VALPARAÍSO (apro).- La huelga nacional del martes 12, que tenía como propósito obligar al gobierno del presidente Sebastián Piñera a convocar a un plebiscito que abra paso a una nueva constitución, resultó todo un éxito de convocatoria; y exhibió de manera rotunda la extrema debilidad gubernamental. No obstante, la jornada -organizada por sindicatos y organizaciones sociales agrupadas en torno a la Mesa de Unidad Social- fue una de las más violentas desde que comenzó el estallido social –18 de octubre- y derivó en numerosos saqueos, incendios, ataques a cuarteles de carabineros y regimientos, y a oficinas gubernamentales. La adhesión de los trabajadores portuarios a la jornada de protesta resultó llamativa, puesto que lograron paralizar varias de las principales terminales marítimas del país, como Valparaíso, Arica y Coquimbo, entre otras. En el sector educación la huelga fue casi total, siendo muy fuerte también en el área de la salud, comercio, transporte, agroindustria y minería, pesca, entre otros rubros. Al hacer un balance de esta movilización, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Bárbara Figueroa, destacó que fueron 2 millones de personas movilizadas en el país, en una paralización a la que habría adherido un 90% del sector público y sobre un 60% del sector privado, según aseguró. “Esta movilización de hoy, que busca ser un ultimátum al gobierno, es clara y precisa en señalar que no queremos Congreso Constituyente, y que nuestra apuesta es construir una nueva Constitución vía Asamblea Constituyente”, explicó Figueroa. La dirigente de la CUT dijo esto en alusión al hecho que el Ejecutivo anunció la noche del domingo 10 -a través del ministro de Interior Gonzalo Blumel- que estaba dispuesto a avanzar en una nueva constitución. Sin embargo, deslizó sin aclararlo bien, que entregaría esta tarea al Congreso Nacional, ente que goza de históricos niveles de desprestigio. En encuentro con los medios de comunicación -verificado el martes por la tarde, en la sede de la CUT (Santiago Centro)- también tomó la palabra el dirigente de la Confederación de Trabajadores Bancarios, Luis Mesina. Este líder sindical expresó que, si el gobierno no facilita cambios a la constitución, como Unidad Social evaluarían “la convocatoria a una huelga general indefinida que haga posible efectivamente la restitución del derecho fundamental más grande que es la paz”. Furia ciudadana Junto a las masivas manifestaciones, que en Santiago volvieron a copar la Alameda y Plaza Italia, la jornada de huelga se caracterizó por los innumerables episodios de violencia, protagonizados tanto por fuerzas policiales como por manifestantes. Los hechos partieron el lunes 11, cuando habitantes de la emblemática población Lo Hermida, de la comuna de Peñalolén (oriente de Santiago) realizaron una toma de terrenos de la viña Cousiño Macul. Tras estos hechos, efectivos de carabineros de una subcomisaria que se encuentra ubicada al interior de dicho viñedo, realizaron una feroz persecución y represión contra los pobladores. Una golpiza propinada por carabineros contra un civil, se viralizó en redes sociales predisponiendo los ánimos de una población que está hastiada no sólo de los abusos del sistema neoliberal, sino que con el constante maltrato de carabineros, que no repara en atacar niñas, niños y ancianos. En repuesta a la violencia policial, unos 600 pobladores de Lo Hermida arremetieron contra la señalada subcomisaría. Lo hicieron equipados con piedras, bombas molotov, hondas y armas de fuego. Ocho carabineros y numerosos protestantes resultaron heridos. La mañana del martes 12 amaneció con muchísimos caminos cerrados, en numerosas ciudades y carreteras de todo el país. Los trabajadores fiscales se sumaron en masa al paro nacional y desfilaron por la Alameda junto a los otros gremios movilizados y los infaltables estudiantes, los reales protagonistas de la revolución ciudadana que recorre el país. Cientos de miles marcharon por la Alameda de Santiago; y otros tantos por las otras ciudades del país. Aunque hasta medio día las expresiones de protestas fueron mayoritariamente pacíficas, en la tarde estas fueron combinándose con todo tipo de eventos violentos. Según información proporcionada por el General Enrique Monras, jefe de Zona Oeste de Carabineros, como resultado de un atropello en la minera ciudad de Calama (Región