer ministro Legault, respecto a la suspensión de la reforma al Programa de la Experiencia Quebequense, es la buena decisión de acuerdo a las circunstancias”. Legault y los diputados de la CAQ han sufrido una derrota de envergadura en un tema sensible que requiere consensos.