de Antofagasta), murió un manifestante. Se registraron saqueos a 95 locales comerciales, en su mayoría a supermercados; 19 cuarteles de carabineros fueron atacados, once de ellos en la capital; y 340 efectivos policiales resultaron heridos. Pero el martes 12 será recordado, sin duda, por el ataque de manifestantes al Regimiento de Ingenieros “Tejas Verdes”, del Ejército, el que resultó parcialmente incendiado. Luego del golpe militar de septiembre de 1973, Tejas Verdes fue uno de los mayores centros de tortura del país. Allí tuvo su base de operaciones el sádico coronel Manuel Contreras, fundador de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) quien se convertiría en el brazo derecho del dictador Augusto Pinochet. Resultó llamativo que los militares se replegaran y no respondieran a la embestida de los manifestantes. Estos eran en su mayoría jóvenes y, con certeza, muchos de ellos eran descendientes de personas torturadas en ese lugar. También fue incendiado el edificio de la gobernación de Concepción (Región del Bío  Bío), en pleno cetro de esta ciudad; Los supermercados Líder (Walmart) de Arica -extremo norte del país- y Santa Isabel de Viña del Mar, también resultaron saqueados y posteriormente incendiados. Uno de los siniestros más lamentables en términos patrimoniales, fue el de la Iglesia de la Veracruz, en barrio Lastarria, de Santiago. En redes sociales se ha adjudicado la autoría de este incendio a un carabinero vestido civil, infiltrado en las manifestaciones, sin que hasta el momento haya sido confirmado tal señalamiento. Tal era el descontrol de la seguridad pública al anochecer, que a tres cuadras de La Moneda se producían numerosos saqueos de tiendas comerciales. En el sector de Plaza Italia -donde se concentran las más grandes manifestaciones- se quemaba el hotel Príncipe de Asturias, mientras que la embajada de Argentina fue apedreada e intentada invadir, por largo rato, estando en su interior el embajador José Octavio Bordón, quien por Twitter pedía ayuda sin que nadie del Estado de Chile se apersonara a brindarle seguridad. A las 21 horas, cuando Santiago era una ciudad en llamas, con la mayoría de sus principales avenidas cortadas por barricadas ante una policía completamente superada, el presidente Piñera volvió a La Moneda de la que se había retirado a las 19 horas. Allí arribó también el ministro de Defensa Alberto Espina, señal que claramente sugería que nuevamente se decretaría el estado de emergencia, tal como ocurrió el sábado 19, un día después del inicio de la revuelta social que sacude al país. No obstante, después de poco más de una hora de deliberaciones y conversaciones telefónicas, Piñera emitió una cadena nacional de radio y televisión en la que insistió -como ha hecho desde que partió la crisis- en la necesidad que todas las fuerzas políticas condenen la violencia, mediante la firma de un “acuerdo por la paz”. Además, reafirmó su propósito de hacer aprobar en el Congreso Nacional la “agenda social” que su gobierno impulsa, mediante la suscripción de un “acuerdo por la justicia”. Y, en tercer lugar, expresó su intención de concretar el cambio de Constitución requerido por la ciudadanía, pero circunscribiendo esta tarea a las instituciones ya constituidas. Junto con lo anterior, anunció que el gobierno se querellaría por la Ley de Seguridad Interior del Estado contra quienes resulten responsables de los hechos de violencia verificados en este martes 12; y que llamaría a reintegrarse a carabineros, a efectivos en retiro. La gran duda que quedó en relación tras esta alocución presidencial es con relación al hecho que Piñera no haya decretado el Estado de Emergencia. Una de las versiones más verosímiles, apunta a que el alto mando del ejército se habría negado a involucrarse en tareas de orden interno, que inevitablemente hubieran terminado con más muertes de civiles (van más de 20 muertes desde iniciada la crisis). Es lo que sugirió el senador democratacristiano Francisco Huenchumilla, en el programa Última Mirada, de Chilevisión, emitido cerca de la medianoche del martes. Como sea, la situación de Piñera al mando del país pende de un hilo. Esto, no sólo por la caótica situación del orden público, sino que también porque al interior de las filas oficialistas, ya se comienza a quitar el piso ante la evidente falta de manejo que ha tenido en esta crisis.